Opinión | TCP, un pésimo negocio con nuestra soberanía

El gobierno sin anestesia, sin que los uruguayos siquiera sospecháramos de que la empresa belga Katoen Natie nos amenazaba con un juicio por 1.500 millones de dólares, decidió otorgarle a esta generosa compañía que explotó el puerto durante 19 años, una extensión de la concesión por otros 50 años, que se suman a los 11 años que todavía le quedan del primer remate. Es el peor ejemplo de asociarse con cierto tipo de empresas.

Katoen Natie es propietaria del 80% de Terminal Cuenca del Plata, el 20% restante es de propiedad de ANP y esta concesión original se pudo otorgar por remate en base a la ley de puertos  Ley Nº 16.246 del año 1992. Una ley a la que el Frente Amplio se opuso y que tenía como objetivo, la modernización con fuertes inversiones del principal puerto del país y permitir la competencia entre el sector privado y público.

Las inversiones se hicieron, el puerto se modernizó, con importantes inversiones privadas, no solo de Katoen Natie, sino de otras empresas, Montecon, Chistophensen, etc. En ningún lado estaba establecido que los belgas a través de TCP tendrían el monopolio del movimiento de contenedores, al contrario quedó un sector de muelles públicos para ese tipo de operaciones y otro tipo de cargas, con una sola diferencia fundamental, en los muelles públicos no pudieron, en los 19 años de operaciones, incorporar grúas pórtico, que reducen sustancialmente los tiempos operativos y por lo tanto los costos. Esas grúas fueron exclusivas de TCP.

Hace tres años, Katoen Natie se dispuso a vender su participación mayoritaria en TCP, encomendó a una empresa mundial especializada y comenzó la danza de nombres. Durante ese proceso, en ningún momento Katoen Natie expresó quejas, reclamos de ningún tipo. Su interés totalmente legítimo era vender.

La venta dio varias vueltas y los belgas decidieron que con poco más de una década de explotación por delante no lograrían obtener el precio al que aspiraban y en enero del 2018 suspendieron la venta que habían iniciado en  2017 y que se sumaban a los muy buenos millones ganados durante la operación, que por otro lado administró  a gusto y gana, incluso depositando la cuota de ganancias que le correspondía a la ANP por el 20% de sus acciones en bancos europeos y manejando a discreción esos recursos. El conflicto es presentado convenientemente como si fuera entre Katoen Natie y Montecon, o entre los que se despertaron en el FA y el gobierno. Es falso, a mí no me interesa en absoluto que le den prebendas a otra empresa privada, sino que el puerto de Montevideo no se transforme en el dominio absoluto de una empresa privada y menos aún una belga de muy mal comportamiento con nuestro país.

TCP se caracterizó por una fuerte inversión en la prensa y en abogados. La compaña contra la competencia era constante y la movilización de diversos estudios legales también. Hay testimonios voluminosos.

Durante el proceso de venta, Katoen Natie como no le que convenía quejarse, arrió banderas y se concentró en esa operación. Hasta que un día se sumergió en el silencio y no se habló más  de la venta.

Y ahora explotó la situación. Amenazó, reitero, amenazó con una demanda por 1.500 millones sin que nadie conozca un documento, el cálculo por el que llegó a esa ridícula cifra, impactante para justificar cualquier cosa. Y eso fue exactamente lo que sucedió, cualquier cosa, o mejor dicho la peor cosa.

El gobierno le entregó 50 años más de explotación, cuando en el primer remate en el 2001 se había optado por una concesión de 30 años, amparado precisamente en una amenaza de juicio. No en un expediente iniciado en algún juzgado internacional. Simplemente en una amenaza.

Hasta parece ridículo, que en medio de la pandemia, cuando todo se concentra en el día siguiente, o a lo suma en los 15 días próximos, la única medida adoptada por el gobierno a futuro es comprometer la soberanía del único puerto de aguas profundas, el de Montevideo con una empresa que tiene con el estado uruguayo pésimos antecedentes.

Y todo lo explica no solo con ese ridículo argumento de la amenaza del juicio, sino con elementos supuestamente legales. Que se le entregó la explotación de la operativa de los mueles públicos a través de resoluciones de la ANP y no del gobierno. Pregunta ¿el representante blanco en el directorio de la ANP, y en el parlamento, en todos estos años nadie levantó alguna objeción ante este procedimiento? Es simplemente una coartada.

