Opinión | La pugna entre dos modelos de seguridad

El debate sobre la seguridad pública en Uruguay es, más que una cuestión técnica, un conflicto ideológico de fondo. Se enfrenta una visión que prioriza la firmeza en la aplicación de la ley con otra que aborda el delito desde una perspectiva complaciente, que pone el foco en las supuestas causas sociales y estructurales de la criminalidad. Estas posiciones han definido gran parte del panorama de seguridad del país en las últimas décadas.

El actual gobierno ha implementado un enfoque claro: la ley debe ser respetada, la autoridad debe ser ejercida sin vacilaciones y la Policía respaldada en su tarea de garantizar el orden. Este enfoque se basa en la convicción de que el delito es una amenaza directa a la convivencia y, por tanto, debe ser enfrentada.

Esta postura contrasta con la visión defendida por el Frente Amplio en sus años de gobierno, cuando el delito se entendía, en gran medida, como un producto de desigualdades sociales. Según esta perspectiva, la sociedad es responsable de generar las condiciones que empujan al crimen.

Las cifras de criminalidad heredadas por esta administración reflejan lo que fue un desafío monumental: el Frente Amplio entregó el gobierno con aumento de homicidios, rapiñas y hurtos y una Policía desmotivada. Su política de seguridad fue nefasta. La gestión encabezada por el presidente Lacalle Pou revirtió no solo los resultados, sino que también —y fue el comienzo de la recuperación— le devolvió confianza a la Policía. Se la respaldó material, jurídica y simbólicamente, devolviéndole su rol y su prestigio social.

La política criminal del actual gobierno no niega la importancia de las políticas preventivas de carácter social, pero subraya que no pueden sustituir a una firme aplicación de la ley. No hay seguridad pública sin represión. Sin represión, cualquier intento de prevención se diluye.

El dilema entre prevención y represión, entonces, no debería verse como una elección binaria, sino como un equilibrio necesario. Tal como lo sugieren expertos, como Thomas Abt, es imposible implementar políticas sociales significativas en contextos de alta violencia sin antes reducir los niveles de inseguridad. La represión es una condición necesaria para que las políticas preventivas tengan éxito.

El 27 de octubre los uruguayos volverán a elegir y tienen que ser plenamente conscientes que en el caso de la seguridad hay dos modelos diametralmente diferentes.

Es posible seguir mejorando los niveles de seguridad y todo el equipo de gobierno es plenamente consciente de la necesidad de hacerlo. Pero la mejora solo podrá provenir de la continuidad de las actuales políticas de seguridad.

Las actuales políticas de seguridad han reducido el número de rapiñas, hurtos, abigeatos, y han contenido el número de homicidios que venían al alza en los quince años del Frente Amplio. Se combatió al narcotráfico en toda la escala y se lograron récords de incautaciones, de allanamientos, de formalizados, de condenados, de bocas de droga desarticuladas.

El retorno de las políticas de seguridad del Frente Amplio ocasionaría el doble daño de desmantelar lo bueno que se hecho y sustituirlo por recetas y equipos comprobadamente ya fracasados.

De muestra basta un botón. Las bases programáticas del Frente Amplio proponen “desprisionalizar”. Esto es que, delincuentes que hoy van presos, con el Frente Amplio no irían.

Ese solo punto ya evidencia que el camino indulgente con la delincuencia se muestra intacto entre los equipos de la oposición.

Por otro lado, en el equipo de Álvaro Delgado queremos seguir mejorando los niveles de seguridad con propuestas concretas.

Para mejorar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico proponemos replicar el modelo de grupo multifuerzas como en Italia.

En el plano de seguridad urbana, para bajar la violencia y buscar la reducción de los homicidios vamos a fortalecer el ataque y la represión contra los clanes (preponderantemente) narcos que tienen presencia en algunos barrios. Ese enfoque focalizado permitirá mejorar la eficiencia policial. Vamos a aumentar penas y crear un nuevo delito, y darles un tratamiento penitenciario de estricto aislamiento.

Vamos a ampliar el despliegue de la Guardia Republicana y ampliar la videovigilancia, no solo ampliando el número de cámaras sino incorporando Inteligencia Artificial para mejorar su efectividad. Esa misma herramienta permitirá “dronizar”, incorporando dispositivos no tripulados que permitan un patrullaje desde el aire de los distintos cuadrantes de la ciudad.

Para mejorar el combate al Lavado de Activos proponemos cambios institucionales unificando la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central y la Secretaría nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (Senaclaft). Con esos nuevos esquemas institucionales se podrá mejorar la respuesta de inteligencia preventiva y represiva contra los grandes grupos del crimen organizado, persiguiendo y asfixiándoles su economía.

A esto hay que agregarle la política de rehabilitación y reinserción social dentro del sistema carcelario.

Pero como queda claro, más allá de las medidas concretas, sin estrategia y sin filosofía contra el crimen y el delito, no puede haber mejora en la seguridad. Por eso, el domingo 27 de octubre es entre quienes podemos seguir mejorando la seguridad y los que solo tienen las recetas y los antecedentes de haber fracasado.