El proceso de judialización de la política viene de bastante lejos y es un síntoma inequívoco del empobrecimiento de la política y de la democracia en Uruguay. Ahora se está dando de manera acelerada otro descenso más, la politización creciente de la justicia.

Si algo le faltaba a este escándalo interminable y bochornoso del caso Astesiano y sus implicancias judiciales y políticas, la fiscal Gabriela Fossati se ocupó de agigantarlo al acusar por difamación al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, al director de un medio de prensa, Alberto Grille,  y a tres usuarios de las redes sociales.

El caso Astesiano es único en la historia política y judicial del Uruguay, no hay antecedentes por las implicancias del Presidente de la República, de dos de sus ministros, y toda la cúpula de casa de gobierno (Secretario de la Presidencia, Prosecretario y secretario personal del Presidente), y toda completa la cúpula policial, y ahora se agrega la Fiscalía de la Nación. La denuncia de la fiscal Gabriela Fossati por difamación, implica directamente al Fiscal de Corte.

En este proceso abreviado lo único que la fiscal y el juez no pudieron obviar es que Alejandro Astesiano, durante 29 meses y ejerciendo el cargo de jefe de la custodia presidencial, con 116 funcionarios a sus órdenes y con directa relación con los principales mandos policiales que cumplían sus pedidos, de la utilización de estructuras del Estado, como el sistema de video vigilancia, de la Casa Militar de la Presidencia y la Caja Militar de Retiros, para obtener el pago de una jubilación de 20 años…!!! acumulados, de intervenir en compras y en el otorgamiento de obras viales, y de tener directa relación económica con la empresa Vertical Skies que le encomendaba tareas ilegales, le valió una condena a cuatro años y medios de cárcel. Pero no aparecen los cómplices o los jefes de Astesiano.

La fiscal del caso tuvo acceso, como en muy pocos casos, a miles de chats entre los diversos implicados, y entrevistó como testigos desde el Presidente de la República a diversos jerarcas de gobierno y…convocó a un integrante del Frente Amplio por su entrevista con el padre de Astesiano residente en Brasil. Luego de pocos minutos, a Gustavo Leal lo pasa de testigo a implicado. Sin proporcionarle ni a él ni a sus abogados, y luego de varios días, ninguna justificación. Es el reino del absurdo y de la arbitrariedad, es como si la fiscal hubiera decidido precipitarse totalmente en estas barbaridades.

Y ahora se despacha, en su delirio de impunidad absoluta, acusando a cinco personas y nada menos que al presidente de la fuerza política de oposición, de difamación.

Estamos llegando a niveles que es claro que el gobierno, promueve y festeja, pero que la Fiscalía debe asumir en todas sus responsabilidades, el de pretender que los fallos, las actuaciones y conductas de los funcionarios de la fiscalía no se pueden criticar. La alineación política total de una fiscal, en una causa extremadamente delicada.

Así que dirigentes de la oposición son acusados e imputados mientras ni siquiera uno de los jerarcas del gobierno directamente imputados por múltiples pruebas de tener directa relación con "un delito de asociación para delinquir en reiteración real con un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de conjunción de interés personal y público y un delito continuado de revelación de secretos" haya sido molestado.

Ninguno, absolutamente ninguno de esos delitos y de otros que la fiscal decidió amistosamente que no merecían ninguna consideración, como utilizar las estructuras del Estado para espiar a la ex esposa del Presidente, a dos senadores de la república, y a adolescentes y docentes de un liceo de Montevideo, se pueden haber realizado sin cómplices, sin jefes, sin la anuencia de esos jefes y al servicio de sus intereses políticos y personales.

Pero a la fiscal no se le mueve un pelo, al contrario se desmelena para desviar la atención e inculpar a la oposición a como dé lugar.

La fiscal Gabriela Fossati está incurriendo de manera reiterada en abuso de funciones y no está capacitada para manejar esta causa, y a esta altura dudo de que pueda manejar ninguna causa donde haya la mínima relación con elementos políticos, y los delitos económicos tiene con mucha frecuencia una implicancia política. Y ella pidió el traslado a esa fiscalía.

La estrategia del gobierno es más que evidente desde el principio, presionar con todo lo posible a la Fiscalía de Corte, con propuestas de cambios, de formar un triunvirato, etc. etc., y por otro lado dejar que actúe “la justicia”, en realidad la fiscal Fossati. Y los resultados están a la vista: procesos abreviados en el tiempo y en la transparencia y en las implicancias y hacer todo lo posible para invertir las responsabilidades.

¿Esta profunda politización, partidización de la justicia quedará impune y entraremos en un irreversible proceso de degradación de uno de los principales poderes de la república?