Opinión | Los nuevos intocables

Un ministro ¡es un cargo político! No es un cargo administrativo, ni técnico, ni científico, aunque sus decisiones también hagan referencia a estos aspectos de la función pública. Su gestión se mide, específica y sustantivamente, en términos políticos: por las repercusiones que genera, y por las consecuencias políticas que supone para el país.

Como sostiene el prestigioso abogado, editorialista y ex ministro de Educación y Cultura, Dr. Leonardo Guzmán, en una reciente nota de opinión (diario El País, 19 de agosto de 2022): “en ningún tema importante puede aceptarse que los procedimientos parezcan a salvo, si el resultado es una derrota de un valor esencial”.  “En este caso, -refiriéndose a la entrega por nuestra Cancillería, de un pasaporte oficial por diez años al narcotraficante Sebastián Marset- nada menos que un desastre para la ley y la moral.”

Y de eso, precisamente, trata todo el asunto. De medir las consecuencias y las repercusiones que una decisión, de exclusivo resorte ministerial, ha significado: en términos de seguridad pública, de institucionalidad, de “imagen país” en el concierto internacional, de valores éticos. Nada más, ¡y nada menos!

Por eso, resulta absurda la excusa del Ministro Francisco Bustillo -efectuada en el curso de la interpelación parlamentaria- de que “no hubo responsabilidad política ninguna. Esto fue un trámite administrativo más”. “En ningún momento tomamos conocimiento ni el Ministro (Heber) ni quien habla. No corresponde que tenga conocimiento de cada trámite administrativo. Para nosotros era un futbolista uruguayo, de los tantos que hay en el mundo, detenido por usar un pasaporte falso (...) Hay que contextualizar: en noviembre ¿quién sabía quién era Marset?”.

¡No! ¡De ninguna manera! El pretexto del ministro ¡no es de recibo! Porque a nadie escapa que el solicitante del documento era un ciudadano uruguayo detenido en territorio extranjero, por portar un pasaporte falso –emitido aparentemente por otra nación ajena a su país de origen– en el que figuraba adulterada su identidad, por lo que se encontraba en situación de inminente deportación.  No se trataba, por tanto, de alguien que estuviera solicitando un nuevo pasaporte porque accidentalmente hubiera extraviado o dañado su original, o se lo hubieran sustraído: era alguien que intencionadamente se había provisto de documentación falsa, para trasladarse por el mundo –con propósitos desconocidos– bajo identidad falsa, bajo un nombre amañado.

Alguien, por si fuera poco, vinculado al narcotráfico; con profusos antecedentes delictivos en nuestro país –acumulados en el curso de una década–, y en el exterior. Que ya registraba un rechazo anterior de nuestras autoridades a una solicitud de pasaporte durante 2019. Que estaba siendo investigado internacionalmente en coordinación con nuestros servicios de inteligencia –como finalmente reconoció el Ministro de Interior ante el Parlamento. Pero que, a consecuencia del pasaporte entregado por nuestro país, ¡hoy se encuentra prófugo, con paradero desconocido! Como señalara el senador interpelante Mario Bergara: ¡un verdadero “escándalo que afecta la reputación y la credibilidad del Uruguay!”

El ministro de Interior, Alberto Heber, a su vez, buscó justificarse en razones de “confidencialidad”, que le exigirían “guardar reserva” y le impedirían tener en cuenta todo un caudal de “inteligencia” producida sobre este asunto. ¿No alertó de esta situación a su colega ministerial?

La confidencialidad en estas cuestiones de Estado, no es sinónimo de ocultamiento ni de secretismo. No debe confundirse reserva con omisión. Y menos aún, como argumento para fundamentar “desconocimiento”. Muy por el contrario. Esa “inteligencia” de Estado producida bajo términos de “confidencialidad”, se asienta en la estrategia de generar mecanismos e insumos que coadyuven a la protección y preservación de la institucionalidad; a la superación y neutralización de sus eventuales vulnerabilidades. Una herramienta reservada, sí, pero cuya finalidad intrínseca es ayudar al mejor resultado de las acciones de gobierno.

Una suerte de “diario del lunes” para circunstancias con especiales complejidades -¡y vaya si el caso Marset era un caso especialmente complejo!- al que recurrentemente ha apelado el oficialismo -por defecto- como muletilla justificadora de sus errores de gestión. El propio Ministro Heber se quejó, durante la interpelación: “cuando uno tiene la película con el diario del lunes, es muy fácil”.

