Ya nadie puede dudar que Cabildo Abierto es una fuerza política compuesta de una multiplicidad de caras. Para afuera, pretende diferenciarse del resto de los miembros de la coalición y, para adentro, le ha hecho el juego al gobierno. Sin embargo, el rumbo que tomó esta administración lo fue alejando paulatinamente de su identidad original, aquella con la que por el año 2019 anunciaban que se acababa el recreo y venían a cambiar la política. Bastaron tres años de Herrerismo, para que quedara en evidencia cuál es la verdadera incidencia de Cabildo Abierto dentro de la coalición oficialista.

Ahora, cada vez más cerca de las próximas Elecciones Nacionales, necesitan presentarse —nuevamente— como rupturistas, como una fuerza política que quiere hacer las cosas de manera diferente. Así las cosas, empiezan a verse las consecuencias de este perfilismo.

Desde la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores estuvimos trabajando en un proyecto de ley para atender la situación de los deudores crónicos y Cabildo Abierto pretendía sumarse a esta idea. Una propuesta seria, realizable y técnicamente sólida. Sin embargo, la fuerza política del general Guido Manini Ríos, ha preferido otro camino proponiendo un nuevo proyecto plagado de errores e inconsistencias.

Los proyectos a punto de naufragar por la intransigencia de Cabildo Abierto

Haciendo perfilismo, Cabildo Abierto pretende embanderarse como los únicos defensores de los deudores, buscando un punto de incidencia de cara a las próximas elecciones.

En la Comisión de Constitución y Legislación existían proyectos de ley que atendían la situación de los deudores, pero, en lugar de consensuar y dialogar con el resto de las fuerzas políticas, decidieron plantear un nuevo proyecto que no busca otra cosa que hacer naufragar la idea. Anuncian —además— que van a salir a juntar firmas en caso de que no se vote, cuando en realidad lo urgente y responsable es trabajar en un acuerdo posible, al menos con nuestra fuerza política.

Porque ya existe un proyecto de Reestructuración de Deudas en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación, que podría aprobarse fácilmente con los votos del Frente Amplio, Cabildo Abierto y de cualquier otra fuerza política que quiera sumarse. Era cuestión de voluntad política. En este proyecto se propone crear un proceso reservado para el deudor de créditos al consumo que sea de bajos recursos, a fin de cancelar todas sus deudas. Además, propone determinar como prohibidas las prácticas de cobro abusivas, la violación a la intimidad de las personas, y el uso de información errónea, entre otras consideraciones. Se establece un plazo especial de caducidad para los intereses moratorios y la obligación de informar la tasa de interés implícita.

Desde el Frente Amplio, además, se promovió otro proyecto que también se encuentra a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación. Este es el Registro de Morosos y Acceso a los Servicios Públicos, que aborda el tratamiento injusto de los datos personales de los deudores. Según surge de la presentación de un informe reciente sobre “Endeudamiento y pobreza”, de Graciela Sanroman, en Uruguay unas 900.000 personas están en el “clearing” y más de 600.000 en situación de default (más de 180 días de atraso) frente al sistema financiero. Un verdadero problema.

A través de este proyecto pretendíamos que los organismos públicos que presten servicios básicos a la población (agua, luz, telefonía y conectividad, acceso a soluciones habitacionales o garantía de alquiler), no podrán limitar su acceso por el hecho de que la persona que solicite el servicio se encuentre incluida en una base de datos relativa a la actividad comercial, crediticia o registro de deudores morosos (Clearing de Informes). Por tanto, su historial de impagos y la realización o no de refinanciaciones de adeudos, no obstará su acceso o la contratación de dichos servicios públicos. En el caso del alquiler de vivienda, tampoco se considerarán los datos registrales de los deudores como un obstáculo o impedimento para la contratación por parte de agentes inmobiliarios inscriptos en el Registro de Inmobiliarias del Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación, del Ministerio de Economía y Finanzas.

A pesar del trabajo realizado en el seno de la Comisión, Cabildo Abierto decidió presentar otro proyecto de ley que, por estar plagado de errores e inconsistencias, no podremos acompañar.

Desde el Frente Amplio no concebimos una forma de hacer política ligada a la demagogia. Por eso, no estamos dispuestos a acompañar un proyecto de ley que es disparatado y que no podrá ser llevado a la práctica, producto de sus propias falencias.

Para la reestructuración de adeudos proponen un procedimiento que presenta grandes dificultades de aplicación práctica, ya que es largo y muy costoso. El mismo está previsto para situaciones crediticias sin establecer limitación en cuanto al origen de la deuda (podría aplicarse a cualquier deuda, inclusive a las deudas hipotecarias y prendarias), donde el juez deberá contar con un perito contador, lo que puede resultar además una cuestión muy engorrosa y cara. De esta forma, Cabildo Abierto opta por una solución compleja, casi imposible de llevar a la práctica y que ha contado con críticas de parte de la academia, como por ejemplo de la doctora Dora Szafir.

El proyecto de Cabildo Abierto aumenta irresponsablemente los límites de personas legitimadas para acceder a este tipo de proceso. O sea, no está pensado para los sectores más vulnerables, sino que distorsiona todo el sistema crediticio. No establece ningún marco a su aplicación, pudiendo surgir problemáticas a nivel judicial general pues no se comprende cómo se articularía este proceso que se regula con otros ya existentes. Sin mencionar todas las inconsistencias procesales y hasta del punto de vista del derecho civil, que implica el mismo.

Otra forma de hacer política

La creación de políticas de Estado que favorezcan a los sectores más perjudicados de la sociedad debe ser una tarea de todos los días. No vale respaldar una política económica que ha incrementado notoriamente la pobreza y la miseria y cuando se va terminando el mandato y se vienen las Elecciones Nacionales, proponer un proyecto demagógico que trae más problemas que soluciones. Cabildo Abierto, que durante todo el mandato de Lacalle Pou respaldó una política económica que aumentó la pobreza y la indigencia, ahora se hace el desentendido, proponiendo un proyecto de ley que es invotable por donde se lo mire.

Para hacer propuestas serias hay que saber que se quiere y hacia donde se va. Desde el Frente Amplio tenemos muy claro lo que somos y hacia donde vamos. Tenemos un proyecto político para el Uruguay del presente y del futuro y no tenemos el temor de afirmar que se encuentra a las antípodas del proyecto herrerista que hoy nos gobierna.

El país viene soportando una nutrida agenda de episodios a cuál de todos más escandaloso, algunos de los cuales Cabildo Abierto ha sabido ser protagonista principal. En ese escenario, la intención de distanciarse del gobierno pero sin dejar de ser parte del mismo, deja al descubierto una maniobra que mina la confianza de un electorado que rechaza la mentira y empieza a definir su voto.

A estar por las encuestas de opinión, esa definición electoral viene siendo muy crítica con quienes llegaron diciendo que venían a cambiar la política y terminaron reivindicando (y aplicando) las peores prácticas.