Tres fundamentales reformas efectuadas por el gobierno de coalición liderado por Luis Lacalle Pou corren riesgo si llegara a ganar el Frente Amplio.

Lo que el Frente Amplio propone y representa en economía, educación y seguridad supone más que una mera variación de rumbo. Sería mucho más que eso: sería un derrumbe. Es que los logros alcanzados en esas tres áreas, algunos más intensos que otros, serán arrasados por visiones totalmente opuestas a la dirección emprendida y, sin lugar a dudas, con resultados comprobadamente dañinos para el interés nacional.

El gran asunto a dirimir el próximo 24 de noviembre, antes que las mayorías necesarias para actuar, es qué quieren hacer con Uruguay los dos candidatos en pugna. A dónde nos quieren llevar como país. La cuestión operativa de la conquista de las mayorías resulta un asunto subalterno al destino que se pretende imprimir al Uruguay.

La realidad es que nos enfrentamos a decidir entre dos continuidades: la que representa Álvaro Delgado de la obra del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou y la continuidad que representa Yamandú Orsi, que representa la que fracasó durante quince años y que dejó al país en condiciones de fragilidad como lo comprobó la pandemia.

Aquella situación hizo que los uruguayos eligieran el cambio en 2019 y sustentaran el trípode de reformas que apuntalan la presente gestión: el orden económico, la reforma en la educación y el cambio de paradigma en la seguridad pública.

Mientras Delgado se compromete a mantener el rumbo emprendido por el equipo económico de la coalición y a no subir impuestos, el Frente Amplio no solo consigna que subirá impuestos, sino además suben la apuesta y están dispuestos a generar una brutal distorsión en el sistema económico si insisten en el cambio de la ley de seguridad social en el sentido de la fracasada papeleta blanca del pasado plebiscito.

La “continuidad” del “rumbo” de la economía que el Frente Amplio ya aplicó cuando gobernó implica gasto desenfrenado, despilfarro en obras faraónicas y el uso del Estado para mantener prendidas “las velitas al socialismo”.

Incluso, todos esos “factores de riesgo” para la gestión económica están acrecentados por la falta de moderados -en realidad de sensatos- y la instalación de los más radicales en la conducción de esa Coalición. Recordemos que el candidato Orsi dijo que la política económica está en manos del presidente, por lo que el “moderado” ministro de Economía en caso que el FA gane, Gabriel Oddone, será un mero ejecutor de lo que “la barra” le indicará a Orsi que tiene que hacer. 

El asunto se vuelve aún más evidente en materia educativa, donde las pulsiones corporativas están agazapadas esperando retomar el poder de la conducción de la educación de los hijos de los uruguayos. Allí, en la educación, se libra una batalla de orden republicano: si sigue primando el poder representativo de todos los uruguayos o si vuelven a mandar los sindicatos y con ellos su propio y reducido interés corporativo. Ese que desconoce en pleno al interés general. Fueron ellos quienes obstaculizaron todos los intentos de reforma educativa que se han impulsado. Recién este gobierno ha tenido la valentía de iniciar el camino reformista que tanto precisa el futuro.

El otro gran eslabón en la cadena de cambios positivos que inició este gobierno fue el del paradigma en materia de seguridad pública. Los datos confirman (reducción de delitos) que esos cambios nos están llevando por el rumbo correcto. Con mejoras por hacer, pero con cambios que han sido los adecuados.

Del lado del Frente Amplio viene la visión tolerante de la delincuencia y del delincuente al que ven como víctima, como un rebelde que protesta contra un sistema social injusto. Eso lleva a que en ese paradigma la sociedad deba “soportar” a “sus” delincuentes. Esa visión romántica los lleva a ni siquiera usar la palabra “represión” en el último documento programático del Frente Amplio.

Por su parte, este gobierno le ha dado respaldo desde varios ángulos a la Policía. Respaldo material, político, simbólico y jurídico, y respetando la vocación y profesión policial, sabiendo que son los protagonistas fundamentales para el combate contra el delito.

Por tanto, más allá de cuestiones tácticas de gobierno, lo que se dirime en noviembre es sobre rumbos; si mantenemos el actual, que está siendo exitoso, o el que tuvo el país durante quince años y fue indiscutiblemente negativo.

Cambiar el rumbo supone el derrumbe de las posibilidades de desarrollo nacional.