Para las y los docentes el mes de marzo siempre comienza cargado de incertidumbres. Puede ser el desembarco en un nuevo centro educativo, un plantel docente renovado, un equipo de dirección recién llegado a la institución pero, sobre todo, el encuentro con un nuevo grupo de estudiantes. No importa la cantidad de años que se lleve en esta tarea, cada primer encuentro con esos niños y/o jóvenes con los cuales se comparte vivencias durante un año, conlleva expectativas y desafíos.
Las autoridades de la educación se han encargado de que esos desafíos, esas expectativas y, sobre todo, esas incertidumbres, alcancen niveles desconocidos hasta hoy. Desde la asunción del nuevo gobierno de la ANEP se han generado situaciones que han provocado, por decirlo de alguna manera, un enorme descontento en gran parte del cuerpo docente. La Transformación Educativa, caracterizada por el apuro, la falta de apoyos y el recorte presupuestal, genera más interrogantes que certezas.
La obra del gobierno
En 15 años de gobierno del Frente Amplio se registró un crecimiento sostenido de recursos dirigidos al desarrollo de la educación pública. Hubo allí una intención política manifiesta en aumentar la inversión. Tres años después y bajo mandato multicolor, el gasto público en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) pasó de un 4.82% en 2019 a 4.65% en 2021. Ese 0.17% que parece tan poco en porcentaje se traduce en unos 75 millones de dólares menos¹. Esto también es una política manifiesta, pero en sentido contrario.
Uno de los aspectos en lo que se visualiza claramente el recorte es en la inversión por estudiante. Entre 2005 y 2019 el monto destinado a cada alumno para el conjunto de la ANEP se multiplicó por 2.5 (pasando de $46.996 a $120.690 a precios constantes de 2021). Los datos presentados por las autoridades de la educación en la Rendición de Cuentas 2021 muestran una caída de 5.4%, $6.561 menos por estudiante. Y en algunos subsistemas el descenso es aún peor que el general: Secundaria -6.5%, UTU -6.6%, Formación Docente -10.5%.
Disponer de menos dinero obliga a renunciar. Entre 2019 y 2021 se perdieron 391 grupos de Educación Media² y otros tantos elementos que fueron quedando por el camino con un denominador común: se ve cercenado el derecho a la educación de nuestra infancia y adolescencia. Como en tantos otros rubros, este gobierno ahorra en aspectos básicos para el desarrollo de la ciudadanía.
El salario docente, con un aumento del 100% en el período 2005-2020 observó un aumento inédito que sufrió fuertes contracciones y pérdidas en los últimos tres años. El último ajuste salarial, surgido desde la lucha de los sindicatos de la educación, logró conseguir una recuperación, no un aumento en las remuneraciones del salario docente. Con suerte, se logrará empatar al final del período.
Hay otros muchos elementos a señalar sobre el recorte en la inversión educativa pero lo que queda claro es que gastar menos significa brindar un servicio de menor calidad. Si no basta preguntarse por qué la educación privada invierte lo que invierte y cómo esa brecha ha evolucionado.
A esto debemos sumar una política de persecución de los docentes sindicalizados instalada desde el propio parlamento de la República, así como a las anteriores autoridades de secundaria con sendas denuncias judiciales, persecución que fue extendiéndose al interior de los centros educativos impulsados por (algunas) inspecciones y direcciones.
La nueva legislación proclamada en la LUC fue en el mismo sentido, centralizando la autoridad y recortando la participación de los actores directamente involucrados en el proceso educativo.
La reforma imposible
“La educación es un desastre”. Ese fue el discurso que se instaló hacia fines de la década anterior. Por eso es necesario reformar el sistema educativo. Y embanderado con esa premisa, el gobierno multicolor se ha trazado la meta de “transformar”, cueste lo que cueste.
No es la intención de este artículo discutir esa afirmación. Hay evidencias suficientes y las hemos expresado en otros artículos sobre todas las transformaciones que llevó adelante el Frente Amplio, los puntos de partida son incomparables. Lo que sí quiero mencionar son algunas características de la reforma planteada por la ANEP y (en parte) por el MEC.
Coincidimos en que son necesarios cambios en la educación. Pero de ninguna manera podemos compartir las formas que han escogido las autoridades. Además hay que decir que muchos de los cambios que ha promovido el gobierno son cosméticos: como la nominación de los años; otros ya estaban en marcha, como la educación por competencias, y otros fracasaran por falta de tiempo y recursos.
El docente Martín Pasturino (ex consejero de Secundaria) ha expresado que la Transformación Educativa propuesta por el gobierno, presenta tres tipos de restricciones: políticas, financieras y temporales. Y los hechos son incontrastables.
En ningún momento el gobierno se planteó establecer un intercambio serio con los involucrados: docentes, familias, estudiantes, oposición política. El plan estaba trazado y el discurso de apertura al diálogo quedó sólo en eso. Los “Cara a Cara” dirigidos a informar a la población (con mayor tono de campaña política que de divulgación) no han logrado cumplir con su objetivo. Una encuesta de la empresa Equipos Consultores³ indica que un 37% de la población se manifiesta en contra, mientras que un 31% está de acuerdo o muy de acuerdo. Este ha sido un signo distintivo de la Transformación. De espaldas a la población, con ojos y oídos tapados. Sin diálogo. Y esta postura ha logrado los efectos esperables.
La restricción financiera ya le hemos mencionado. Se pretende hacer una reforma sin recursos. Y no sólo sin aumentarlos, sino que menguándolos. Llama la atención además que quienes antes reclamaban 1% más de inversión en educación hoy sostienen que es posible transformar el sistema educativo sin inyectar más recursos.
La desprolijidad de este proceso tiene mucho que ver con los tiempos. Se pretende en seis meses generar una reforma que, según indica la experiencia internacional, se debe desarrollar en años, por etapas, con evaluaciones sucesivas y replanificaciones. Aquí vamos en el sentido opuesto. Y esto ha conducido a materiales plagiados, a bibliografías surgidas de un copio y pego para salir del paso, a programas publicados luego de la elección de horas… la lista es larga. No se puede hacer una reforma educativa sin grandes acuerdos nacionales, así lo demuestra la experiencia nacional y parece que no hemos aprendido nada de nuestra propia historia.
Se deben sentar las bases para mínimos comunes denominadores, la educación y el currículum no son de una administración, un presidente de un ente o la república, es de todos nosotros, de todos los uruguayos y uruguayas, ese acuerdo básico y fundamental no debería perderse en nombre de supuestas mejoras o de intereses electorales.
La consigna es “esto tiene que salir”. “Si todo era un desastre lo tenemos que cambiar” y los costos que esto genera parecen no importar.
Un consejero oficialista ha expresado que para el proceso de reforma de bachillerato se debería invitar a participar a las ATD desde el inicio 4. Con ello confirma nuestra hipótesis de falta de participación. Comparto la medida pero es tarde y es un error que ya no se puede subsanar.
Las desprolijidades y la improvisación mostrada por las autoridades de la educación tendrán sus consecuencias: la incertidumbre de familias, estudiantes y cuerpo docente es mayúscula.
1. Datos extraídos de: https://mirador.ineed.edu.uy/indicadores.html
2. Fuente: https://observatorio.anep.edu.uy/recursos/recursos-grupos
3. Disponible en: https://equipos.com.uy/reformas-seguridad-educacion/
4. Entrevista disponible en: https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2023/2/para-juan-gabito-en-la-segunda-etapa-de-construccion-de-la-reforma-curricular-hay-que-invitar-a-las-atd-desde-el-inicio/