Primero lo primero: Uruguay es un país que tiene tensiones fiscales evidentes, que debe resolver mediante una reducción del déficit de manera de asegurar la sustentabilidad de sus cuentas públicas.

Pero es imprescindible entender que tan importante como la reducción del déficit en sí misma, son fundamentales cuándo, a qué velocidad y cómo se realiza esa reducción.

Y el ajuste fiscal de gobierno tiene problemas en estos tres niveles, ya que ha sido realizado en un momento de crisis económica, a una velocidad mayor que la que incluso se había planteado el gobierno inicialmente, y de mala calidad ya que se ha basado fundamentalmente en reducción de los salarios, las jubilaciones y la inversión pública.

Además, colaboró un factor absolutamente transitorio como la exportación de energía (explica una mejora del 0,5% del PIB), que puede hacer que, al desaparecer, se revierta rápidamente una parte de esa mejora.

¿Cuándo? Durante una crisis económica y social

El cambio de contexto generado por la covid-19 fue de tal magnitud que hizo replantearse objetivos, estrategias y medidas a todos los equipos económicos del mundo.

Apuntalar el entramado social y productivo hizo dejar de lado coyunturalmente la restricción fiscal, y esto ocurrió de manera global, con gobiernos de izquierda y de derecha, pragmatismo y sentido de la realidad que le dicen.

Una vez terminada la fase más crítica de la pandemia, los países han dedicado su esfuerzo a impulsar el crecimiento de sus economías de manera de retomar rápidamente los niveles de actividad prepandémicos.

Uruguay parece no haberse enterado de este contexto, y mantuvo sus metas fiscales como principal prioridad, de esta manera no se pusieron los recursos necesarios durante la peor etapa de la pandemia para atender el drama social y luego no se han tomado medidas potentes que apuntalen el crecimiento, siendo Uruguay uno de los países de la región que va a recuperar con más retrasos los niveles de actividad de 2019.

¿A qué velocidad? Más rápido incluso que lo que había anunciado originalmente el gobierno.

Habiendo descrito el contexto en el punto anterior, resulta claro que la convergencia a niveles menores de déficit fiscal debe darse de manera paulatina con objetivos de mediano y largo plazo, que le permitan a su vez apuntalar en el corto plazo el despegue de su economía.

Este manejo de los tiempos resulta posible por la espalda financiera que tiene el país, ya sea por sus propias reservas, como por el fácil acceso al crédito a tasas bajas.

Por eso es perjudicial y contraproducente un ajuste brusco y apresurado, y mucho más lo es ajustar más de lo previsto.

Para 2021 el resultado fiscal fue 4,4% del PIB como resultado global del Gobierno Central-BPS depurado del efecto de “cincuentones” (Fideicomiso de la Seguridad Social), cuando su meta era de 4,9%.

Es decir, su vocación fiscalista y de recorte llevó al gobierno a ajustar medio punto del PIB más de lo que se había propuesto.

Dicho de otra manera, el gobierno pudo haber destinado medio punto del PIB a apuntalar el crecimiento de la economía y a atender las situaciones sociales más complejas y aun así cumplir su meta fiscal.

Por lo tanto, en un contexto que ameritaba otra política, el exceso de velocidad agrava el error.

¿Cómo? Bajando salarios, jubilaciones e inversión pública, y sin agenda de reformas estructurales.

Además de ser un ajuste impropio del contexto social y económico, y de ir a una velocidad que conspira contra la toma de medidas que permitan una mayor plataforma de despegue, quizá las peores decisiones se han tomado en cómo se ha procesado el ajuste, dónde han ocurrido los recortes del presupuesto y qué daños genera esto en una mirada más global y de largo plazo.

Y es que el recorte ha ocurrido fundamentalmente mediante la baja en términos reales de salarios públicos y de pasividades y en la baja de inversiones en infraestructura pública que podría apuntalar un mayor crecimiento de nuestra economía en el mediano y largo plazo.

Según establece el propio comunicado del MEF, “los rubros de remuneraciones, pasividades y transferencias disminuyeron 1,1% del PIB en su conjunto (0,3%, 0,4% y 0,5% del PIB, respectivamente).

En cuanto a la inversión en infraestructura, no sólo no se utilizó la misma como una herramienta contra cíclica (como lo pedía el sector empresarial y también el Frente Amplio), sino que por el contrario se disminuyó a niveles históricamente bajos.

Es así que Diego O´Neill, presidente de la Cámara de la Construcción manifestó al diario El País que “el presupuesto es contractivo y está en niveles históricamente muy bajos”.

Según manifestó el presidente del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic) Alfonso Capurro en la misma nota, la proyección a 2024 de la infraestructura pública “si no es la más baja de la historia, lo es de la historia reciente, incluso más baja que durante los años 2003, 2004”.

Por lo tanto, estamos frente a un ajuste de una intensidad ni siquiera planteada en su momento por el gobierno, en un contexto que requiere otras respuestas de política económica y que recae fundamentalmente sobre trabajadores públicos y pasivos y también comprometiendo a futuro la capacidad física del Uruguay no generando las inversiones necesarias en esta materia.

Por otro lado, para tener una idea de la excepcionalidad del elevado valor de la exportación de energía en 2021, basta ver lo que dice Ancap en su presentación de estados contables del tercer trimestre de 2021: “La exportación de energía eléctrica a Brasil mantiene niveles inéditos y sostenidos. Hasta octubre se lleva vendido más de dos veces lo vendido en 2020 y más de 16 veces las ventas de 2019”.

Este ajuste por lo tanto tiene dos posibilidades: o es coyuntural ya que cuando se recuperen los niveles reales de salarios y pasividades, se hagan las inversiones postergadas y se retomen valores normales de exportación de energía el déficit volverá a crecer, o de lo contrario el gobierno pretende mantener en el largo plazo la baja de ingresos de trabajadores y pasivos, y se resigna a deteriorar la infraestructura del país. Ninguno de los dos escenarios es una buena noticia.

Por otro lado, el gobierno no ha avanzado absolutamente nada en la agenda de reformas estructurales que el país tiene pendiente, y que mediante las mismas se pueden generar una mejora sustentable y sostenible en el largo plazo de las cuentas públicas vía crecimiento a través de mayores niveles de productividad. Con fines proselitistas se guardó en un cajón la reforma de seguridad social hasta el 27 de marzo, no se ve un rumbo claro en materia educativa, no hay una política de atracción de inversiones repensada en función de los cambios tributarios globales que afectan las herramientas que se han utilizado hasta ahora, y no hay avances claros en materia de inserción internacional, por poner sólo algunos ejemplos.

Por lo tanto, estamos ante un ajuste de mala calidad, que no es sustentable en el tiempo, a no ser que nos resignemos a una peor calidad de vida y a empobrecer nuestra capacidad infraestructural, mientras las reformas de fondo que precisa el país brillan por su ausencia.

Es esta una muy mala señal de ajuste.