Opinión | Un Gobierno que necesita un pasaporte hacia la transparencia

Estamos en una crisis política de Gobierno sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. Dos cúpulas ministeriales y el asesor principal del presidente definieron destruir documentos públicos con el fin de obstruir una investigación judicial y mentir de manera descarada a la ciudadanía y al Parlamento nacional.

Hagamos memoria sobre el hecho en sí. A mediados del 2021 el narcotraficante Sebastián Marset huye de Paraguay con destino a Emiratos Árabes, ya que sabía que estaba siendo investigado por la policía paraguaya con la colaboración de la policía uruguaya. Al ingresar a Emiratos Árabes es detenido porque utilizaba un pasaporte falso de origen paraguayo. Debido a ello, encomienda a su abogado la gestión del pasaporte uruguayo con el objetivo de quedar libre. El Gobierno emite el pasaporte de manera exprés (en 24 horas se imprime), junto a una nota de Cancillería que es esgrimida por la defensa de Marset, cuyo argumento principal era que el defendido no tenía necesidad de usar un documento apócrifo. En función de eso el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos libera a Marset, quien todavía se mantiene prófugo.

¿Qué es lo relevante en este caso? Que al momento de entregarle el pasaporte, el Gobierno sabía que Marset era un narcotraficante importante que estaba siendo investigado por agencias de seguridad de la región. Todo esto que ahora sabemos, el Gobierno lo ocultó durante la interpelación de agosto del año pasado.

Se descubrió, por pedido del Frente Amplio y a través de la autorización de un juez, las comunicaciones entre las cúpulas ministeriales de Interior y cancillería en las cuales el subsecretario del Interior advertía a cancillería que Marset era un narco peligroso al momento de entregar el pasaporte.

A su vez, a través de la investigación por parte de la Fiscalía, se descubrió que el asesor principal del presidente, Roberto Lafluf, le solicitó a Carolina Ache y a Guillermo Maciel que destruyeran las comunicaciones entre ellos sobre la entrega del pasaporte. Esto con el objetivo de obstruir la investigación judicial, en tanto la exsubsecretaria Ache se negó para no incurrir en un delito.

Lo más grave es que la reunión es solicitada a pedido del presidente de la República, dentro de la cual participó en un lapso de tiempo.

Frente a estos hechos, el presidente solamente se remitió a afirmar que todo era legal y que no había más remedio que entregar el pasaporte al narco hoy prófugo de la Justicia. Aceptó las renuncias de dos ministros, un subsecretario, y su asesor principal.

El fondo del asunto queda con varias interrogantes. ¿Por qué se destruyó documentación pública si no había nada que esconder en la Justicia? ¿Por qué se mintió descaradamente a la ciudadanía y al Parlamento? ¿Por qué se entregó un pasaporte a un narcotraficante conocido por las autoridades de seguridad en tiempo récord, sabiendo que le permitiría quedar libre y posiblemente prófugo de la Justicia?

Se da en un contexto en el cual el Gobierno ha flexibilizado todos los controles en términos de lavado de activos. Esto dicho no por el Frente Amplio, sino por el mismo especialista contratado por el Gobierno, Alejandro Montesdeoca, el cual afirma textualmente: “se quedaron” en materias de avance de controles sobre el lavado de activos. En el cual los legisladores del Partido Nacional se niegan sistemáticamente a tratar el proyecto de ley de Financiamiento de Partidos Políticos. En el cual a la Junta de Transparencia y Ética Pública se le quitó presupuesto y cuenta con cuatro personas para su funcionamiento. En el cual hay un ataque sistemático a la Fiscalía y al fiscal de Corte por parte de algunos actores del oficialismo.

A su vez, el Gobierno en los casi cuatro años que lleva tiene varios hechos turbios. Iniciando con la entrega del puerto a una empresa multinacional por más de 50 años solamente con un decreto firmado por el por entonces ministro d Transporte, Luis Alberto Heber, y el presidente, cuya investigación siguen en la justicia. O la renuncia del ministro de Turismo Germán Cardoso por el pago de 250 mil dólares a una empresa de publicidad fantasma en plena pandemia con fronteras cerradas.

Con el jefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano utilizando todo el aparato del Estado para cometer delitos, entre lo que se encuentra el amañar una compra de drones por UTE de 750 mil dólares que nunca se entregaron. O el uso de información confidencial extraídas de los sistemas de seguridad tanto para espiar a personas como para vender información. O su participación del esquema de venta de pasaportes ilegal.

También el uso del clientelismo político como instrumento para fines electorales. Recordemos apenas hace unos meses atrás el ingreso sistematizado a dedo de personal de confianza política a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, hecho que provocó la renuncia del titular de ese organismo. Y la entrega a dedo de inmuebles por parte del Ministerio de Vivienda por la cual tuvo que renunciar la ministra Irene Moreira.

Todos hechos de extremada gravedad que tenían al presidente como una víctima cuya confianza había sido vulnerada. Con este hecho, ya no es creíble que el presidente no supiera. De hecho, a la población le queda la duda. ¿Si el presidente sabía de la destrucción de información para ocultarla a la justicia por qué lo avaló? ¿Por qué el presidente permitió o promovió que se mintiera al Parlamento y la ciudadanía?

Primero, que el narco se meta en el poder político es una cuestión de tiempo si no hacemos lo que debemos para evitarlo. Los dirigentes políticos del Gobierno son mano en este caso. Deben ser honestos, transparentes, sinceros con nuestra ciudadanía. En este caso, nada de eso estuvo.

Segundo, los gobernantes deben de dar instrumentos legales y financieros para mejorar las agencias de control de lavados de activos, anticorrupción, así como los operadores de justicia tanto Fiscalía como Poder Judicial. Como habíamos mencionado anteriormente, faltan acciones concretas del Gobierno para avanzar en estos casos.

Y por último, inversión en instrumentos de seguridad y de prevención del narco. Como la compra de escáneres, radares y pertrechos policiales, etcétera.

No hay seguridad, no hay democracia, no hay soberanía y no hay patria si el poder económico corrompe a las instituciones de nuestra nación.