Opinión | Un Ministerio de Justicia

En los últimos años se ha dado la saludable discusión respecto a la pertinencia de la creación de un Ministerio de Justicia.

Algunas objeciones respecto a esa pertinencia afloran por el pasado reciente, ya que durante la dictadura existió una figura institucional similar. Ciertamente la responsable de las indebidas injerencias que en aquel momento ocurrieron no le son atribuibles al diseño institucional, sino que el mal uso del poder respondió a los soportes de la institucionalidad estatal.

La creación de un Ministerio de Justicia, que debería darse en el marco de un proceso de reorganización de cometidos ministeriales, representaría una mejora en el abordaje de algunos asuntos que son centrales en la vida de la República.

Una primera ventaja la representa su propia existencia, y con ella la figura de un interlocutor dentro del Poder Ejecutivo que tenga la especificidad en el abordaje de la política pública de justicia y que pueda intercambiar tanto con el resto de los poderes como con los distintos operadores del sistema y la academia.

El Ministerio de Justicia generaría un liderazgo de opinión y acción en materia de políticas de justicia que resultaría útil para brindar orden y estrategia en el diseño de una política clave en cualquier sociedad moderna.

Modalidades de ministerios de Justicia existen en numerosos países de la región, con variantes en el cúmulo de funciones y tareas.

Por ejemplo en Colombia, el “Ministerio de Justicia y del Derecho” tiene como funciones: “formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, drogas, acceso a la justicia formal y alternativa, lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a los derechos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo. El Ministerio de Justicia y del Derecho coordinará las relaciones entre la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial, el Ministerio Público, los organismos de control y demás entidades públicas y privadas, para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho”.

En el caso de Uruguay no necesariamente tendría que absorber tantos cometidos. De hecho, una segunda ventaja de la creación de este ministerio estaría configurada por un rediseño y reagrupamiento de funciones y cometidos hoy desperdigados en distintos extremos del sistema.

Mucho se ha hablado sobre la necesidad que el Instituto Nacional de Rehabilitación gane autonomía y se transforme en un Servicio Descentralizado. La conexión orgánica podría hacerse con este nuevo ministerio o directamente estar integrando en el organigrama de la nueva cartera.

Hay relativo consenso en que “cárceles” debe salir de la órbita del Ministerio del interior, cuyo foco principal suele instalarse en la función preventiva y eventualmente represiva, y que la función de rehabilitación se “independice”. Esta sería una especial misión que debería asumir un Ministerio de Justicia.

Del mismo modo podrían pasar a la influencia del nuevo ministerio las unidades que hoy están dentro del Ministerio de Educación y Cultura como los Registros y Autoridad Central.

También la Fiscalía General de la Nación debería tener su vínculo con el Poder Ejecutivo mediante este ministerio, como así también la Defensoría Pública.

Debe quedar claro que nadie plantea ninguna modificación respecto a las funciones jurisdiccionales ni intervención en ellas de clase alguna. Existen garantías de diseño constitucional que no se ven afectadas por la creación de una figura como la propuesta.

Otra ventaja que tendría la nueva orgánica es que permitiría un monitoreo, seguimiento e impulso de determinados temas que por su especificidad suelen quedar librados a iniciativas de los grupos de interés. Al existir una figura que, como ya dijimos, pueda liderar la discusión pública con autoridad y legitimidad, se podrían encarar asuntos con perspectiva sistémica y de largo plazo.

Considero que la creación de un Ministerio de Justicia representa ciertas ventajas institucionales que son más fuertes que las posibles objeciones. Permitiría un abordaje sistémico que el país necesita.