El gobierno presentó el pasado jueves 18 las pautas para la ronda de negociación salarial que comenzará en unos pocos días. Se trata de las reglas de juego con las cuales se decidirá el futuro salarial de cientos de miles de trabajadores, correspondientes a 150 subgrupos de Consejos de Salarios, cuyos convenios vencen el 30 de junio.

Será la octava ronda de negociación salarial desde que el Frente Amplio decidiera en 2005 reinstalar los Consejos de Salarios, luego de 15 años sin convocatoria. El gobierno de Lacalle Herrera fue el que dejó de convocarlos, reduciendo la negociación colectiva a algunos pocos sectores de actividad y dejando a cientos de miles de trabajadores sin convenio. En ese marco, no es de extrañar que entre 1989 y 1999 la economía creciera a razón de 3,3% anual, mientras los salarios solamente lo hicieran un 0,5%, teniendo como resultado un aumento de la desigualdad.

Esta ronda de negociación salarial se desarrollará en un contexto claramente atípico, atravesando una pandemia mundial, que ha llevado a que en nuestro país existan hoy 200.000 trabajadores en seguro de paro, y que diversos sectores de actividad hayan visto reducida significativamente sus posibilidades de producir y colocar su producción en el mercado. Si bien hubo anteriormente rondas salariales desarrolladas en entornos internacionales complejos, como la tercera ronda que se llevó a cabo durante la crisis financiera internacional de 2008, este caso es claramente diferente. Aquí se da la combinación de un doble shock de oferta y demanda, prácticamente simultáneo y de carácter global, generando un fuerte impacto directo en la producción y los ingresos de los hogares, e impactando financieramente sobre las empresas.

El movimiento sindical uruguayo ha mostrado capacidad de adaptación ante esta situación, aceptando la existencia de una negociación "puente" y la convocatoria a un diálogo por el empleo y la sustentabilidad de las empresas. También, como suele hacerlo, realizó contrapropuestas al gobierno buscando mejorar la situación de los trabajadores con salarios más sumergidos.

La excepcionalidad de la coyuntura ayuda a comprender algunas innovaciones planteadas en los lineamientos del Poder Ejecutivo, pero no explica todas. Hay decisiones de política que hacen al fondo de la cuestión; reflejan su diagnóstico del mercado laboral más allá de la pandemia, sus compromisos, su visión del mundo.

Vayamos por partes.

Es comprensible que en esta instancia no se instalen las 150 mesas de negociación de cada subgrupo, y que esto se sustituya por una negociación más general a nivel de grupos. También se puede entender la existencia de una pauta única que no diferencie mayormente entre sectores.

Pero, sin dudas, lo más complejo de aceptar, desde el punto de vista de los trabajadores y también de sus repercusiones en la economía es el momento y monto de los ajustes. Aquí hay decisiones que parecen no ser se atribuibles al Covid-19.

Brevemente, las pautas prevén para julio del presente año un ajuste de 0%. Sí, leyó bien, cero, y en enero de 2021 de 3%. No son sus lentes ni fue un error de tipeo. Se prevé un 3%, luego de un 0%, para un mes en que suele haber una inflación de aproximadamente 2% y luego de arrastrar un semestre sin aumento.

Un paréntesis. El ajuste de aproximadamente 3,5% que en promedio verán los trabajadores en su recibo de sueldo del mes de julio no forma parte de la ronda salarial que comienza, sino que se trata del correctivo final del convenio celebrado durante el gobierno anterior.

Para los sectores más complicados se prevé que el ajuste de enero se difiera a abril, y para los salarios sumergidos (en respuesta al planteo del PIT-CNT) hay un 1% adicional. Por último, se establece un correctivo final el 30 de junio de 2021 pero, he aquí otra innovación, este no garantiza el mantenimiento del poder de compra del salario al final del convenio, sino que al porcentaje necesario para hacerlo se le restará la evolución del PIB en 2020.

¿Qué se espera que surja de todo esto? Ocurrirá una caída del salario real privado de acá a un año equivalente, al menos, a la caída del PIB. Esto sumado a la reducción del empleo, y a lo que suceda con el ajuste salarial para los trabajadores públicos que, dado todo lo anterior y el ajuste fiscal prometido no parece será alentador, se traducirá sin dudas en una caída significativa del salario real general.

El gobierno argumenta que la economía caerá 3% este año y que se recuperará rápidamente el próximo año. Esperando una salida en "V". Asimismo, sostiene que las pautas tienen como objetivo que el salario acompañe a la economía en esta situación excepcional. Sin embargo no lo hace, aplica la baja salarial justamente cuando supone que la economía estará en fase expansiva, durante el segundo semestre de este año y, fundamentalmente, durante el primer semestre del próximo, momento que proyecta se produzca el "rebote".

El correctivo propuesto consolida la caída del salario real en julio de 2021, de manera inconsistente con el propio relato del gobierno, en el cual lo peor ya pasó hace meses. No sería la primera vez que el gobierno tiene un doble relato en materia económica.

Por último, el ajuste de 0% en julio en este año y el magro correctivo que se espera opere en julio del año próximo impactarán en el ajuste de pasividades de 2021 y también de 2022, por efecto de la indexación de salarios a pasividades.

Quizás, este "puente" más que permitir cruzar la pandemia sea un "túnel" que permita procesar el ajuste fiscal. Probablemente sea también, el trailer de una película sobre una contracción de los salarios de los trabajadores públicos por debajo de la inflación por primera vez en quince años, y la pérdida de poder de compra de las pasividades. La caída de los salarios y pasividades lejos de contribuir a mitigar los efectos económicos derivados de la pandemia, complejiza el problema económico. Con esto lo que se logra es deprimir aún más la demanda y castigar el consumo interno, se profundiza el ciclo recesivo al desalentar la actividad y la recuperación del empleo, complicando la salida. Por otra parte, el gobierno no ha tomado las medidas suficientes para aliviar la situación de los trabajadores informales ni de otros colectivos en situación de vulnerabilidad. La caída de ingresos de los hogares derivada de políticas desacertadas o insuficientes tendrá consecuencias indeseables desde el punto de vista social, que se traducirán en mayores niveles de pobreza y desigualdad.

La pandemia dio la letra, el gobierno puso la música.