Opinión | Los riesgos inmediatos del nuevo Ministerio de Ambiente

Las autoridades del nuevo Ministerio de Ambiente que asumirán próximamente ya enfrentan dos cuestiones urgentes y riesgosas. Por un lado, la posesión de cargos se hará en Aguas Corrientes, buscándose una imagen de compromiso con el grave problema de la contaminación del agua. Por otro lado, la arquitectura institucional del nuevo ministerio permanece incompleta.

En efecto, los futuros jerarcas firmarán las actas en lo que podría describirse como el epicentro del cataclismo ecológico uruguayo. No solamente por la contaminación de la cuenca del Río Santa Lucía, sino por las polémicas con los vecinos por el funcionamiento de la represa y el manejo de los lodos que hace OSE. Repetidamente se ha prometido que esas situaciones se solucionarían y se han realizado todo tipo de actos, pero los problemas persisten. El riesgo está en una vez más buscar efectos en los medios, con nuevas promesas y más fotos, sin tener la certeza de tomar las medidas que realmente requiere la limpieza de las aguas en ese río.

Al mismo tiempo, aunque se creó el Ministerio de Ambiente en la Ley de Urgente Consideración, todavía está pendiente parte de su arquitectura institucional. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente desapareció, y nacieron las dos carteras, una que mantiene las competencias en Vivienda y Ordenamiento Territorial, y la otra enfocada en el ambiente. Entretanto Irene Moreira se desempeñó como ministra interina de ambiente.

Las autoridades definitivas del nuevo ministerio serán Adrián Peña, de Ciudadanos del Partido Colorado, secundado por Gerardo Amarilla del Partido Nacional. El primero no tiene ningún antecedente en la temática ambiental, y después de la polémica salida de Ernesto Talvi, está claro que arriba a ese lugar para mantener los balances de la coalición. El segundo es un abogado que tiene experiencia e interés en las cuestiones ambientales. No se conoce quién será el director general.

El Ministerio de Ambiente sigue siendo un edificio a construir. Debemos imaginar que ya cuenta con buena parte de los cimientos, vigas y mamparas en algunos de sus pisos, pero todavía no se ha completado la construcción. Hay certeza que la nueva cartera incorporará las direcciones nacionales que estaban en el anterior MVOTMA, y que trataban la temática ambiental (respectivamente DINAMA y DINAGUA), junto a la unidad en cambio climático. Posiblemente la más conocida sea la DINAMA, ya que ella es responsable entre otros asuntos de evaluar los impactos ambientales o mantener las áreas de protección de la biodiversidad uruguaya. Estos traspasos son seguros porque están explícitamente indicados en la ley.

Pero permanecen incertezas clave. El problema mayor se debe a que las competencias ambientales en Uruguay son bicéfalas ya que algunas de ellas están en el nuevo Ministerio del Ambiente (y antes en el MVOTMA), mientras otras permanecen dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). En esta cartera se encuentran los componentes ambientales para el manejo de suelos y aguas, la protección del monte nativo, de la fauna nativa en ríos, lagunas y costas, e incluso los agroquímicos. Cada una de ellas corresponde a distintas direcciones o divisiones dentro del MGAP. Eso hace que el ministerio que promueve usos productivos en todos esos rubros se controle a sí mismo en los aspectos ambientales. Si observamos la contaminación del agua, que está directamente asociada a muchos de esas prácticas productivas rurales, está claro que esa bicefalia institucional no ha funcionado.

Este problema ha sido denunciado por años. La creación del Ministerio de Ambiente tenía sentido si era utilizada para resolver esos solapamientos, traspasando las competencias ambientales del MGAP hacia el Ministerio de Ambiente. Pero en la Ley de Urgente Consideración eso no se indica explícitamente, aunque el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de hacerlo en los próximos meses. Es por esa razón que la arquitectura definitiva del Ministerio del Ambiente todavía está pendiente.

Esto explica el segundo riesgo, ya que las nuevas autoridades ambientales cuando asuman sus cargos en Aguas Corrientes, no pueden tener seguridad en resolver el drama de la contaminación del agua en la cuenca del Santa Lucía, porque muchos de los medios para hacerlo siguen estando dentro del MGAP.

Por lo tanto, si el futuro ministro del ambiente realmente quiere dejar atrás la invasión de cianobacterias debe asegurarse el traspaso de las competencias que ahora están en el MGAP. Sin ordenar la arquitectura institucional difícilmente se podrá avanzar en mejorar la calidad del agua y en reducir la presión ambiental en el medio rural.