Opinión | Ni menos gasto público ni más eficiencia

El gobierno que venía a dejar la casa en orden deja al país con más deuda, menos salarios y jubilaciones, y peor bienestar para la gente.

Si habremos escuchado a los miembros de la coalición multicolor despotricar contra el gasto público, el endeudamiento del país y los gastos superficiales de ese Estado al que teóricamente lo iban a convertir en eficiente.

Sin embargo, nada de lo prometido sucedió. Si revisamos la información presentada en esta Rendición de Cuentas respecto a la calidad del gasto público, uno puede discutir si se gasta más o menos, pero lo relevante cualitativamente es si hace más o menos, es decir, si la vida de nuestra gente mejora o no. Se puede gastar menos y generar mejores bienes y servicios para la población, o se puede gastar más y no hacerlo. Este último fue el camino elegido por la coalición multicolor.

La política económica del actual gobierno no mejoró la vida de las uruguayas y uruguayos, la pobreza aumentó, sobre todo la infantil, hay menos medicamentos, hay menos obras en vivienda, hay menos recursos para la educación. Pero paradójicamente, y pese a los recortes, el gasto del Estado ha aumentado.

Por ejemplo, el incremento de la deuda bruta es alarmante: pasó de US$ 29.838.000.000 en 2019 a US$ 40.898.000.000 en 2022. La profunda preocupación ante este tema, que sentían los actuales partidos de gobierno cuando eran oposición, ha desaparecido. Y eso que la diferencia es abismal, porque en quince años de gobiernos frenteamplistas esa deuda creció en US$ 15.000 millones, mientras que ahora aumentó US$ 13.000 millones en tan solo tres años. Este sí es un récord. No está incluido en la exposición de motivos de la rendición ni tampoco hicieron una conferencia de prensa para comunicarlo, algo muy raro para un gobierno que anuncia cada “récord” con bombos y platillos .

El gasto público en 2022 sufrió un incremento con respecto a 2021 del entorno del 3,2%. Si lo comparamos con 2019, estamos en un incremento del 0,5%. Ahora bien; más allá de esta situación, cuando uno pone el foco en la distribución del gasto público se empieza a encontrar con algunas alertas y preocupaciones.

Cuando analizamos el recorte presupuestal —que comenzó en 2020, con el decreto 90/2020 realizado antes de la pandemia—, nos encontramos con que los organismos del artículo 220 de la Constitución —que son muy importantes para la calidad de vida de nuestra población presente y futura, dado que estamos hablando de la enseñanza y la salud—, sufrieron un recorte importante del orden del 3%, US$ 562.000.000. Quiere decir que son los que más han sufrido la carga en términos de reducción de recursos, no así en la Administración Central.

En consecuencia, a quien más se perjudicó fue a la enseñanza; en especial a la Universidad de la República, que ha tenido un sacrificio presupuestal enorme en un contexto de incremento de su matrícula y, por lo tanto, cae la inversión por estudiante y la calidad educativa. Hablo de la universidad, pero también sucedió en la Administración Nacional de Educación Pública. Además, esta caída del gasto no está asociada a una mejor calidad de la educación y, de hecho, el último informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED) dice que en términos educativos hoy estamos peor de lo que estábamos en 2019.

Por tanto, no se evidencia que el recorte presupuestal haya significado una mejor utilización de los recursos y que, por lo tanto, tengamos un mejor servicio educativo. Ni que hablar en lo relativo a la salud, porque basta con recorrer el país para encontrar los reclamos de la población por faltante de medicamentos en distintos hospitales públicos, las dificultades para el acceso a los servicios de salud, y los importantes recortes en inversión.

El recorte del gasto público social acumulado en el período 2020-2022 es de unos US$ 411 millones. Recordemos que el Gasto Público Social es el gasto en vivienda, salud y educación. ¿Y con qué convive este recorte? Convive, por ejemplo, con un aumento de la pobreza del 8,8 % al 9,9 %; con la pobreza infantil, que pasó de 18,6 % a 19,7% en los menores de seis años, un incremento del 3% con respecto a 2019; convive con que tenemos hoy un 6,4 % de trabajadores por debajo de la línea de la pobreza; convive con que tenemos casi un 8,5 % de trabajadores que ganan menos que un salario mínimo nacional, y convive con más de medio millón de uruguayos que sobreviven apenas con menos de $ 25.000 por mes. Y esos uruguayos y uruguayas son 100.000 más que en 2019.

En resumidas cuentas, la tan pretendida razonable administración y atención a las prioridades parece que no es tal, porque ni tenemos mejor educación, ni hemos mejorado la calidad de nuestras inversiones, ni la calidad de nuestro gasto público, ni la calidad de vida de nuestra gente. Hoy tenemos más deuda, menos bienes públicos, menos salarios y menos jubilaciones. Cuando se pasa raya, el bienestar de la población cayó y las promesas de la coalición multicolor no fueron más que encendidos discursos de campaña.