Opinión | Reforma de la Seguridad Social: Un acto de responsabilidad nacional

¿Cuánto hace que se viene hablando de la necesidad de una reforma de la Seguridad Social en nuestro país? Hace más de 20 años, por lo menos.

Es por ello que este acuerdo al que arribaron los partidos políticos de la coalición republicana sobre un texto de reforma es, como dijera el presidente de la República en la conferencia de prensa en que anunció el acuerdo, un acto de responsabilidad nacional.

Responsabilidad nacional; ergo deber ético y político de los gobernantes, a los que por la trascendencia de la tarea que se disponen a cumplir, no les estaría permitido —a riesgo de desmerecer su alta función y de defraudar a sus representantes— escurrirse del imperativo de actuar, por distraerse mirando mezquinos cálculos electoralistas. Los deberes su cumplen, no se evaden bajo pretexto de que su cumplimiento desencadenará una consecuencia desfavorable para el obligado. ¿Quién de nosotros opta por no educar y corregir a sus hijos pensando en la inmediata reacción insatisfactoria del niño frente a la reprimenda?

Pensar en costos políticos cuando está en juego nada menos que un retiro digno para las futuras generaciones desmerece el propósito de la reforma. Pero si de considerar costos políticos se trata, los asumirán quienes omitan cumplir con el deber de actuar cuando ello es necesario e impostergable. ¡Es ahora! La ciudadanía también reclama una oposición responsable.

Durante la campaña electoral que llevó a esta coalición de partidos al gobierno, ésta se comprometió con sus electores a impulsar una reforma de la Seguridad Social que impidiera que las futuras generaciones cayeran al abismo cuando quisieran cobrar sus pasividades. Porque de eso se trata; de no hacerse nada, de ser omisos, vamos camino a un precipicio tambaleándonos sobre un puente colgante que día a día se va desintegrando. La intervención es urgente, y ello también es parte de la responsabilidad nacional asumida.

Asumido esta administración, uno de los primeros actos de gobierno fue el envío del proyecto de ley de urgente consideración (LUC), que condensó las principales reformas impostergables, y entre ellas ya se previó la creación de una Comisión de Expertos para la reforma de la Seguridad Social. A pesar de las dificultades de la pandemia, el gobierno daba cumplimiento de forma inmediata al Compromiso por el País suscripto por los cinco partidos políticos que lo conformaban. Cumplía con el mandato.

La Comisión de Expertos en Seguridad Social trabajó durante dos años, fue integrada por 15 representantes de todos los partidos políticos y de organizaciones sociales de trabajadores, empresarios y jubilados, que se reunieron con 84 organizaciones de la sociedad civil, que trabajaron durante 75 sesiones y realizaron 34 actividades académicas con la participación de más de 100 especialistas uruguayos y extranjeros, en trabajo aunado con las universidades, centros de investigaciones y organismos internacionales. Hubo tiempo y análisis; hubo debate e intercambio. El fruto fue dado a conocer en sus lineamientos y considerado por el espectro político, desde el que se hicieron 30 propuestas de modificación, la mayoría de las cuales fueron incorporadas en lo que terminó siendo el proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social que se remitió al Parlamento.

En la distribución de atribuciones entre los poderes de gobierno que realiza la Constitución, le asigna al Poder Ejecutivo la iniciativa privativa para la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificación de causales, cómputos o beneficios jubilatorios (artículo 86). El Poder Ejecutivo cumplió con la tarea asignada.

¿La última y definitiva versión? No. El Consejo de Ministros presidido por el Jefe de Estado, en la conferencia de prensa aludida, con humildad anticipó —a pesar de que el proyecto contó con la firma de todos los partidos políticos de la coalición— que éste es perfectible, ergo, que admitirá modificaciones no desnaturalizantes en el trámite parlamentario.

Será importante tener presente durante el trámite parlamentario que este proyecto ingresa con el respaldo institucional de todos los partidos políticos de la coalición republicana, a través de sus representantes en el Poder Ejecutivo. Está la firma de los Ministros. Ello también implica en lo formal y en lo sustancial un compromiso político que no se puede defraudar. Perfectibilidad del proyecto, claro que sí; cambios sustanciales que lo desvirtúen, no, so riesgo de incurrir en la incongruencia.