Pero en este caso, el Ministro no puede apelar a este artilugio para disimular su inadmisible omisión de responsabilidad política. Porque él ¡sí! contaba con “el diario del lunes”, con esa información privilegiada que le posibilitaba más precisión a la hora de calibrar la situación. Lo que hace más cuestionable el proceder de la jerarquía.

Nada de esta embarazosa situación pareció llamar la atención de los responsables de la seguridad interna y de la imagen exterior del país. Nada que alertara a su sentido común, que excitara su olfato político. Es más: una vez que el hecho y la dimensión del escándalo cobra cuerpo en la sociedad, pretenden ampararse tras una artimaña cargada de intencionalidad político partidaria menor que, a esta altura, parece ser la seña de identidad estratégica del actual gobierno nacional: la “herencia maldita” de los gobiernos del Frente Amplio. Escudándose en una supuesta “incongruencia” legal, buscan desprenderse de las terribles consecuencias que su inexcusable –y a esta altura recurrente- falta de talante político. De autocrítica, ¡nada! De asumir responsabilidades, ¡nada!

Tampoco es de recibo esta apelación a la norma del período de José Mujica -¡ambos ministros así lo hacen!- como responsable de su falencia institucional. Nada en la norma exime al Ministro de la responsabilidad política por sus actos y resoluciones. El decreto no conmina al jerarca a la entrega del pasaporte, sino que lo instruye sobre las circunstancias y el juicio de valor que debe primar al momento de determinar si hace o no lugar a la solicitud, en qué medida, y con qué alcance del documento. Aspectos que fueron advertidos por diplomáticos a la cancillería, en virtud de las particulares circunstancias que el asunto revestía.  

Al respecto, el periódico La Diaria, de 16 de agosto de 2022, informó: “Otro diplomático que advirtió sobre el perfil de Marset fue el embajador de Uruguay ante Emiratos Árabes Unidos, Álvaro Ceriani, quien sugirió a la cancillería que se tomara más tiempo para analizar la situación. Ceriani recomendó cautela luego de que el embajador uruguayo en Qatar, Jorge Seré, le transmitiera la advertencia que le había hecho su colega paraguayo Ángel Barchini, quien le comentó que le llamaba “poderosamente la atención” y le resultó “muy extraño y llamativo” que un jugador de fútbol uruguayo, como se había presentado Marset, hubiera sido detenido en Dubai con un documento falso”.  Lo que desmiente la aseveración del ministro Bustillo de que “en ningún momento” había tomado conocimiento de las complejidades del asunto. La sugerencia de tomarse más tiempo para estudiar el caso, antes de entregar el pasaporte, fue desestimada por el jerarca.

Como puede apreciarse, ¡insolvencia ministerial por donde se mire! A extremo tal, que alguno de los jerarcas se atrevió a calificar -en actitud impropia para un integrante del gabinete- la “ineficiencia de los controles” en países como Grecia, Suiza y otros, por donde el narcotraficante Marset “circuló con su pasaporte falso sin ser detectado”. Y pretendió quitar trascendencia a las consecuencias de la entrega de un pasaporte oficial al narcotraficante, porque “el pasaporte uruguayo no lo liberó (a Marset), lo liberó la justicia emiratí”; y porque, en definitiva, “ya no le permite desplazarse” en tanto “hay alerta roja” que se lo impide. ¡Impresentable! ¡Irresponsable!

Y ni que hablar de las formas, de los procedimientos, de las presiones. De las vías consulares utilizadas para recabar las firmas y fotos del titular del pasaporte; de las valijas diplomáticas y las entregas en mano a familiares, y los intermediarios...

“Lo que más me duele es la hipocresía”, afirmaba el entonces senador de la República, Dr. Luis Alberto Lacalle Pou. “Es la herramienta de la hipocresía, de la mentira, como algo válido para crecer y no comprometerse (…) Y continuaba: “En un gobierno normal de cualquier país del mundo, o en otra época de nuestro país, había dos ministros (…) que ya no estaban. ¡Por vergüenza!

¿No será hora de volver a aquel Uruguay en el que los Ministros renunciaban o se les pedía la renuncia. Por gestión o por vergüenza?”, suspiraba el ahora Presidente de la República. Al tiempo que prometía para el caso de llegar al gobierno: “Lo que no voy a delegar es la responsabilidad. Si un ministro actúa mal la culpa es mía y obviamente un ministro es un fusible. Ministro que se equivoca o no hace las cosas bien, es un fusible, se cambia de ministro”.

¡A confesión de parte, relevo de pruebas!