Opinión | Para el 27 de marzo, informar es el camino

La campaña por explicar e informar por qué queremos derogar 135 artículos de la LUC está en marcha y estamos participando activamente de ella. Es ésta esencialmente una oportunidad de ejercicio democrático que nos debe motivar a todos a debatir con altura de miras y tratar de desarrollar fundamentos, en vez de ataques sin sentido.

Lamentablemente hemos vivenciado un par de episodios en el camino que entorpecen el ejercicio democrático tanto de quienes apoyan la derogación. Pero también de quienes no apoyan la derogación, porque todo ataque al sano debate en democracia, es un ataque a nuestras libertades. Días atrás en Salto, material propagandístico de la Campaña por el SI, que se construye del esfuerzo de la militancia, fue destruido y vandalizado, mostrando altos grados de intolerancia y violencia política. Al romper esos carteles, no solo se busca competir de manera injusta, sino que se da la señal de que se quiere eliminar las opiniones contrarias. ¿Es este realmente el espíritu de quienes defienden la LUC? ¿Qué tiene para decir al respecto el gobierno en este sentido? Creemos claramente que ese no es el camino a seguir.

Días después, en otro episodio de ataques, un grupo de seguidores de quienes apoyan la LUC comenzaron a difundir una noticia falsa de que le corté el teléfono a los periodistas Juanchi Hounie y Raul Ponce de León cuando estaba brindando una entrevista sobre la derogación de 135 artículos de la LUC. Jamás he cortado, ni se me cruzaría por la cabeza, el teléfono a un periodista en medio de una entrevista. Bien saben que de manera permanente estoy abierto al diálogo con la prensa y con todo aquel que quiera intercambiar sanamente. En el momento que realicé la entrevista, como lo hago de manera permanente, estaba en viaje hacia la capital desde Salto. En tramos de la ruta la señal prácticamente desaparece y de eso saben varios quienes me han entrevistado o con quienes mantengo reuniones en mis trayectos cotidianos por el país. Pero el camino que eligió un grupo de militantes, y altos personeros como la Senadora Graciela Bianchi, fue el de la difusión de información de carácter falso. No, no le corté el teléfono a ningún periodista. A pesar de los ataques seguiremos explicando por qué queremos que gane el SI el próximo 27 de marzo.

Sí tenemos argumentos para derogar 135 artículos de la LUC y los estamos explicando día a día, barrio a barrio y eso al parecer molesta. Más allá de refugiarme en mis posiciones, mi camino es de diálogo y de apertura al debate, de salir al encuentro con el que piensa distinto. Por ello he aceptado invitaciones que me han realizado para intercambiar sobre el alcance de los artículos que buscamos derogar.

Para ello es necesario hablar con la verdad y derribar mitos. Este no es un referéndum contra el gobierno. De una ley que tiene más de 470 artículos, solo buscamos derogar el 28%, es decir 135 artículos. No se trata de un referéndum respecto a si se está a favor o en contra del gobierno, se trata de sostener que esas normas aprobadas en una “ley ómnibus” que en medio de la pandemia se declaró como de urgente consideración, afectan derechos ya consagrados en nuestro país.

Una pregunta que me hago por ejemplo es, por qué el Servicio de Inteligencia abandona el control y rendición de cuentas al Parlamento para pasar a ser una dependencia total de la Presidencia. ¿Por qué habría de concentrarse todo el poder respecto a la inteligencia en una oficina pública que según señala el art. 118 de la LUC no debe rendir cuentas al Parlamento? Con la información que tenemos respecto a lo que está sucediendo por ejemplo en el Departamento de Rocha, donde existen denuncias de que labores de inteligencia han seguido a militantes por el SI a la derogación o también a sindicalistas, ¿Es oportuno profundizar la falta de transparencia y control de un organismo de este tipo? ¿En qué favorece esto? Lejos de ver algún atisbo positivo, creemos que es sumamente grave y que se debe derogar.

En otro orden, justo cuando se cortó la comunicación con los periodistas la semana pasada, estaba explicando por qué entiendo que debemos derogar los arts. 235 y 237 de la LUC respecto a los precios de venta de los combustibles producidos por ANCAP. Ya sabemos que la aplicación del posterior Decreto 271/020 en que se cita a un Comité de Expertos para establecer los mecanismos para la asignación de los precios del combustible. En ese Comité de Expertos no se incluye a técnicos de ANCAP. El resultado ya lo sabe el bolsillo de la gente, los combustibles desde el inicio de este mecanismo han aumentado persistentemente y, si bien los informes de URSEA siguen estableciendo que se deben subir los precios, curiosamente se han enlentecido los aumentos en el contexto de la campaña por el referéndum del próximo 27 de marzo.

Ni que hablar que este tipo de mecanismo desconoce el rol social que cumplen las empresas públicas en Uruguay. De la misma manera sucede con el artículo 285, en que se señala que las sociedades anónimas que son propiedad del Estado deben abrir su capital de acciones al mercado de valores. ¿Con qué objetivos? Las empresas públicas, en tanto empresas, deben transitar el camino de mejorar su eficiencia, complementariedad y aportes a la calidad de vida de nuestra población. Si hacemos esta apertura, podríamos poner en riesgo el patrimonio de las empresas del Estado, sin ningún sentido. Precisamente cuando vemos a los países de la región sucumbir en su esfuerzo de mejorar la calidad de vida de la población, nos damos cuenta de la importancia de contar con un Estado que tenga herramientas eficaces y eficientes. Buscar la mejor gestión no significa necesariamente que capitales privados vengan a integrar los proyectos de las empresas públicas, porque precisamente el objetivo de estos proyectos es apuntalar al interés general, del colectivo social que tienen estas empresas. ¿Hay que mejorar la gestión y revisar ciertas sociedades anónimas de las empresas públicas? Sí, no podemos rehuir a la discusión, pero ello debería darse en un marco más amplio de debate y no en una ley en que se plantea una urgencia que no es tal y se habilita a borrar de un plumazo áreas estratégicas para nuestro país.

Con esta columna, sigo transitando el camino de las ideas, en que iré profundizando en distintos aspectos de los 135 artículos que buscamos derogar en esta hazaña popular. Pero siempre transitando el camino del debate con altura de miras, en democracia y ciñéndonos a esos artículos en particular. Me van a encontrar siempre del lado de la vereda de los que, lejos de pasiones políticos partidarias, estamos dedicando nuestra vida a mejorar nuestro país. Bienvenido el debate.

Andrés Lima

Intendente de Salto