Opinión | Nueve propuestas urgentes para la pandemia de inseguridad

Termino de escribir estas líneas, cuando leo un titular: “Un niño de 8 años fue asesinado en su casa en Malvín Norte”. El dolor, la impotencia, la rabia contenida debe dar paso a la acción para poner un freno a todo esto. ¡El gobierno nacional no tiene vergüenza, es un fracaso en materia de seguridad! Es tiempo de reconocerlo, Uruguay se encuentra en un momento crítico en esta materia y es imperativo analizar de manera crítica las acciones del gobierno ante esta problemática. No hay que darle mayores vueltas: estamos ante una pandemia de la inseguridad y se hace necesario un cambio de enfoque. Hoy ponemos a disposición nueve propuestas para que pongamos un freno a este desangramiento social en materia de inseguridad que se está llevando vidas inocentes.

1. Convocar a una mesa de diálogo nacional con todos los partidos políticos, la policía, organizaciones sociales, la academia y la comunidad internacional para tomar decisiones basadas en evidencia. La convocatoria a una mesa de diálogo nacional, como se propone en la primera medida, es un llamado a la acción que el gobierno no puede pasar por alto. La falta de una estrategia integral y la ausencia de un compromiso real para abordar la situación actual han dejado a la ciudadanía desprotegida.

2. Crear nuevos puestos para aumentar la cantidad de policías desplegados en el territorio y así prevenir y combatir la delincuencia. El segundo punto, que aboga por la creación de nuevos puestos policiales, es una respuesta directa a la creciente inseguridad. La presencia policial es fundamental, pero es necesario respaldarla con recursos tecnológicos y políticas eficaces para abordar las causas subyacentes de la delincuencia.

3. Brindar apoyo tecnológico (vehículos, armas, etc.), infraestructura (casetas de vigilancia, recuperar comisarías, mejorar destacamentos) y respaldo político a la Policía. La tercera medida destaca la importancia de brindar un respaldo real a las fuerzas del orden en términos de tecnología, infraestructura y apoyo político. Resulta evidente que el gobierno ha quedado rezagado en este aspecto, comprometiendo la eficacia de las fuerzas de seguridad.

4. Implementar la instalación de cámaras de vigilancia en todo el país. La instalación de cámaras de vigilancia a nivel nacional, como se propone en el cuarto punto, es una herramienta crucial en la lucha contra la delincuencia. La falta de inversión en tecnologías de seguridad demuestra la falta de visión estratégica por parte del gobierno.

5. Implementar programas de prevención del delito y promoción de la seguridad ciudadana, centrándose en la educación (más escuelas de tiempo completo y más liceos de tiempo extendido), el deporte (trabajo coordinado entre las intendencias y la Secretaria Nacional de Deportes) y la cultura popular (formación musical, teatro, plástica, carnaval, talleres barriales, etc.). Con estas medidas de prevención del delito el objetivo es disminuir el riesgo y generar mejores condiciones para que los adolescentes y los jóvenes no sean captados tan fácilmente por el narcotráfico o el mundo del delito. La quinta medida destaca la importancia de programas preventivos centrados en la educación, el deporte y la cultura. Mientras la oposición propone medidas proactivas para alejar a los jóvenes de la delincuencia, el gobierno ha fallado en proporcionar soluciones a largo plazo.

6. Mejorar el presupuesto del Poder Judicial (hay dificultades locativas, falta de jueces, falta de equipos multidisciplinarios) y el presupuesto de Fiscalía (con el transcurso del tiempo los fiscales han ido asumiendo responsabilidades mayores, que no se han correspondido con una asignación de recursos que les permita cumplir las nuevas tareas). El sexto punto resalta la urgencia de mejorar los presupuestos del Poder Judicial y la Fiscalía. La falta de recursos ha dejado al sistema legal desbordado, y es responsabilidad del gobierno garantizar una Justicia eficiente y accesible.

7. Establecer unidades especializadas en delitos cibernéticos para combatir el fraude, el robo de identidad y otros delitos en línea. Estás nuevas formas de delito han crecido. Por ejemplo, estafas por computadoras y acoso sexual digital. La séptima medida aborda los delitos cibernéticos, una realidad en constante crecimiento. La ausencia de unidades especializadas en este campo demuestra la falta de adaptación del gobierno a los desafíos modernos de la delincuencia.

8. Universalizar los programas de estudio en los sitios de reclusión, los programas de capacitación en oficios, y el trabajo de los reclusos. Que del peculio que genere ese trabajo del interno, una parte tenga como destino el sustento de su familia; que una segunda parte tenga como destino generar un fondo para el día que en recluso recupere su libertad, y que la tercera porción del peculio tenga como destino el propio sistema carcelario, para generar los recursos que se necesitan para cubrir las necesidades del privado de libertad. La octava propuesta, centrada en la reinserción de reclusos, destaca la necesidad de programas efectivos en los sitios de reclusión. El gobierno ha descuidado esta área, comprometiendo la posibilidad real de rehabilitación y reducción de la reincidencia.

9. Combate frontal al narcotráfico. Elaborar políticas de Estado que trascienden los períodos electorales. Redefinir el control de ingreso por frontera seca, aérea y portuaria, creando una fuerza especializada y con la tecnología adecuada en todos los puntos de control. Finalmente, la lucha contra el narcotráfico, como se propone en la novena medida, es un llamado a la acción necesaria. La falta de políticas de estado efectivas ha permitido que este flagelo se perpetúe, afectando la seguridad de todos los uruguayos.

En resumen, las propuestas de la oposición representan una oportunidad crítica para replantear las políticas de seguridad en Uruguay. El gobierno actual debe abandonar la complacencia y abrazar medidas concretas y efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Es ahora.