Aludiremos genéricamente a “la oposición” para referirnos tanto al Frente Amplio como al PIT CNT, para evitar abreviaciones que pueden ser ofensivas. Al tiempo que la oposición ya tuvo el tiempo suficiente como para analizar la propuesta y arribar a una posición contraria, se queja de lo rápido que será su tratamiento en el parlamento. El pedido del Poder Ejecutivo fue que se considerara durante el lapso de seis meses; seis meses de trabajo en régimen de dedicación exclusiva, durante jornadas completas con la inversión de horas que sean necesarias y más, durante los días necesarios sin excluir los fines de semana a veces, recibiendo a todas las delegaciones que quieran ser escuchadas —aun cuando ya se hayan pronunciado en contra—. Recordamos leyes de administraciones anteriores que, por contar con brazos de yeso asegurados para su aprobación en las cámaras, se expidieron en tiempos mucho más exiguos. Parecería que no se comprendiera que esta reforma es urgente, impostergable y necesaria.

Se pide desde la oposición frente a esta propuesta negativa, reafirmamos el impulso de una reforma integral, que surja del debate de todos los actores, con base en la equidad contributiva, justicia y solidaridad, para construir la Seguridad Social que los uruguayos “y las uruguayas” (sic) merecemos.

Salvo la cancelación inicial con que se descalifica la propuesta de negativa, compartimos el reclamo en lo demás, y lo estamos cumpliendo, ahora.

Es una reforma integral, que por primera vez incluye a todas las cajas de previsión y seguridad social y que hace converger a todos los regímenes en un sistema común para todos; es decir, una reforma universal.

El debate ya se habilitó desde hace dos años y sigue transcurriendo con la participación de todos los actores. Quienes callaron y omitieron hacer aportes oportunamente también deben llamarse a responsabilidad por su omisión.

La base de la reforma es la equidad contributiva, que se profundiza: cada peso que se aporte va a rendir para el aportante, se va a cobrar, sin importar si el contribuyente aportó la cantidad de años necesaria. Es una reforma basada en la justicia y solidaridad. La solidaridad y justicia se aprecian especialmente en las jubilaciones más pequeñas; la mayoría percibirá mayores beneficios y aumentos en el caso de familias con personas en situación de discapacidad. Se hace posible conciliar la jubilación con el trabajo.

La reforma está planteada para ser de aplicación inmediata en cuanto a beneficios que crea, pero de aplicación diferida en el tiempo -prevé 20 años de transición hasta su aplicación completa- respecto al aumento de la edad jubilatoria. Recién en 2036 se iniciará el proceso de aumento de edad jubilatoria, y hasta 2040.

Ante el reclamo de la oposición de dar más tiempo aun al previsto de seis meses para su tratamiento (cuando aún no ha comenzado a trabajarse en el Parlamento), la interrogante se impone: ¿para cuándo pretende la oposición concretar estos cambios que son urgentes? Apelamos a una oposición responsable y sin mentirle a la ciudadanía.

No sólo quiere seguir dilatando lo urgente. La oposición ha anunciado que iniciará una gira en campaña por todo el país para atacar la reforma. ¡No es allí donde se esperan sus aportes, sino durante el tratamiento del texto! ¿Con qué propósito se saldrá a hacer campaña como si estuviéramos ante un referéndum o elecciones?

Se anticipa una campaña “por la negativa”, que esperamos no reedite las falsedades de la campaña contra la LUC, ni los cucos azuzados durante las elecciones del 2019. Ojalá no se vuelva a hacer afirmaciones falaces sin prueba alguna, como decir que esta reforma rebaja las jubilaciones o recorta las pensiones, cuando con la reforma las jubilaciones serán mayores o iguales a las actuales, un 50% de las jubilaciones recibirán un complemento solidario para alcanzar un mínimo (con lo cual percibirán mayores ingresos que ahora), y las pensiones o no se afectarán, o serán superiores.

Ojalá la oposición no replique la estrategia del Ministro de Propaganda del III Reich Joseph Goebbels que aconsejaba: “miente, miente, miente, que algo quedará, cuanto más grande sea la mentira más gente la creerá”. Ojalá se priorice el interés y derecho de los hijos y nietos de todos -de quienes hoy están en el gobierno, y de la oposición, pero, sobre todo, de cada hijo y nieto que habitará el Uruguay en los próximos años-. Ojalá con responsabilidad nacional hagamos todos lo que es propio de los seres humanos y que nos distingue del resto de los animales: aprender de la historia y hacer previsiones para mejorar en el futuro.

Todos querríamos jubilarnos antes, cobrando más y aportando menos. Eso es Narnia. La responsabilidad nos interpela a enfrentar la realidad de un sistema que, de no atenderlo, colapsará.

La reforma es urgente, justa, sostenible, necesaria y por sobre todo, un acto de responsabilidad nacional.