El Movimiento de Participación Popular (MPP) rechaza enfáticamente el nuevo sistema jubilatorio, cuyas consecuencias profundizan la desigualdad por ser un ajuste fiscal encubierto, que perjudica a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

La necesidad de modificar la nueva ley es indiscutible. Por dicha razón, el tema se instaló en el debate público. Las organizaciones sociales comenzaron a discutirlo, incluidos el PIT-CNT y las bases del Frente Amplio, con al menos tres propuestas para encarar este asunto. En el MPP decidimos hacer una consulta a la militancia y durante 30 días debatimos en la interna, a lo largo y ancho del país y de la forma más democrática posible, para evaluar una definición que se adoptó este domingo 8.

Si este problema se posiciona en la agenda pública es porque cada día hay más voces que se suman al rechazo a esta reforma jubilatoria del Gobierno. La mal llamada reforma de la seguridad social no incorporó los asuntos principales de un sistema de la seguridad social, no resolvió los grandes problemas de la desigualdad de género o de ingresos (con un 25% que no aportan y después tienen problemas para sacar su jubilación), no resolvió el desempleo juvenil y no incorporó los asuntos del cambio tecnológico.

Pero sí incorporó un aumento al barrer de la edad jubilatoria que finalizó en más años de trabajo por menos ingresos. Justamente, lo contrario a las promesas de campaña de Luis Lacalle Pou. Esto nos parece injusto y el cambio se hace necesario. Las movilizaciones en todo el país, los arduos debates parlamentarios, las posiciones en contrario a esta reforma por nuestra parte, evidencian que hay respaldo para analizar los cambios para favorecer a los que tienen menos fuerza y lo asumimos como una obligación.

La discusión es cómo hacerlo. Porque una ley sobre la seguridad social no puede modificarse mediante una consulta popular, según establece nuestra Constitución. Algunos compañeros y compañeras indican que si la carta magna lo impide entonces hay que cambiar la Constitución y a nosotros esto nos parece un debate más bien jurídico.

En términos políticos, nosotros queremos avanzar en una reforma con una visión que amplíe los derechos de las y los trabajadores, que respete las largas tradiciones de los cambios en la normativa previsional desde que el Frente Amplio fue Gobierno.

Queremos convocar a decidir, más que por este relevante aspecto de la vida de todos los uruguayos, hacia un cambio de las políticas sociales, productiva y económica. Por el Uruguay que queremos, hacia nuevas políticas que abran el camino hacia el desarrollo y el crecimiento. El foco del debate político en 2024 debe ser claro: queremos cambiar al Gobierno para cambiar al país. Y para esto necesitamos los máximos esfuerzos.

Queremos que vuelva la construcción de viviendas a todo nivel, inversión pública para el empleo y el desarrollo, y más presupuesto para la educación, entre otros aspectos programáticos que estamos trabajando con todos los compañeros del Frente Amplio. En ese marco, el 2 de marzo un gobierno de izquierda está comprometido con una convocatoria a un amplio debate social para modificar esta reforma que todo el campo popular rechaza.

Para nosotros, este es el camino. En el marco de una campaña electoral que deberá confrontar dos modelos de país y dialogar con la gente, el foco a favor del cambio es esencial. En el MPP encontrarán a un defensor de la independencia de las organizaciones sociales. En este debate, consideramos que el mejor camino es convencer a las más amplias mayorías para derogar esta reforma a partir de un amplio diálogo con todos los uruguayos.

El MPP analizó posturas y argumentos. Nos comprometimos y queremos aportar. Entendemos que una ley se deroga con otra ley. Conversaremos con fraternidad con todos los compañeros y compañeras. Así es la democracia. La discusión programática nos convoca para promover ante la ciudadanía las soluciones que las y los uruguayos estamos esperando para abrir un nuevo tiempo de esperanza.