Por Esteban Valenti | @ValentiEsteban

Esta semana se produjo el hecho más relevante sobre la relación entre el poder político, constitucional y los mandos del Ejército desde la caída de la dictadura.

El presidente Tabaré Vázquez, que ya había destituido al ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, relevó al ministro de Defensa Jorge Menéndez, al subsecretario Daniel Montiel y a José González, comandante en jefe del Ejército recientemente designado, y a otros cinco generales, Alfredo Erramún, Gustavo Fajardo, Claudio Romano, Carlos Sequeira y Alejandro Salaverry, todos integrantes de los dos tribunales de honor que trataron los casos de José "Nino" Gavazzo y Jorge "Pajarito" Silveira.

Era además de una obligación política y moral, un imperativo legal, los siete generales faltaron a su deber, no solo como soldados, sino como ciudadanos y como funcionarios públicos: no denunciaron ante la justicia ordinaria, como corresponde, los crímenes que confesaron los dos asesinos y torturadores en el ámbito del Tribunal de Honor.

Es la primera vez en cuarenta años que Gavazzo y Silveira, dos de los peores torturadores y asesinos, reconocen en un ámbito institucional, el Tribunal de Honor Militar, que cometieron crímenes, incluso antes de instalarse la dictadura, en marzo de 1973; el golpe fue en junio de 1973. Lo hacen en un ámbito militar, cuando lo habían negado en la justicia civil; lo hacen porque se consideran cubiertos por el pacto de silencio.

Es la confirmación más que evidente de que existe ese pacto de silencio, de "omertá" entre delincuentes, sobre esos crímenes y que mandos actuales, generales en actividad, los conocen perfectamente y además afirman en un fallo de esos tribunales que esos crímenes aberrantes y cobardes, prohibidos incluso por las convenciones que regulan las guerras, como la Convención de Ginebra, no afectan el honor del Ejército. Y uno se pregunta: Pero ¿qué es lo que puede afectar el honor de ese Ejército? ¿Torturar, asesinar a un prisionero indefenso, tirar su cadáver al río para ocultarlo, matar a una muchacha, María Claudia García de 19 años que recién dio a luz?

¿No afecta el honor de los delincuentes ni del Ejército, que hayan dejado que el coronel Juan Carlos Gómez haya estado preso tres años por un crimen que no cometió y que esos jefes y asesinos conocían perfectamente su inocencia? ¿Se pueden seguir llamando soldados, los asesinos y los generales que emitieron esos fallos? No, y que el general Manini Ríos deje de engolar la voz y hacer discursos electorales desde el Comando del Ejército y asuma toda su responsabilidad. Y que la asuma ante la justicia, que es donde corresponde.

Pero hay otras responsabilidades, el Ministro de Defensa, Jorge Menéndez, gravemente enfermo, leyó los documentos, las actas de los tribunales, consultó a dos abogados del Ministerio y se fue a la Presidencia de la República a presentar esas evidencias, en el mes de febrero de este año. Se los entregó al secretario general de la presidencia, Miguel Ángel Toma. ¿Qué pasó después? No lo sabemos.

¿Toma se los entregó al Presidente Vázquez o solo le hizo firmar ese horror de homologación de los tribunales, que lo perseguirá por toda su vida? Si no lo alertó y no le entregó esos documentos, debe ser destituido de inmediato y denunciado ante los fiscales, por una grave falta a su deber como funcionario público. Y debe ser repudiado por la ciudadanía por su complicidad o su ineptitud. Lo último lo dudo.

Si se lo entregó al Presidente, el que debe hacer algo más que asumir las responsabilidades políticas de palabra, es Vázquez, que debería irse de la peor manera. De tanto flotar y hacer la plancha se ha olvidado de sus principales obligaciones institucionales, políticas y morales. Su deber ante las víctimas y los luchadores contra la dictadura. Es su deber y está establecido en la Constitución y en el Programa del Frente Amplio, supuestamente sus libros de cabecera.

Estas barbaridades - que se descubrieron porque el periodista Leonardo Haberkorn de El Observador, publicó las actas - no se arreglan con la destitución de los involucrados, incluyendo la profunda injusticia de inculpar al ministro de Defensa, enfermo e indefenso y proteger a su mano derecha a Miguel A. Toma. Esa es otra vergüenza y una cobardía.

Como es una vergüenza el tuit de Julio María Sanguinetti. Si hay en este país un promotor de "guardar" las citaciones judiciales en la caja fuerte de un general de la época de la dictadura y en ese entonces Ministro de Defensa y un promotor feroz promotor de la ley de impunidad, ese es Julio María Sanguinetti. Así que no puede lavarse las manos de esa manera. Asuma sus responsabilidades, como las tienen que asumir en otro plano el Partido Nacional y su interminable silencio durante su presidencia y después. Es justo recordar que recién en el gobierno de Jorge Batlle se creó la Comisión para la Paz que comenzó a correr el velo de los crímenes. Antes, solo hubo silencio y oscuridad.

El asesinato de Roberto Gomensoro fue en el mes de marzo de 1973, es decir antes del golpe de estado (27 de junio de 1973) por lo tanto los crímenes no están incluidos en la ley de impunidad y cuando el MLN había sido derrotado política y militarmente en toda la línea. No hay la mínima y más remota justificación para este crimen, que no fue motivo de ningún enfrentamiento ni nada parecido. Es pura cobardía y sadismo.

Y si faltaba algo para completar esta inmundicia, el diputado Carlos Rodríguez Gálvez, del Movimiento de Participación Popular FA - MPP, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes, que se presenta como un gran conocedor de la "cabeza militar" y explica por qué se justifican las resoluciones del Tribunal de Honor y para ello recurre a la semántica. Más patético imposible.

Dicho todo esto, lo único que lamento, porque esta situación me revuelve las tripas, las entrañas y estoy seguro que las de un pueblo civilizado y democrático que nunca reclamó venganza, es que no pueda escribir con todas sus consecuencias "Que tupé", destinado a los criminales, a sus cómplices civiles y militares.