Opinión | Reflexiones sobre la seguridad en Uruguay: el legado del gobierno multicolor

El alarmante aumento de la criminalidad en Uruguay, especialmente en términos de homicidios, ha generado un intenso debate en los últimos años. Durante el gobierno del Frente Amplio se implementaron políticas de seguridad que buscaban abordar la problemática desde un enfoque integral, centrado en la prevención del delito, la inclusión social y el fortalecimiento de las instituciones. Estas propuestas tenían como objetivo no solo reducir la criminalidad, sino también atacar las raíces estructurales del problema.

Hay que reconocer que, a pesar de los esfuerzos realizados por el Frente Amplio, que incluían iniciativas para mejorar la educación y crear oportunidades laborales, los homicidios continuaron en ascenso, lo que llevó a una creciente preocupación en la sociedad. La crítica hacia estas políticas fue feroz por parte de la oposición, con algunos sectores argumentando que no se lograron los resultados esperados en términos de seguridad.

Pero luego, con la llegada del gobierno de la coalición multicolor, se adoptó un enfoque más punitivo en materia de seguridad, incrementando la presencia policial e implementando nuevas leyes para combatir el crimen. Sin embargo, los datos son inquietantes: hasta la fecha, los homicidios han aumentado en lo que va de este período. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia de un enfoque que prioriza la represión sobre la prevención.

Entre las posibles causas de este fenómeno, se destacan factores socioeconómicos como la pobreza y la desigualdad, que siguen siendo motores de la criminalidad. La falta de oportunidades laborales y educativas han llevado a un aumento en la delincuencia, un aspecto que el Frente Amplio intentó abordar a través de sus políticas de inclusión social, y el actual gobierno desmanteló las mismas.

Además, el crecimiento del narcotráfico en Uruguay ha intensificado la violencia asociada a bandas criminales, complicando aún más la situación. A pesar del incremento en la inversión en seguridad, la policía enfrenta desafíos significativos. La falta de recursos y capacitación adecuada limita la efectividad de las fuerzas policiales, lo que cuestiona la viabilidad de las políticas implementadas por la actual administración.

Las estrategias de mano dura han recibido críticas, ya que muchos expertos argumentan que no abordan las causas subyacentes de la criminalidad y, en algunos casos, pueden exacerbar la violencia. La percepción de inseguridad ha crecido entre la población, afectando la calidad de vida y la confianza en las instituciones.

El aumento de homicidios en Uruguay refleja una compleja interacción de factores sociales, económicos y políticos que deben ser considerados en la formulación de futuras políticas de seguridad. Es fundamental que las estrategias a implementar en el futuro adopten un enfoque integral que no solo se centre en la represión del delito, sino que también retome las propuestas del Frente Amplio, que buscaban atacar las causas estructurales de la criminalidad.

Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más segura y justa, donde la violencia no sea la respuesta a las dificultades que enfrenta nuestra población. La responsabilidad recae en todos nosotros: es momento de repensar y rediseñar nuestras políticas de seguridad para enfrentar este desafío con seriedad y responsabilidad; y es nuestro firme compromiso desde el próximo gobierno del Frente Amplio.