Opinión | Nuestra acción de amparo ante el abuso de poder del gobierno

Por Pablo Mieres | @Pablo_Mieres

Hemos presentado una acción de amparo ante la Justicia para impedir que la Presidencia de la República siga tratando de influir en la campaña electoral mediante la publicación de declaraciones de diferentes jerarcas que son propias del debate y la disputa electoral.

Días pasados el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, realizó declaraciones con contenido nítidamente electoral ingresando en el debata de campaña y, sorprendentemente, estas declaraciones fueron incorporadas a la página web de Presidencia.

Unas semanas antes había ocurrido lo mismo con declaraciones del Ministro de Economía, Danilo Astori, quien contestó a otras afirmaciones descalificando los programas de gobierno de los partidos de oposición. Tales declaraciones también fueron subidas a la página web de Presidencia.

Las democracias maduras tienen reglas muy claras y precisas que determinan los límites que deben observar las diferentes autoridades de gobierno. En nuestro país, particularmente, se limita expresamente el accionar de la Presidencia de la República incluyendo normas muy restrictivas sobre el eventual abuso de poder por parte de quien tiene los recursos otorgados por el Estado.

En efecto, hay que distinguir con claridad entre el ámbito del Estado y del gobierno, que debe ser institucionalmente respetuoso de las posiciones de todos los uruguayos, del ámbito de la disputa partidaria y electoral en donde cada partido y cada candidato debe acudir a los medios de comunicación o a sus propios canales de comunicación partidarios para expresar y debatir sobre sus puntos de vista.

Lamentablemente, en nuestro país han ocurrido muy a menudo acciones desde el gobierno buscando "flechar la cancha" a favor de su partido.

En efecto, en las elecciones de 2014 las empresas públicas jugaron un papel inaceptable multiplicando su pauta publicitaria en plena campaña electoral para destacar los éxitos de la gestión del gobierno saliente. Particularmente grave resultó la publicidad de ANCAP que gastó millones de dólares para destacar sus supuestos logros que, un año después dejaron al descubierto una situación de quiebra por ochocientos millones de dólares que tuvimos que pagar todos los uruguayos. Rotundamente vergonzoso.

También en 2014, y en violación a la Constitución, el MPP usó la imagen del Presidente de la República, José Mujica, en actos y actividades proselitistas, violando de manera flagrante lo establecido en la Constitución de la República.

En esta oportunidad, en la que el abultado déficit fiscal en que se encuentra el país, marca restricciones a la pauta publicitaria de las empresas públicas, se ha utilizado un artículo de la Ley de Medios para bombardear de manera atronadora a todos los ciudadanos con supuestas "campañas de bien público" que no son otra cosa que el "autobombo" de la gestión del gobierno.

No hay duda de que el gobierno busca, de esta manera, amplificar y acompañar la campaña electoral del Frente Amplio, con el agravante de que, en virtud de lo establecido en la ley, emisión de estas campañas es totalmente gratuita para el Estado. Usa, por lo tanto, recursos del Estado (que son de todos los uruguayos) para otorgar un apoyo directo a su candidato presidencial.

Nosotros hemos presentado un proyecto de ley por el que incluíamos fuertes modificaciones y limitaciones a la normativa vigente, entre ellas la prohibición de hacer este tipo de campañas durante la campaña electoral.

Debemos agregar, además, que esta acción desembozada de parte de la Presidencia de la República para ayudar a la campaña del Frente Amplio, tuvo su comienzo con el acto que el Presidente Vázquez encabezó el pasado 1° de marzo en el ANTEL ARENA.

En esa oportunidad, disfrazando el evento de un acto de gobierno de rendición de cuentas al cumplirse su cuarto año de mandato, se produjo un verdadero acto de lanzamiento de campaña del Frente Amplio.

Un discurso propio de campaña electoral con alusiones directas a la oposición y con público acarreado especialmente para la ocasión a efectos de aplaudir sus contenidos.

Lo único que faltó fue el jingle de campaña. Un verdadero atropello a la institucionalidad democrática que en su momento cuestionamos duramente.

Estos hechos deben terminar y la eventualidad de un fallo judicial amparando nuestro reclamo y obligando a Presidencia de la República a retirar las mencionadas declaraciones al tiempo que prohibirle reiterar este tipo de manifestaciones, sería un hecho histórico que marcaría una fuerte señal de la importancia de la institucionalidad democrática y de la observancia de los principios republicanos de gobierno.

Por todas estas razones es que el Partido Independiente resolvió presentar esta acción de amparo, rindiendo tributo a la tradición histórica de este país y su fuerte adhesión a los principios democráticos.

Esta es parte de nuestra identidad básica como partido, desde que entramos a la vida política.