Opinión | Ley de presupuesto: gobierno tiene alternativas, pero su política es el ajuste

Uruguay inauguró gobierno con un ajuste fiscal. A principios de marzo comenzó a regir un recorte del 15% de los recursos para el funcionamiento de gran parte de la Administración Central, con la indicación de que también se recortara en las empresas públicas. A los pocos días se instaló el coronavirus y con él la crisis económica. En el mundo entero, países con gobiernos de los más diversos signos ideológicos, revalorizaron el rol del Estado para mitigar los efectos de la pandemia. Más Estado para enfrentar la emergencia sanitaria y para mitigar la crisis económica. Las preferencias ideológicas quedaron de lado y, al igual que luego de la crisis mundial del 2008, muchos volvieron a inspirarse en las lecciones del gran economista británico John Maynard Keynes, y sus ideas a favor del rol irremplazable del Estado en tiempos de crisis, a través del aumento de la inversión pública y de la expansión del gasto.

El presidente Lacalle, con su ministra Arbeleche, nos hablaron de Keynes en conferencia de prensa. Pero fue sólo eso. Sólo hablaron. En Uruguay, el gobierno, a pesar de la pandemia, continúa con el recorte decretado y escatima recursos para políticas de reactivación, tal como ha quedado en evidencia en cualquier comparación internacional sobre recursos públicos destinados a paquetes económicos contra la crisis.

No hay políticas nuevas porque la política es el ajuste

En este contexto de crisis por la pandemia, el gobierno envió al parlamento un proyecto de ley de presupuesto que insiste con la política de ajuste. En esta oportunidad, el recorte es parejo y ninguna parte del Estado se escapa. Es un recorte de por lo menos 350 millones de dólares por año, concentrados mayormente en salud, vivienda y educación. En el proyecto de presupuesto no hay priorización de programas o áreas, tampoco hay reasignación relevante de recursos. No se destinan fondos para nuevas iniciativas o programas, porque ni siquiera hay nuevos programas. En rigor, de los 689 artículos que envió el Gobierno, sólo uno, el 613, crea un programa nuevo, para investigación en alimentación y salud humana. Un solo artículo como excepción que justifica la regla: no hay políticas nuevas porque la política es el ajuste.

La Ministra de Economía dijo públicamente que su gestión deberá medirse por el éxito en bajar la inflación y reducir el déficit. Para el gobierno, los equilibrios macroeconómicos pasan a ser -ya no una condición necesaria para el buen funcionamiento de la economía- sino la finalidad y objetivo último de la política económica: ya los mercados se encargarán de todo lo demás.

La exposición de motivos del proyecto de ley eleva las bondades del recorte a la categoría de contribución para la libertad de las personas. No se trata ya de equilibrar las cuentas públicas, sino de reducir la presencia del Estado incluso en áreas claves de la economía y de las políticas sociales.

Este presupuesto no es lo que la gente votó en las elecciones de noviembre de 2019

Con este presupuesto el gobierno incumple varias promesas electorales. En campaña electoral se anunciaba un enorme recorte que, se prometía, no afectaría en nada los recursos destinados a las políticas sociales. Sin embargo, la mayor parte de los recursos que se recortan salen de las necesidades en salud, educación y vivienda. Ya la propia Ministra de Vivienda aclaró que de las 50 mil viviendas prometidas apenas se proyecta cumplir con la mitad, contando incluso las que ya dejó en construcción el gobierno del Frente Amplio. Y si bien se garantizaba que no iban a sufrir salarios ni jubilaciones, de la aplicación del presupuesto surgirá una pérdida del salario real de los trabajadores públicos, y de las proyecciones presupuestales, y por lo mostrado en las pautas salariales, una pérdida de salario privado, que impactarán perjudicando también a jubilados y pensionistas. Este no es el presupuesto que la gente votó.

El presupuesto es poco transparente y tiene inconsistencias técnicas importantes

El proyecto de ley de presupuesto es poco transparente, ya que no incluye las proyecciones de algunas variables económicas relevantes, como salarios y jubilaciones; ni detalla la evolución de los gastos que van por fuera del presupuesto nacional y que impactan en el resultado fiscal.

Técnicamente, además, tiene inconsistencias importantes. Por ejemplo, proyecta crecimiento del consumo, a pesar de que no se recupera el nivel de empleo y de que cae el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

También es técnicamente equivocado proyectar montos fijos en pesos, sin actualizar, para partidas que en realidad no son fijas. Estos problemas de consistencia técnica y de transparencia dejan sin explicación una parte importante de cómo se llega al déficit fiscal de 2.5%, al que el gobierno aspira a llegar en 2024.

Esto se combina con un aumento de las potestades discrecionales. El Poder Ejecutivo puede topear el uso de los recursos que el parlamento apruebe, alcanzando incluso a organismos, como la Udelar, que tienen autonomía de acuerdo a la Constitución. De esta manera, todo hace anticipar que el recorte será mucho mayor del que el parlamento está discutiendo.

En tiempos de crisis, y a contramano de lo que hace el resto del mundo, Uruguay avanza en el recorte del gasto público. Serán, según el gobierno, el libre funcionamiento del mercado y la iniciativa de las grandes empresas, los "malla oro" del sector privado, los encargados de sacar a los uruguayos de la crisis.

El gobierno tiene alternativas al ajuste

Las fortalezas económicas y financieras del Uruguay le hubieran permitido al gobierno, si así lo deseaba, recorrer un camino diferente. Podría haber postergado su programa ajuste, y asignado recursos para políticas de reactivación del empleo y de la actividad económica, y para programas de apoyo para la población más vulnerable.

El gobierno puede hacerlo porque tiene alternativas. Uruguay tiene fortalezas que le permiten acceder a los mercados de capitales, tiene capacidad para renovar y captar nuevo endeudamiento, a tasas históricamente bajas. La colocación de deuda por 1500 millones de dólares en junio es un claro ejemplo de la reputación del Uruguay y de la opinión de los mercados sobre sus fortalezas. Uruguay tiene líneas contingentes con organismos internacionales, que funcionan como crédito a sólo firma, por más de 1000 millones de dólares. Uruguay tiene niveles manejables de deuda, con suficiente plazo de repago y con una porción de deuda en pesos que lo pone a cubierto de los efectos negativos del aumento de la cotización del dólar.

Uruguay, a diferencia del pasado, cuenta ahora con un sistema bancario que no sólo no es una amenaza para las finanzas del Estado, sino que está en condiciones de seguir ofreciendo crédito a pesar del contexto de crisis. En definitiva, Uruguay podría haber transitado el camino de evitar una crisis mayor. Lo podría haber hecho, "a la Keynes", pero el gobierno no quiso.