El otro argumento es que los belgas se comprometen a invertir 455 millones de dólares. ¿En cuánto tiempo? Al no conocer en absoluto los términos del acuerdo YA FIRMADO? ese es un dato fundamental.  Si la inversión es a lo largo de los 50 años, no daría ni siquiera para reponer el desgaste de los equipos. Si es tan conveniente, este gobierno que se jacta de su transparencia, ¿por qué no da a conocer el contrato?

Se menciona el dragado del canal de acceso y dentro del puerto a 14 metros. Una semana después el gobierno argentino nos hace saber gentilmente que el acuerdo vigente en el marco del Tratado del Río de la Plata, establece un límite de dragado de 13 metros. Y otro pequeño detalle, el costo del dragado correrá por entero a cargo del Estado uruguayo...

Un metro de diferencia en el dragado, equivale a muchos miles de toneladas para las naves que puedan operar en el puerto. No es un detalle.

El otro argumento es que TCP reducirá las tarifas. Pregunta ¿Con ventajas como el uso exclusivo de grúas pórtico, como es posible que TCP opere solo el 50% del movimiento de contenedores? Por eso motivo es pasible de multas importantes por parte de Uruguay. Nunca se le cobraron, ni en este ni en el anterior gobierno. En el acuerdo FIRMADO  el gobierno actual renuncia a cobrar esas multas. Otro regalo.

La ANP tuvo fricciones no solo con TCP sino también con Montecon, así que es falso afirmar que se favoreció a una empresa.

El simple anuncio de que se firmaría la ampliación y el monopolio privado del movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo, levantó protestas de la segunda empresa más grande del mundo, MSC, de la Unión de Exportadores, y naturalmente el inicio de un proceso para un juicio internacional, amparado en los tratados de defensa de las inversiones firmado con Chile y con Canadá por parte de la empresa NODUS (ex Shandy).  Pero esos juicios no le preocupan en absoluto al gobierno...A mí me da una malísima espina.

Sobre todo porque los belgas tuvieron una estrategia de relaciones públicas con los medios de información, pero no solo con ellos, sino con amplio abanico de sectores políticos, de variados colores.

Algunos feroces lambetas en las redes comparan este contrato con el firmado por el anterior gobierno con UPM. Como yo critiqué oportunamente el proceso de negociación del contrato con UPM2, me siento tranquilo y aliviado, pero hay diferencias profundas.

Cuando podamos leer el documento firmado por el gobierno y Katoen Natie podremos opinar con todos los elementos. Las plantas de celulosa, hay dos en funcionamiento, una en construcción e incluso podrían construirse otras, mientras que puerto de Montevideo hay uno solo y es el único de aguas profundas y este acuerdo compromete totalmente nuestra soberanía. UPM no es ni puede ser un monopolio y TCP lo será. Y esto sienta precedentes muy peligrosos. El Estado uruguayo, ante un amague de juicio cede nada menos que 50 años de su soberanía sobre un elemento clave de su economía y de su comercio.

Tendría gran interés en conocer la opinión de la Armada Nacional sobre este "detalle" portuario. Sé que es imposible por razones de subordinación al mando del Ministerio de Defensa. Me cuesta realmente creer que entregar por medio siglo, más 10 años del actual remate a una empresa que demostró sus serias incapacidades operativas y comerciales y sus habilidades en amagues judiciales y en relaciones con la prensa, asegure un destino venturoso para el país.

Describir las situaciones es relativamente fácil, lo complejo, lo difícil es someterse al inapelable juicio de los archivos: yo me juego en que pocos años, Katoen Natie,  cuando haya realizado la menor cantidad posible de inversiones, organizará su clásico llanto legal-periodístico y venderá su participación en TCP. Y por la generosa y "desinteresada" cesión por 50 años, que en ese momento sumando alcanzará a los 56 o 57 años por delante, obtendrá un precio 4 o 5 veces superior al que podría haber logrado con la venta anterior. ¿Apostamos?

Estamos asistiendo a un gran negociado de una empresa belga especialista en juicios, negocios portuarios asistidos y estrategias para hacer juicios o para amagar a realizar juicios ante gobiernos timoratos. Timoratos en el mejor de los casos.