Opinión | La reforma (im)posible, el futuro de los que no votan y los abuelos de la nada

En diciembre de 2011 se acercaba la Navidad, y el entonces Presidente José Mujica le dejaba un regalo a su sucesor. “La caída de los aportes hará al próximo gobierno pensar en aumentar la edad de retiro”. El regalo poco tenía de sorpresa, porque sociólogos, demógrafos y economistas, lo advertían hace rato: con una población envejecida, mantener en 60 años la edad para jubilarse parece una utopía. Una edad fijada en 1925, cuando la expectativa de vida eran 63 años.

Hoy en el 2023, la expectativa de vida de los uruguayos es de 78 años. Y la edad de retiro sigue siendo la misma. Poco (o nada) hizo aquel gobierno por dar el puntapié inicial de esa compleja discusión, ni tampoco el gobierno siguiente porque “no estaban dadas las condiciones políticas” reconoció el ex Ministro Danilo Astori, que era bien consciente del problema.

Pero tampoco avanzó, ni siquiera en intentar una primera aproximación al problema, que sentara las bases de la discusión al respecto.

La pelota le cayó al gobierno de Luis Lacalle Pou, y no sólo fue tema de campaña, sino que estuvo incluida en el Compromiso por el país, que hoy lleva adelante la coalición.

Antes de seguir, vale la pena detenerse en la realidad, para entender por qué la seguridad social (y la solidaridad) tienen un gran desbalance. Los pobres en Uruguay entre los mayores de 65 años no llegan al 3% del total. Mientras tanto, entre los menores de 6 años, oscila entre 16% y 20%. La balanza de la solidaridad parece claramente inclinada, y eso no solo compromete el futuro económico de las nuevas generaciones, sino incluso la propia convivencia.

Siendo un país de “frazada corta” algunos están tapados hasta la cabeza, pero muchos con los pies descalzos en el barro.

Hay muchas razones para esto, e incluso muchas de las cuales pueden parecer justas con los más viejos, pero no hay justicia si la balanza está inclinada. La Reforma de 1989, que ató jubilaciones a salarios, más allá de los aportes. Los cambios introducidos en 2008, que permitieron a mucha gente acceder a una merecida jubilación, pero volviendo a cargar el peso en quienes trabajan.

Así, al Estado le queda poco margen para destinar recursos a los niños más necesitados, mientras cumple con los más grandes. Me dirán que los jubilados tienen sus derechos, pero también los niños. Y cumplimos mucho menos con ellos. Una inversión que no sólo tiene que ver con su futuro, sino con el de la sociedad uruguaya como tal.

En este contexto, este gobierno intentó y tuvo la valentía de avanzar en el tema. Procuró hacer algo colectivo, un acuerdo político nacional, pero nunca encontró una oposición dispuesta a ser parte.

Cualquiera se da cuenta que es un tema difícil electoralmente, y no aparecieron actos generosos (o estadistas) como en la reforma de los 90', que a esta altura parece un parche, pero permitió equilibrar la situación por unos cuantos años. Líber Seregni, el propio Danilo Astori, fueron algunos de los que permitieron aquel avance. Hoy apenas se oyó la voz perdida de Richard Read que dijo que es mejor de lo que había.

“Otra reforma es posible” fue y es el slogan de una oposición (política y sindical) que ni se hizo cargo en su momento, cuando era gobierno, ni asumió la responsabilidad después. Pero la pelota seguía en la cancha del gobierno, y el presidente la pateó. Incluso aceptando que implicaba incumplir una promesa electoral, entendió que es imprescindible aumentar la edad de retiro.

Aunque ahí se topó con sus propios socios que, con mucha más cabeza electoral que estadista, buscaron sacar su tajada. Manteniendo privilegios pensando en su electorado (como Cabildo Abiero protegiendo el retiro de los militares) o proponiendo cuestiones que no hacen a la solución de fondo, pero si a las próximas elecciones (como el Partido Colorado con la rebaja del IASS a las jubilaciones más altas).

El presidente reconoció que era echarle agua a la leche, y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que no era la mejor reforma posible, y que iba en perjuicio de los niños más pobres. Y así, la reforma se aprobó, cumpliendo con el compromiso electoral, pero no con las necesidades de los más desfavorecidos. Porque no soluciona la situación a largo plazo (si bien logra atenuarla), y afecta otra vez en lo inmediato a los que menos tienen: los niños, los niños pobres.

La Democracia uruguaya, que se acerca a los 40 años sin interrupciones, sigue sin resolver grandes asuntos. La pobreza infantil, la reforma educativa, la reforma del Estado, y la propia reforma de la Seguridad Social, que lavada y sin acuerdos nacionales, no garantiza nada a las nuevas generaciones. A esos que no votan. Podemos culpar a los políticos, pero hasta que padres y abuelos no voten pensando en sus hijos y nietos, nada va a cambiar.