Opinión | Suicidio: un tema del que debemos hablar

El año pasado en nuestro país: 434 personas fallecieron en siniestros de tránsito, 300 personas murieron siendo víctimas de homicidios y 765 personas  se quitaron la vida[1]. Estas cifras demuestran que vivimos una situación crítica y alarmante, que necesariamente debemos atender. Y no solo me refiero al sistema político sino a la sociedad toda.

Hace más de un siglo Uruguay tiene altos índices de suicidio; pero en las últimas décadas la tendencia va en aumento. Este fenómeno tiene carácter estructural en nuestra sociedad.

Los datos del MSP establecen que la tasa de suicidio en Uruguay es de 21,4 cada 100.000 habitantes. Para compararnos con el resto del mundo, podemos acudir a los datos del Banco Mundial que muestran que la tasa promedio Mundial es de 9,2; la tasa de la Unión Europea es de 11,3 y la de América del Norte es de 15,7, mientras que la de América Latina y el Caribe es de 6,2, cada 100.000 habitantes. Esta comparación ubica a nuestro país en los peores guarismos del mundo.

Si discriminamos los datos entre hombres y mujeres, existe una relación creciente llegando a 4 suicidios de hombres por uno de mujer. El análisis de los datos por franja etaria revela que la tasa más alta de suicidios se encuentra en el grupo de personas mayores de 85 años ubicándose en 49,7 cada 100.000 habitantes (más del doble de la tasa nacional). En el grupo de personas de 25 a 29, con una tasa de 36,2, es la segunda causa de muerte de los jóvenes en nuestro país.

El impacto de esta problemática nos exige comprometernos como sociedad y buscar las salidas necesarias que no son sólo individuales, sino colectivas. Este no es un tema partidario, es un tema país. Los datos dejan en evidencia que las políticas públicas no han sido suficientes ni focalizadas ni han detenido la tendencia creciente. Es un tema al que no le hemos adjudicado su dimensión real y en consecuencia no lo hemos priorizado con la atención debida; quizás porque el suicidio históricamente estuvo rodeado de estigmas, mitos y tabúes.

Uruguay cuenta con destacados expertos en la materia y organizaciones sociales que desde hace muchos años trabajan en el tema, que señalan cuatro elementos centrales para el abordaje de esta temática. Los mismos son: la comprensión, la prevención, la posvención y los sistemas de información.

En primer lugar la comprensión: aceptar el suicidio. Enfrentarlo como un hecho social es fundamental para poder tratarlo en sociedad.

Por otra parte, la prevención es otro de los elementos clave, se necesita desarrollar medidas destinadas a impedir el suicidio, dado que estas muertes son evitables.

Tres, la posvención: refiere a intervenciones posteriores al suicidio, destinadas a trabajar con las personas, familia o instituciones vinculadas a la persona que se quitó la vida.

Y por último, los sistemas de información al servicio del análisis de datos, circunstancias, entornos, antecedentes, avisos previos, entre otros.

La problemática del suicidio y la conducta suicida nos obliga, no solo a reflexionar sobre el tema, sino a tomar acciones concretas, que desencadenen nuevas acciones, que aborden de manera integral el tema. Porque cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no sólo a los individuos, sino también a sus familias, a sus pares, compañeros de trabajo o de estudios, vecinos, vecinas. Requiere de un abordaje multisectorial, multidisciplinar, transversal, a todo nivel, que no solo implique al ámbito de la salud (imprescindible sin dudas) sino también que involucre el político, el social, el laboral, el educativo, entre otros.

Por todo esto, es que presentaré en esta Rendición de Cuentas un aditivo con dos capítulos centrales. Uno de ellos: declarar de interés nacional la política pública de prevención del suicidio y la conducta suicida, coordinada supervisada y evaluada por una junta nacional dependiente de Presidencia de la República. Y el segundo: crear una estructura integrada por una Junta Nacional, una Secretaría y un Consejo Asesor Honorario, que cuente con una partida anual para atender los gastos de funcionamiento de la implementación de la política pública.

Como miembros del sistema político tenemos la obligación de aportar a la elaboración de una política pública que trascienda los límites de la salud y trate esta problemática, convocando a todos los actores de nuestra sociedad: organizaciones sociales, empresariales, sindicales, académicos, medios de comunicación, entre otros; con el objetivo de asumir esta realidad y pensar juntos cómo frenar estas muertes evitables.

[1] Datos del Ministerio de Salud Pública. https://uins.msp.gub.uy/