Con respecto al proyecto de ley sobre el sector forestal presentado por Cabildo Abierto, hemos visto el debate generado dentro del Frente Amplio sobre la conveniencia política de votarlo, sopesando la virtud de dividir a la coalición de gobierno o la inconveniencia de legitimar a este sector político.
Y si bien puede ser un debate pertinente, no es lo que debe guiar jamás la decisión de votar o no un proyecto de ley, lo que realmente importa es si es bueno o no para el país, porque al final del día el impacto sobre la vida de las personas que provoca una ley no está determinado por la paternidad de la misma, sino por el impacto que genera su contenido una vez aprobada.
El desarrollo del sector forestal ha sido una política de Estado, la construcción de las mismas siempre es algo deseable cuando se trata de los principales desafíos de una Nación.
Protección y promoción de las libertades, democracia, desarrollo económico, protección social, salud, seguridad, inserción internacional son temas sobre los que los uruguayos debemos buscar consensos para que el país pueda avanzar de manera prolongada y sostenida hacia un mayor bienestar general.
Por supuesto, esto no es fácil. Pero cuando es posible consolidar caminos y avanzar en ellos de manera sostenida, los resultados son siempre positivos, generando avances indiscutibles en la vida de nuestros compatriotas.
Nuestro país ofrece ejemplos, como la promoción de le educación pública desde el siglo XIX, la construcción de un estado de bienestar en términos relativos más potente que en el resto de América Latina desde inicios del siglo XX, o más cercano en el tiempo, la alfabetización digital y la política antitabaco desarrolladas por Tabaré Vázquez.
En materia económica también hay lineamientos que se transformaron en políticas de Estado con resultados positivos: la promoción de la industria del software desde hace décadas permitió que Uruguay se posicionara como el tercer exportador per cápita de software del mundo.
La ley de puertos permitió un desarrollo que no hubiésemos tenido sin la misma, y la trazabilidad de la carne promovida por Batlle y concretada en los gobiernos del Frente Amplio permitió generar un diferencial para nuestras exportaciones ganaderas.
El actual gobierno continúa y potencia los estímulos otorgados en el período pasado a la industria audiovisual.
Son todos buenos ejemplos.
La importancia de la cadena forestal
Para tener una idea de la dimensión de los impactos de la cadena forestal en la economía uruguaya alcanza con decir que el valor bruto de la producción forestal (considerando exportaciones y ventas en mercado interno) es de US$ 2.300 millones, de los cuales US$ 1.700 millones son valor agregado directo a lo largo de la cadena forestal (incluyendo la fase primaria, el transporte y la fase industrial).
Si incluimos impactos indirectos e inducidos, el sector contribuye con más de US$ 2.100 millones de valor agregado, lo que equivale a casi 4% del PBI.
Y esto significa trabajo, oportunidades laborales para muchos uruguayos, que es al final del día lo más importante de todo esto: hay 18.000 puestos de trabajo asociados al complejo forestal de forma directa, y si incluimos los impactos indirectos e inducidos, el sector da soporte a más de 25.000 empleos en la economía.
Con la tercera planta de celulosa operativa, los impactos de la cadena forestal aumentarán: la contribución al PBI alcanzaría a casi 6% y el sector daría unos 30.000 empleos. A partir de 2024 la celulosa será el principal rubro de exportación de Uruguay, con exportaciones totales por unos US$ 2.900 millones.
Pero además de aumentar la inversión extranjera directa, la producción y las oportunidades de empleo, también es relevante que ello se haya logrado ampliando la matriz productiva de nuestro país diversificando la producción y las exportaciones, así como mitigando riesgos. Por ejemplo, tras el fin del auge de las materias primas en 2014, la forestación permitió sostener el Producto Bruto Agropecuario.
Una acertada política de Estado
Los resultados de esta política de estado han sido beneficiosos para el país, todos los gobiernos que pasaron desde 1987 cuando se promulgó la ley, han jugado un importante papel en sostener e impulsar esta política: Sanguinetti con la creación de la ley, Jorge Batlle con el acuerdo para la instalación de la primer planta de producción de celulosa en Uruguay, Tabaré Vázquez defendiendo nuestra soberanía en el conflicto asociado a la instalación de esa planta, Mujica con la instalación de Montes del Plata, y Tabaré Vázquez nuevamente al lograr el acuerdo que significó la inversión privada más grande de la historia del Uruguay, con la instalación de la tercer planta, que hoy en medio de la crisis generada por la pandemia y acentuada por el ajuste fiscal del gobierno, es uno de los pocos motores de crecimiento de nuestra economía.
