Andrés Londoño Niño*
Latinoamérica21
Si bien a principios del siglo XXI la gran mayoría de países de la región daban el giro hacia la izquierda, en Colombia no fue hasta casi dos décadas después, cuando Gustavo Petro fuera elegido como primer presidente de izquierda en la historia del país. Petro prometió llevar a cabo amplias reformas en diversos campos, como la política, el trabajo, el sistema pensional, la salud y la educación. Sin embargo, los obstáculos que ha debido enfrentar durante su primer año de gobierno no son pocos.
La victoria de Petro no fue arrasadora, obtuvo 50,44% de los votos frente al 47,31% de su contrincante, el outsider y polémico candidato Rodolfo Hernández. Igualmente, las elecciones legislativas no dieron una mayoría considerable al partido de gobierno, Pacto Histórico, pues partidos opositores como el Centro Democrático mantuvieron varios curules en el Congreso. Esto hizo que el gobierno se viera obligado a hacer coalición con partidos tradicionales como el Partido Liberal y el Partido de la U e incluso con el Partido Conservador, a cambio de favores políticos.
A diferencia de los gobiernos de derecha, las coaliciones de gobiernos progresistas tienden a ser frágiles y responder a objetivos muy específicos y coyunturales, lo cual deriva en crisis de gobernabilidad, tal y como sucedió con Dilma Rousseff en Brasil o con Fernando Lugo en Paraguay. En el caso de Petro, la coalición con los partidos tradicionales entró en crisis en abril de 2023, debido a diferencias en la reforma a la salud que, además, generó el primer cambio de gabinete y la salida de algunos ministros respaldados por partidos tradicionales.
La primera reforma que fracasó en marzo fue la política que pretendía cambiar el sistema electoral colombiano. A lo largo de los debates fue perdiendo apoyos y terminó distanciándose de la propuesta original. La reforma laboral se hundió en junio, mientras que en la nueva legislatura que comenzó en julio continúa la reforma de la salud, que se convirtió en una de las principales apuestas del gobierno, aunque tiene dificultades de ser aprobada por la falta de apoyo legislativo. Del mismo modo, la reforma pensional se encuentra en trámite en el Congreso en medio de críticas de grandes gremios de comerciantes y empresarios.
El gobierno se enfrenta a un gran desafío para negociar con los líderes de los partidos y con congresistas de otras fuerzas políticas para poder avanzar con varias de las reformas propuestas. En la práctica, estas no podrán ser tan profundas y amplias y deben ser consensuadas con varios sectores políticos, lo cual puede acabar reduciendo su alcance.
Por otro lado, el gobierno de Petro, además de la oposición legislativa, ha tenido un escrutinio mayor por parte de los medios de comunicación tradicionales, los cuales han sido históricamente aliados de las élites políticas y económicas. De hecho, la oposición mediática a Petro se remonta desde que era alcalde de Bogotá. Esto es evidente en el amplio cubrimiento dado a las crisis del gobierno y las insistentes denuncias de las acciones de sus funcionarios, ausentes en gobiernos anteriores, como con los casos de abuso del uso de la fuerza durante las movilizaciones sociales en el gobierno de Iván Duque.
Un tercer frente es la oposición de entes de control como la Fiscalía General, encabezada por Francisco Barbosa, quien fue Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales durante el gobierno de Duque, así como por la Procuraduría General, liderada por Margarita Cabello, exministra de Justicia también del gobierno anterior. En el caso de la Fiscalía, llama la atención la celeridad con la que se ha actuado en este gobierno ante los escándalos por las llamadas chuzadas o interceptaciones ilegales y que involucraron a la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y el exembajador de Venezuela, Armando Benedetti. Del mismo modo, la Fiscalía avanzó rápidamente con la investigación en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente, quien aceptó el ingreso de dinero ilícito a la campaña y cuyos topes habrían superado lo permitido por ley.
En contraposición, pocos avances se han dado en investigaciones como en el caso de Odebrecht, pues solo hasta hace pocos meses Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del uribismo en 2014 y expresidente del Centro Democrático, fue imputado por la Fiscalía por recibir financiación extranjera en su campaña, a pesar de que la legislación colombiana lo prohíbe.
Así pues, la oposición legislativa y mediática y el mayor control de organismos públicos han colocado al nuevo gobierno en una clara desventaja para llevar a cabo las reformas que prometió en campaña.
No obstante, hay políticas en las que hay un mayor margen de maniobra, por tener el menor poder de veto de la oposición. Por ejemplo, la Paz Total, proclamada ley a los pocos meses de posesionado el gobierno ha tenido avances recientes con el alto al fuego con el Ejército de Liberación Nacional, grupo armado con el que los gobiernos predecesores tuvieron pocos avances en los procesos de negociación. Sin embargo, con otros grupos, como con el Clan del Golfo, ha habido pocos avances e incluso paralización de las negociaciones.
En materia de política exterior también ha habido un mayor margen de maniobra y se destacan importantes logros como el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, tras cuatro años de ruptura. Y en el tema ambiental, el gobierno ha logrado trascender el bajo perfil que ha caracterizado a la política exterior colombiana, buscando un liderazgo en espacios regionales y globales.
En conclusión, ha sido un gran desafío para el gobierno Petro salir del discurso propio del activismo político, que lo situaba en el rol de opositor y pasar al papel de gobernante. Desde una visión más pesimista, este primer año ha demostrado la dificultad de que los gobiernos de izquierda puedan gobernar y avanzar con sus reformas, colocándolos más en el papel de administradores de las funciones del Estado que de protagonistas de grandes transformaciones sociales.
Desde una visión más optimista, podría decirse que este ha sido un año de aprendizajes que ha demostrado la fragilidad de las coaliciones políticas con partidos y líderes tradicionales, lo cual permitió a Petro llegar al poder, pero que a la vez ha sido fuente de crisis. En cualquier caso, los tres años restantes representan un gran reto que demanda amplia capacidad de negociación con diversas fuerzas políticas.
* Andrés Londoño Niño es profesor de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP (Bogotá) y doctor en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (IESP/UERJ).