Opinión | Terminal Cuenca del Plata y un debe a resolver pronto

Allá por el 2021, cuando salió a la luz el vergonzoso acuerdo suscripto entre el Estado uruguayo y la empresa Katoen Natie, surgió la iniciativa de crear la Unidad Reguladora de los Servicios Portuarios (URSEP). Esta propuesta pretendía quitarle las funciones reguladoras de los servicios portuarios a la Administración Nacional de Puertos (ANP) y otorgárselas a esta nueva estructura.

En su momento fuimos muy críticos a esta posición, entendiendo que se buscaba subsanar legalmente el vergonzoso acuerdo con Katoen Natie y que, en el fondo, el proyecto reconocía la ilegalidad que habíamos denunciado. En el artículo 8 se pretendía adaptar el paradigma de la legalidad al de la ilegalidad, dándole al Poder Ejecutivo las prerrogativas para subsanar el acuerdo. Allí se establecía que el Ejecutivo, con el asesoramiento de la novel URSEP, podrá establecer regímenes específicos de funcionamiento de las terminales portuarias, otorgadas bajo el régimen de concesión, con la finalidad de incentivar la actividad de dichas terminales.

A su vez, este artículo limitaba el paradigma de la libre competencia que quedaba subordinada a la voluntad de turno del Poder Ejecutivo. De esta forma, con el asesoramiento de la URSEP, el Ejecutivo podría determinar restricciones o limitaciones a la actividad de aquellos operadores que no se encuentren habilitados por un contrato de concesión.

En conclusión, con la creación de la URSEP se pretendía “tirarle un salvavidas” al Gobierno, subsanando las ilegalidades del acuerdo. Pero, luego de recibir numerosas críticas de varios integrantes de la academia y otros especialistas vinculados al mundo portuario, el proyecto quedó encajonado. Y, por ahora, no existen indicios de que se vaya a aprobar.

Un aspecto que sí debería atenderse —y no necesariamente a través de la creación de la referida URSEP— es la posibilidad de que el capital accionario del Estado en la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) deje de pertenecer a la ANP y pase a manos de otro organismo. Esto resulta de suma importancia en la medida de que quien regula las actividades portuarias en el Uruguay es, justamente, la ANP, y el hecho de que esta sea socia de una empresa que debe controlar, confunde los roles.

Para ello, nuestro país debería plantearse la posibilidad de que el 20% del capital accionario de TCP perteneciente al Estado, pase a ser administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). De esta forma, la ANP volvería a asumir el rol que le corresponde como órgano regulador de las actividades portuarias; pasaría a controlar a TCP como lo hace con cualquier empresa que desarrolla sus actividades en el ámbito portuario. Esta idea viene acompañada de una política tendiente a la profesionalización de la participación del Estado en TCP.

Lamentablemente, como nunca antes, quedó en evidencia la ausencia de compromiso de los directores de TCP nombrados por el Estado. Cumplieron una función meramente decorativa, no siendo partícipes de ninguna decisión asumida por la empresa y entregando todo el control al socio mayoritario: Katoen Natie.

En el futuro se debe profesionalizar la actividad del socio minoritario, evitando que estos cargos sean ocupados por personal no idóneo, cuya única virtud sea el respaldo político. Por todo eso, se vuelve indispensable que se lleve a cabo esta reforma, dejando en manos de la CND el manejo del 20% del capital accionario de TCP.

Pasaron muchas cosas negativas en estos años y las consecuencias están a la vista. El futuro debe guiarnos por un camino donde podamos profesionalizar esta actividad, darle la seriedad que merece y plantar esta empresa de cara al futuro. No lo haremos creando organismos que ya existen como se pretende hacer con la URSEP, sino dotando a la ANP de la estructura y el respaldo que se merece.