El proyecto de ley de Cabildo Abierto
Con la promoción de un proyecto de Ley por parte de Cabildo Abierto se argumenta que el desarrollo de la actividad forestal debe ser limitado, así lo establece en la exposición de motivos: "La conquista de numerosos mercados de diversos tipos de producciones en el mundo, en donde se ha intentado históricamente la excelencia en el estatus sanitario, trazabilidad y condiciones de producción, así como en el desarrollo y promoción de un turismo sustentable y seguro en dónde aún poseemos grandes ventajas en relación con otros países, establecen la necesidad de preservar el remanente de campo natural y de los recursos hídricos, los cuales constituyen pilares fundamentales de un ecosistema que se sostiene frágilmente y del cual somos responsables ante las generaciones que nos sucederán".
Ese puede ser un argumento potente si se fundamentara con datos, con análisis que lo respalde. Pero no hay evidencia empírica de que esta actividad haya generado un deterioro ambiental al crecer la superficie plantada, ni que la misma consuma recursos hídricos necesarios para otras actividades agropecuarias.
Tampoco de que estemos en la actualidad frente a un crecimiento exponencial del área forestal, se pasó de unas 50 mil hectáreas a principios de los ´90 a un entorno de un millón de hectáreas forestadas en 2008. Desde entonces, el crecimiento ha sido moderado, siendo el área forestada actual de 1,1 millones de hectáreas, un 7% de la superficie agropecuaria total, lo cual no parece ser excesivo si lo comparamos con países de referencia como por ejemplo Nueva Zelanda.
Adicionalmente, no siempre los diferentes rubros de la cadena agroindustrial compiten entre sí, sino que muchas veces se complementan, y son los propios productores agropecuarios los que eligen el mejor mix para su ecuación.
Es por todo ello que la argumentación para alterar una política de estado que lleva tres décadas no luce lo suficientemente sólida, y por lo tanto sería perjudicial para los intereses del país avanzar en este proyecto de ley tal como está.
Estas señales afectan activos intangibles como la certeza, la previsibilidad y el respeto de las reglas de juego, no inspiran confianza y al final del día eso lo paga la gente. Lo pagan los trabajadores.
Las inversiones genuinas, generadoras de oportunidades de empleo para ser realizadas requieren de la confianza en el país.
¿Esto implica la inmutabilidad de las normas?
No, en absoluto. El marco normativo es algo vivo y dinámico, pero sí importa la orientación, el rumbo estratégico.
Así lo ha demostrado el Frente Amplio, que durante 15 años de gobierno promulgó diversas leyes y decretos y definió incentivos (otorgándolos o quitándolos para algunas actividades como en la Ley 17.905 de 2005) que impactaron en este sector de actividad, pero manteniendo una política de Estado que le permitió generar importantes inversiones, entre ellas la más grande de la historia del país.
Debemos seguir repensando el Uruguay productivo y dado el nivel de desarrollo que ha alcanzado el sector forestal, seguramente sea momento de hacer un análisis profundo e integral de toda la cadena productiva: redefinir los esquemas de incentivos y exoneraciones, discutir más a fondo los aspectos medioambientales, impulsar de manera más focalizada al complejo forestal que fué definido como una de los sectores estratégicos dentro de la Estrategia de Desarrollo 2050 elaborada por la OPP en el gobierno del Frente Amplio.
Para ejemplificar, hoy que la forestación se consolidará como el principal rubro de actividad económica, la instalación de una eventual cuarta planta de celulosa (si es que existiere) probablemente no debería contar con el mismo caudal de exoneraciones e incentivos que las anteriores.
Y, por el contrario, debemos incentivar otras partes de la cadena que permitan agregar más valor y generar empleo de manera más intensiva, particularmente las cinco áreas de bioeconomía forestal definidas en el citado trabajo: manejo forestal, transformación mecánica de la madera, celulosa y biomateriales, biorrefinería y bioenergía. Esto hace imprescindible una política pública que oriente la actividad del sector de manera funcional al interés general.
Obviamente la mirada integral que se requiere implica un análisis mucho más exhaustivo y profundo, con más tiempo de estudio y de interacción con todos los actores involucrados que el que se ha dado hasta ahora, evaluado impactos directos e indirectos y las señales que se dan como país al avanzar en este tipo de definiciones.
Es por ello que es una buena señal que en la Comisión de ganadería, agricultura y pesca del Senado se vaya a citar a todas las voces, se recojan todas las miradas y se haga un análisis a fondo, de manera más profunda que lo realizado en la cámara de Diputados.
Siempre es posible además de deseable el aggiornar una política de Estado, lo que no es deseable es perder el rumbo estratégico y vulnerar activos tan importantes que distinguen al Uruguay en la región.
No es un tema de táctica política, sino de estrategia de desarrollo.
Se trata de mejorar la calidad de vida de nuestra gente, hay que pensar en el objetivo supremo: el bienestar de los uruguayos.