El Parlamento aprobó la última Rendición de Cuentas con posibilidad de aumento presupuestal durante este período legislativo. El próximo incremento de recursos lo realizará el nuevo gobierno que asuma en 2025, para aplicarse al año siguiente. Cerrada esta etapa, comparto algunas consideraciones políticas.

Los números dejan a la vista el desarrollo de políticas. Y la realidad marca que existe un modelo de la igualdad y otro de desigualdad. El primero es el que implementó el Frente Amplio durante sus 15 años de gobierno. El segundo es el que ha desarrollado la coalición multicolor desde el año 2020 a esta parte.

Nuestro modelo implicó transferencia de recursos, reconocimiento de derechos y transformaciones estructurales como las que, por ejemplo, llevaron a una caída sostenida de las desigualdades sociales, lo que es fácilmente constatable en cifras. Durante los gobiernos progresistas cayó la desigualdad; fuimos un país más igualitario. Eso tuvo que ver con los Consejos de Salarios, con la mejora de los ingresos laborales y de las jubilaciones, con la reforma tributaria, con la creación del Fonasa; no fue casualidad. Sin embargo, cuando se mira esos mismos indicadores en este Gobierno, empeoraron, sobre todo los más sensibles. Esto no lo afirma el Frente Amplio, lo dicen los datos del gobierno.

Compartimos y destacamos el anuncio de un plan para priorizar las infancias, pero los resultados muestran que esas políticas han fracasado. Y el primero que lo reconoció fue el propio director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, quien dijo que no sabía por qué había subido la pobreza infantil. Los resultados nos golpean: en el tramo de 0 a 5 años, en 2019, la pobreza era de un 16,4%. Hay que recordar que en 2005 la pobreza en este tramo estaba por encima del 50%. En el primer semestre de 2023, la pobreza está en 20,9%. En el tramo de 6 a 13 años, durante 2019, la pobreza estuvo en el 15,8%, y este año en 19%. En 2019, la pobreza entre los 14 y 17 años era de un 14,8%, mientras que en 2023 es de un 18,8 %. Este es el modelo de la desigualdad porque se expresa en el sector más débil y frágil de la sociedad, que son los niños.

Si tenemos en cuenta que la economía experimentó una gran recuperación en 2021, que siguió mejorando en 2022 y que ha superado los niveles de 2019, la pregunta es hacia dónde fue ese crecimiento económico. La evidencia indica que no fue hacia los sectores más postergados. Así se manifiesta la política de la desigualdad.

El gobierno debe hacerse cargo y rendir cuentas; no a la oposición, sino a la gente. Los mejores “cinco años de tu vida” van a dejar un país con una pobreza infantilizada en un contexto de crecimiento económico. Esto es un problema de toda la sociedad. El gobierno escogió un camino y fracasó; se deben rendir cuentas y rectificar el rumbo.

De espaldas a la educación

El proyecto de Rendición de Cuentas enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo no contenía ningún artículo destinado a los incisos relativos a la educación. Esa es la consideración que se tuvo para con el sistema educativo. Cero incremento. Es de destacar que, en ambas cámaras, incluso desde la iniciativa de algunos legisladores de la coalición, se realizaron esfuerzos para conseguir recursos luego de que su propio gobierno se los negara.

En campaña electoral y ya instalados en el gobierno, se han cansado de repetir que no es necesario invertir más. Que el secreto está en administrar mejor. Esto es una falacia. Por supuesto, que siempre se debe tener la mira en proveer los dineros públicos de manera eficiente, pero hay cosas que no se pueden hacer sin recursos.

Las solicitudes presupuestales que realizó la Universidad de la República apuntaron a la consolidación de la expansión por todo el territorio nacional y a mejorar la relación entre el número de estudiantes y la cantidad de docentes, dado el gran crecimiento de la matrícula. Este objetivo no se puede cumplir sin aumento presupuestal, y lo que ha ocurrido es lo contrario. Nuevamente los números son muy claros al respecto. Durante los años de gobierno progresista se produjo un sistemático aumento de inversión: entre 2005 y 2009 la variación presupuestal fue de un 75% de aumento; entre el año 2010 y 2014 hubo un 22,3% de variación presupuestal positiva; entre 2015 y 2019 el crecimiento fue de un 20,1%. Está inversión permitió, entre otras cosas, la expansión de la universidad por todo el territorio del país, pasando de 3.000 estudiantes a más de 20.000 en el interior de la república. Eso es un aumento del 600%. Y para eso se necesitó dinero. Como contrapartida, entre 2020 y 2024, el presupuesto de la Universidad lleva una reducción del 2,6%. Quizá el indicador más fuerte que señala la caída presupuestal que ha tenido la Udelar es el gasto por estudiante, que pasó de US$ 4.686 a US$ 3.404. Y estos números hablan de un deterioro de las condiciones de aprendizaje.

La Universidad actual dista mucho de aquella que conocimos hace veinte o treinta años. De 60 mil estudiantes pasamos a 150 mil. Con centros y ofertas académicas diseminados en todo el territorio. Con una amplia propuesta de carreras, enfocadas en las necesidades y los objetivos productivos de cada región. Para sostener y expandir este modelo es necesario contar con docentes radicados en el medio, mejores salarios que hagan atractiva la continuidad dentro de la institución, la mejora de la infraestructura, el desarrollo de proyectos de investigación científica. Para todo eso es imprescindible disponer de presupuesto. La política del gobierno multicolor va en la dirección contraria.

Una reforma sin apoyo ni presupuesto

Fue una de las banderas electorales desplegadas en campaña por la coalición multicolor. Se ha difundido y promocionado como un cambio disruptivo en la historia de la educación nacional. Pero la realidad es testaruda.

El mal manejo y los tropiezos que las autoridades de la educación han llevado adelante en estos cuatro años de administración han conducido a que el apoyo inicial se diluya. Y eso queda de manifiesto (entre otras muchas situaciones) en esta Rendición de Cuentas. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) solicitó al Poder Ejecutivo 100 millones de dólares de incremento presupuestal, la mayor parte destinada al desarrollo de la transformación educativa. La respuesta fue nada, cero peso para la ANEP. Ni siquiera una señal de apoyo.

La discusión parlamentaria permitió que un dinero ya ejecutado a la Corporación Nacional para el Desarrollo, con el fin de inversión en infraestructura en educación de la propia ANEP, pueda ser destinado a otros rubros, presumiblemente a la transformación educativa. Es decir, que luego del tratamiento en ambas cámaras y con mayoría parlamentaria, los legisladores del gobierno no pudieron sumar ni un sólo peso a la reforma. Los hechos son contundentes.

La administración de la educación pública y su transformación han fracasado. No ha logrado convencer ni a sus correligionarios. Como dijo una referente de la educación nacional, ‘es la reforma del ministro [Pablo] Da Silveira, llevada adelante junto a Robert Silva’.

El proceso ha sido de espaldas y en contra de los actores directos vinculados a la educación. Y no se trata exclusivamente de los denostados sindicatos; las Asambleas Técnico Docentes se han expresado claramente. Colectivos docentes no sindicalizados han expresado sus discrepancias. No es posible imponer un cambio de paradigma sin implicar a quién deben llevar adelante esas transformaciones.

Se cerró la última Rendición de Cuentas con posibilidad de aumento presupuestal y aquello de los dos modelos que discutimos en 2019 se ha concretado en los hechos. Los “cinco mejores años de tu vida” dejarán un país con mayores diferencias sociales, con mayor desigualdad y con menos recursos para la educación pública.