El actual gobierno de coalición llegó con propuestas muy definidas con respecto a lo que había que hacer en relación al Presupuesto del Estado.
Desde hace años, nuestro país ha presentado un complejo y creciente desequilibrio entre el gasto público y los ingresos del Estado. Ese desequilibrio fiscal se fue expandiendo incluso en tiempos de particular crecimiento de la economía.
En efecto, en el período de gobierno de Mujica nuestro país tuvo un crecimiento muy importante. En esas circunstancias, en el mensaje presupuestal de 2010 se proyectó una reducción del déficit fiscal que proponía para 2014 alcanzar un déficit de 0.8% del PIB.
Sin embargo, a pesar de que el país creció más de lo previsto, lo cierto es que el gobierno de Mujica dejó un déficit fiscal de 3.5% del PIB. Si se habrá incrementado el gasto público en ese período que, a pesar de que los ingresos del Estado crecieron más de lo previsto, igual se multiplicó el déficit por cuatro veces y media.
Una fiesta del gasto público. Verdaderamente irresponsable porque además estuvo acompañada de emprendimientos ruinosos.
Vale mencionar simplemente que el agujero de dejó la catastrófica administración de ANCAP obligó a que en 2015 el Estado uruguayo tuviera que poner U$ 800 millones de dólares. Equivalente al total del Fondo Coronavirus que hemos tenido que disponer, hasta el momento, para enfrentar los costos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia durante 2020.
Esta comparación puede ser útil para entender la magnitud del despilfarro ocurrido en los "tiempos de las vacas gordas" con total falta de responsabilidad en la gestión de los fondos públicos.
Podríamos agregar otros casos como las pérdidas generadas por la "aventura" de Gas Sayago, alrededor de otros U$ 150 millones de dólares.
En fin, llegó el tiempo del segundo gobierno de Vázquez y, en vez de ajustar el gasto para evitar el incremento del déficit, al cabo de cinco años el Frente Amplio dejó un déficit fiscal de 5% del PIB.
El mecanismo que operó para que se produjera el aumento del déficit fue muy sencillo. Se pronosticaban crecimientos económicos más altos de los que luego ocurrían y se aprobaban gastos vinculados a ese pronóstico. Luego el crecimiento era menor pero los gastos se ejecutaban igual.
El resultado es que durante largos años, cada año el Estado uruguayo gastó más de lo que ingresó y ello fue implicando un incremento continuo del endeudamiento público que ha llegado a niveles realmente preocupantes.
Por lo tanto, el diseño presupuestal del actual gobierno implicaba, inevitablemente, una propuesta de enorme austeridad que obliga a mejorar radicalmente la eficacia del gasto público y reducir en el transcurso de este gobierno el déficit fiscal heredado.
Así se ha hecho, sin contar que además el impacto de la pandemia aquí y en todo el mundo, ha implicado un fuerte golpe en la economía con su consecuente impacto social y caída del PIB mundial.
Nuestro país, a pesar de haber mantenido hasta ahora una exitosa gestión de la pandemia, también ha sufrido una significativa caída del PIB lo que obliga aún más a hacer un ejercicio de austeridad extrema.
Pero, todo lo antedicho no significa que se haya incurrido en un "recorte que afecta a los más débiles", se ha intentado construir un relato que olvida las enormes dificultades heredadas más el impacto inevitable de la pandemia.
No ha existido una sola referencia capaz de asumir los propios errores y reconocer las enormes dificultades enfrentadas. Se ha preferido construir un "relato" que más que un relato es una "caricatura" de la realidad.
Se ha emprendido una campaña maniquea en términos de "blanco y negro" o "buenos y malos", en la que se busca ubicar al gobierno como impulsor de un proyecto de recorte y afectación de la situación de los ciudadanos, no exento de exageraciones e incluso falsedades lisas y llanas.
La idea de una suerte de recreación del debate de los "noventa" aparece en el imaginario poco serio del discurso dominante de la oposición política y gremial que, para variar, se "aparean" de manera indisimulable.
El Presupuesto presentado es responsable, serio y reafirma las prioridades sociales ineludibles en el marco de inevitables restricciones. Hay una fuerte apuesta a la educación y a la vivienda y se busca mejorar de manera firme la capacidad de ejecutar con mayor eficiencia los recursos de todos los uruguayos.
La afectación del poder adquisitivo del salario es resultado de una pandemia que ha afectado el empleo y las condiciones de vida de cientos de millones de trabajadores en el mundo entero y, como bien dice el propio Presupuesto, incluye el compromiso político ineludible de su recuperación que comenzará en enero de 2022 y culminará en 2024.
Las políticas sociales seguirán existiendo y las políticas de protección de los derechos buscando la equidad y el desarrollo seguirán siendo una parte sustancial de los contenidos del programa de gobierno.
Mientras tanto, los responsables de una herencia muy compleja "miran para el costado" y prefieren impulsar un Referéndum cuyo contenido específico nadie conoce aún, pero que se sostiene en una reivindicación genérica de oposición global al gobierno, expresado en un rechazo simplista a la LUC.
La estrategia está clara y se sustenta en una apuesta a la división del país en "blanco y negro", donde además empiezan a aparecer ciertas referencias a un eventual "estallido social" que forma parte de la "caricatura" política que se pretende construir.
Un error que la ciudadanía se encargará de señalar.
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