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Escribe Esteban Valenti

Opinión | Monopolio al ataque, aumento de las tarifas en el puerto de Montevideo

Este gobierno ha acumulado una cantidad casi insuperable de escándalos pero la entrega del puerto es un acto totalmente insólito.

28.06.2023 14:48

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2023-06-28T14:48:00-03:00
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Katoen Natie, usufructuando de su poder absoluto y por 60 años, concedido violando la Ley de Puertos por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou, anunció este lunes, asesorada y apoyada por la consultora CPA Ferrere, que aumentaba sus tarifas en el 24,1%, cargándole la culpa al notorio atraso cambiario y naturalmente pretendiendo aumentar todavía más sus ganancias que fueron de 20 millones de dólares en el 2022, mientras la Administración Nacional de Puertos (ANP) perdía 3 millones de dólares el mismo año.

Como puede apreciarse, la bochornosa entrega de la soberanía, del Reglamento de atraques de todo el puerto, del monopolio en el manejo de contenedores junto con otras prebendas, que incluyen el dragado pago por el Estado uruguayo hasta 14 metros, con un costo de 540 millones de dólares y que todavía no fue autorizado por las autoridades argentinas, junto con otros beneficios, ya muestra toda su voraz dentadura. Y esto recién comienza.

Este gobierno ha acumulado una cantidad casi insuperable de escándalos pero, desde el punto de vista de la afectación de los intereses nacionales, la entrega a la empresa belga del puerto Montevideo es un acto totalmente único e insólito en nuestra historia, que nadie absolutamente nadie puede creer que fue en forma gratuita. La inversión anunciada de 600 millones de dólares en el periodo equivale a 10 millones por año, una verdadera bicoca. Esto dado que el valor de la concesión actualmente supera los 2.400 millones de dólares, y que el año pasado las ganancias fueron de 20 millones de dólares.

Todos estamos esperando los balances, que ya deberían estar prontos, pero que extrañamente todavía no se han dado a conocer públicamente. Considerando que Terminal Cuenca del Plata (TCP) es propiedad en el 80% de Katoen Natie y en el 20% restante de la ANP, el conocimiento público de los resultados del balance del año 2022 ya deberían ser públicos hace tiempo.

El aumento del 24.1% de los precios de los servicios supera ampliamente todos los valores inflacionarios, los multiplica por tres veces y de acuerdo a todas las campañas lanzadas por las autoridades vendedoras-entregadoras, agrava la diferencia con los valores comparados de los servicios de otros puertos de la región, alejándose de toda competitividad.

Naturalmente que el monopolio concedido permite eso y mucho más.

La justicia que aceptó, luego de idas y venidas, procesar las denuncias de los legisladores Charles Carrera y Mario Bergara sobre ilegalidades en el proceso de entrega de la nueva concesión por la duración de 12 gobiernos diferentes, es posible que ahora sienta un mínimo de interés por analizar a la brevedad este expediente. En particular, que en la ley de Puertos se establece claramente que se requiere el pronunciamiento del directorio de la ANP y no solo de su presidente. Y que, por lo tanto, este abusó de sus atribuciones, de sus funciones.

Cuando se concretó abruptamente la operación, luego del discurso del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ante el Parlamento el 1° de marzo del 2021, en el primer aniversario de su mandato, sin ningún anuncio o rumor previo, se produjo un fuerte impacto en el mundo portuario y político. Pero ahora, luego de la serie ininterrumpida de escándalos que afronta este gobierno, las perplejidades ya han dado paso a las convicciones sobre una parte oscura de esta operación. Se trabaja intensamente en Uruguay y en algunos paraísos fiscales de gran porte en Europa para completar la información.

En su momento el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, le dirigió una carta pública al presidente de la República denunciando la gravedad de este hecho y sus consecuencias. Ahora la realidad comienza a superar las peores previsiones.

Hay dichos que no por repetidos pierden su vigencia: “Por la plata baila el mono”. Es el caso de los asesores legales y económicos de esta operación de miles de millones de dólares, preparada durante varios años, incluso previos a la llegada al gobierno del Partido Nacional.

La impunidad endulza y empacha, y ya comienzan a verse sus efectos, ahora en el manejo discrecional de los precios de los servicios. Veremos cómo reaccionan los sensibles socios de la coalición, en particular los que tienen al vicepresidente de la ANP, al que le pasaron toda la operación por debajo de las narices.


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