Por Raúl Viñas

Me halaga que el Sr.Valenti haya hecho una recorrida en mi historial, aunque solo sea por buscarle la quinta pata al gato y le haya quedado incompleta, produciendo un resumen tendencioso.

Es bueno que un ciudadano con muy buen acceso a los medios de prensa y que incluso maneja su propio portal en la web, haya de pronto decidido interesarse en el tema, aunque mas no sea para protagonizar el triste papel del defensor de la empresa, complementando el accionar de algunos integrantes del gobierno.

Así sus dichos, que pretenden ser argumentos, se tiñen de las mismas falacias que antes expresaron voceros gubernamentales, cuando convenientemente para la empresa mezclan al sector forestal y sus actividades con las de las plantas de celulosa en zona franca.

De las zonas francas celulósicas no se generan más ingresos para el país que los de la compra de madera, al igual que si la misma se exportara a otros mercados. Compra que además hacen las zonas francas a sus propias empresas forestales, con las que no pueden ser tratadas como grupos económicos por la DGI al estar justamente en zona franca.

Las zonas francas son en todo el mundo como dice Valenti, "un instrumento válido para atraer inversiones" y en el Uruguay operan 11 que emplean algo más de diecisiete mil personas en sectores muy diversos. Las zonas francas permiten que actividades como las de servicios informáticos que pueden desarrollarse en todo el mundo, se instalen con ventaja en Uruguay al igual que algunos procesos industriales como la producción de concentrados de bebidas gaseosas que también pueden hacerse en cualquier lugar de planeta.

El problema es cuando se otorgan zonas francas al procesamiento de los productos locales, procesamiento que no se puede hacer salvo en la cercanía de las fuentes de producción, como es el caso de la celulosa que necesita la madera.

En el caso uruguayo, además, las plantaciones de árboles se desarrollaron en base a reintegros, exoneraciones y subsidios que pagamos todos los uruguayos y que, en su mayor parte, fueron aprovechados por las multinacionales celulósicas. Cuando esas plantaciones llegaron a una masa crítica que posibilitaba la industrialización local, momento en que el país podía pensar en recuperar al menos parte del dinero entregado, se permitió la instalación de la industria celulósica en Zona Franca.

Como ya dije, esas zonas francas son lo más parecido a factorías coloniales. Agrego ahora que no hay ejemplos en el mundo de países que entreguen de esa forma sus genuinas fuentes de recursos. Específicamente para la producción de celulosa, hay en todo el mundo solo dos zonas francas que son las dos entregadas por nuestro país a UPM y Stora-Arauco.

Ya no dice el Sr. Valenti que UPM mejorará el agua del Río Negro, como expresaron increíblemente autoridades ambientales de nuestro país, y no discute el costo para los uruguayos del TREN DE UPM al que trata de justificar con los mayores costos que supone una PPP. Eso en contrario de los informes del Ministerio de Economía y Finanzas que, concluyeron, era más barata la PPP que la obra pública directa cuando se decidió adjudicar la obra.

Debo reconocer además al Sr. Valenti, que no sale a la defensa del infame contrato firmado por nuestro gobierno con UPM, contrato que ha sido incluso criticado, tímidamente, por integrantes del partido de gobierno como los Señores Bergara y Olesker. Lamentablemente tampoco lo niega, cuando ese contrato nace bastardeado en base un conjunto de decretos aprobados en el primer período de presidencia del Dr. Vázquez sobre los que el Sr. Valenti evita expresarse.

Son esos los decretos 455/2007 y 477/2008 que determinan como los denominados "grandes proyectos de inversión", deban ser presentados exclusivamente en la Secretaría de la Presidencia de la República que los recibe y preside una comisión que los estudia y prepara el proyecto de un "contrato de inversión", figura que no existe en la ley de promoción de inversiones que el decreto dice reglamentar.

Así en el caso de UPM, los documentos en que se inscriben los compromisos asumidos por Uruguay para facilitar el negocio de UPM, son al menos tres.

El inicial se negoció en secreto y se firmó en 2017. Su firma se hizo en un acto público, con presencia de ministros que concurrieron, sin tener arte ni parte, a enmarcar la firma del Secretario del Presidente, su Secretario y el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con los representantes de UPM.

El segundo, modificativo del primero, permaneció fuera de la luz pública por casi un año. A este, solo se pudo tener acceso por una acción al amparo de la ley de acceso a la información pública. Su firma, realizada en secreto en abril de 2018, fue convalidada por el Poder Ejecutivo solo cuatro días después de realizada, confirmando que se firmó sin autorización previa.

El tercero, denominado "Contrato Complementario", también firmado en secreto, posibilitó el adelanto por parte de UPM de su anuncio para la construcción de la planta al otorgarle la posibilidad unilateral de retirarse del compromiso asumido.

Todos ellos sin posibilidad de control parlamentario como el que se exige a cualquier acuerdo internacional.

Así, lo invito al Sr. Valenti a que lea esos decretos y haga uso de su influencia mediática para impulsar su derogación, salvo que vea con buenos ojos la centralización en la secretaría de la Presidencia de la República de los proyectos de inversión y que el país se rebaje al nivel de las empresas para firmar contratos limitando o, directamente, eliminando en las operaciones con esas empresas a los poderes judicial y legislativo de la República.

De la misma forma quedo a sus órdenes para discutir, conversar o debatir a su conveniencia sobre estos temas dónde y cuándo lo considere conveniente.

Saludos
Raúl E. Viñas
METEORÓLOGO MSc
Integrante de MOVUS*
*Movimiento por Uruguay Sustentable