A nadie escapa la importancia sustantiva del transporte marítimo en el desarrollo de la humanidad; y, por ende, del rol prioritario de los puertos con salida oceánica en el destino de las naciones. En el caso de nuestro Puerto de Montevideo -codiciado históricamente por su valor geopolítico, por sus bondades naturales, y su ubicación de equidistancia estratégica en el Atlántico Sur- su importancia es tal, que los investigadores históricos describen nuestra cronología institucional como “primero el puerto, luego la ciudad y finalmente el país”.

Basta releer las razones esgrimidas por la empresa Katoen Natie cuando lo eligió como lugar de emplazamiento de su terminal de contenedores, para comprender la dimensión que el tema abarca:

“Uruguay tenía, tiene y va a tener algunas características muy favorables comparando con otros países. Antes que nada, la ubicación estratégica. Por un lado, está en el inicio de un río muy importante en Latinoamérica, que conecta Bolivia, Paraguay y Brasil con el océano; pero también está al lado del mar abierto... No hay tantos lugares en el mundo donde haya una concentración de fortalezas tan favorables (…) Éramos conscientes de que había un potencial muy grande allí, y que más temprano que tarde, en algún momento, Buenos Aires va a perder su competitividad, más que nada cuando vengan los barcos grandes... En su momento, esta carga de Buenos Aires va a tener que pasar por otro puerto, y ahí la competencia va a ser con los puertos de Brasil. Katoen Natie tiene mucha experiencia en estos negocios”, comentó, en la instancia, un alto dirigente de la empresa.

Son estas cuestiones, entonces, las que subyacen bajo el escandaloso ¿acuerdo? del Puerto de Montevideo: identidad histórica, soberanía, desarrollo institucional, económico y social, renuncia del Estado, entrega injustificada, arbitraria, sorpresiva e ilegal de estos fundamentos a un tercero. Y que nos llevan a preguntarnos: ¿cómo fue posible que la “llave” de nuestra identidad nacional termine hipotecada por 60 años -o más- a manos de una empresa multinacional? ¿Por qué? ¿A cambio de qué? ¿En beneficio de quién? ¡O de quiénes! Del Uruguay, ¡seguro que no! 

Porque el puerto de Montevideo, indiscutiblemente, ha tenido una marcada evolución durante las últimas décadas, producto de una política portuaria definida por el Estado. Que -nos apuramos a decir- no comenzó con el Frente Amplio; pero que ¡sí!, durante sus gobiernos, en una perspectiva de mejor aprovechamiento de sus ventajas comparativas, y de atender a nuestro programa de desarrollo como Uruguay Productivo, ha alcanzado un nivel de importancia tal que lo posiciona en la línea estratégica de Puerto de acceso del Atlántico  Sur.

Actuando, por cierto, en el marco de la libre competencia que emana de la Ley de Puertos, decretos reglamentarios y la propia normativa que crea la Terminal Cuenca del Plata, ¡que todos los operadores conocían -y de hecho aceptaron- en estos más de 30 años de vigencia de la ley! Al respecto, la propia empresa Katoen Natie, señalaba: “Agréguese, además (como fundamento para nuestra elección inversora) que Uruguay siempre ha tenido un marco jurídico muy confiable y estable, y un marco político siempre moderado, sin extremos”.

¿Que hubo conflictos y posturas confrontadas en este tiempo? ¡Sí! ¡Claro que los hubo! Algunos de ellos, incluso, debieron ser laudados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¡Y los sigue y los seguirá habiendo! Porque en todo marco de competencia es natural -¡constituye su esencia!- la contraposición entre quienes defienden los escenarios más favorables a sus respectivos intereses. En definitiva, ¿qué otra cosa es gobernar, sino administrar en clave de ecuanimidad y civilizada convivencia, los conflictos de intereses entre los diversos actores de la sociedad?

Así, entonces, hasta fines de 2019, todas las controversias fueron administradas ponderadamente por las autoridades portuarias. A punto tal, que el Puerto de Montevideo y la política marítima, no resultó tema de debate en la pasada campaña electoral: ningún énfasis especial en los programas partidarios; ninguna emergencia a sustanciar a través de una Ley de Urgente Consideración; ninguna mención de destaque en los planes del futuro Ministro del ramo. Apenas si ocupó un espacio de reflexión en un encuentro organizado durante el 103º Aniversario del Centro de Navegación.

Hasta ese momento, entonces, ¡nada!: ninguna señal, ninguna acción formal contra el proceder del gobierno nacional en el manejo del acuerdo con Terminal Cuenca del Plata; ¡ninguna amenaza jurídica “meneándose” en el aire! Por el contrario: si alguien corría riesgos de perder los privilegios del contrato en vigor era, precisamente, el concesionario, por incumplir los movimientos de carga mínimos exigidos y por los que debían a la ANP una suma importante de dinero (¡que por el acuerdo actual se le condona!).

¿Qué llevó al entonces señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, a “pactar” esta cesión de soberanía, este condicionamiento de nuestro futuro, el de nuestros hijos y nietos, por 60 años?

¿Cuál es el sentido de este acuerdo “hermético”, negociado en un contexto de reuniones “ultra secretas”, que -lejos de confundirse con el concepto justificable de la “confidencialidad”- se asocia a esos “pico a pico” y “redondilla” que parecen seducir al actual gobierno, donde amistades y roles se entrecruzan y confunden, en detrimento de los “puntos de referencia” de las lealtades?

Si -como se plantea desde el oficialismo- tan grave era la situación, al extremo de afectar derechos del Estado: ¿por qué un gobierno que hace ostentación de “transparencia” en su accionar, ocultó los hechos y la negociación que llevó adelante, no sólo a la oposición, sino incluso a socios de su propia coalición de gobierno, que manifestaron haberse enterado del asunto recién a partir del discurso presidencial del 1º de marzo de 2021? ¡Un año luego!

¿Qué había cambiado en la perspectiva coyuntural del secretario de Estado, que justificaba recurrir a este desproporcionado e inexplicable “artilugio” ajeno a toda “lógica de lealtad institucional” para un gobernante?

Hace apenas una semanas, un representante del gobierno declaraba, osadamente, que "en Uruguay cambió el gobierno, y se ejerce la soberanía (...) ¡Se acabaron las influencias externas sobre las decisiones que son soberanas!", sentenciaba el jerarca.  

Si para prueba basta un botón...