Opinión | La inevitable convulsión social en Perú

Christopher Mendonça*
Latinoamérica21

Luego de cuatro meses de un relativo apaciguamiento de los ánimos de los miles de ciudadanos que protestaron a lo largo y ancho del territorio peruano, esta semana ese país retoma un cuadro de gran preocupación por su seguridad pública. Los discursos de la presidenta Dina Boluarte y los esfuerzos de su equipo no han sido suficientes para evitar que la población peruana exprese su descontento con la política nacional.

Perú es un país que ha enfrentado, en los últimos años, una serie de episodios de inestabilidad política que han estado marcados por la caída y el ascenso de personalidades al poder. En los últimos cinco años, ha habido seis jefes de Estado diferentes. La sexta figura en ocupar tal cargo fue elegida en 2021 como vicepresidente. Tras un intento de golpe de Estado, marcado por la orden de disolver el Congreso, el presidente Pedro Castillo fue destituido y detenido ante las acusaciones que aún recaen sobre el exmandatario. Su compañera de fórmula, la actual presidenta Dina Boluarte, fue la primera mujer en la historia republicana de Perú en gobernar el país.

Boluarte, abogada de formación y con experiencia en diferentes cargos de la Administración Pública, asumió el cargo en diciembre de 2022 y ya en sus primeros actos como presidenta tuvo que enfrentarse a fuertes protestas organizadas por distintos sectores de la sociedad. Al principio, un pequeño grupo de partidarios del expresidente Castillo salió a las calles. Poco a poco, los movimientos aglutinaron a estudiantes, trabajadores, mujeres y representantes de diferentes minorías sociales para cuestionar la legitimidad del Gobierno de turno. Aunque las protestas no están unificadas en sus intereses, convergen en el deseo de que el actual presidente adelante las elecciones que constitucionalmente deberían celebrarse en 2026.

La reacción de los poderes públicos ante las protestas fue bastante dura, especialmente en Ayacucho y Juliaca, dos ciudades peruanas, donde decenas de personas fueron violadas (y algunas, asesinadas) por las Fuerzas de Seguridad Nacional, que exigieron la paralización inmediata de los movimientos de protesta. Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la violencia urbana alcanzó niveles que preocuparon incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró estar observando muy de cerca la situación del país.

A mediados de junio, tras un periodo de negociaciones entre el Gobierno y la población, se reanudaron las protestas. En vísperas del 202 aniversario de la independencia de Perú, las calles de Lima y otras partes del país volvieron a llenarse de descontento.

La presidenta, que parecía estar negociando unas elecciones anticipadas, ha empezado a dar señales de que pretende permanecer en el cargo hasta que expire el mandato para el que fue formalmente investida en 2022. En sus discursos oficiales, culpa al Congreso de la imposibilidad de resolver el impasse. Para que se celebraran nuevas elecciones, el Legislativo nacional debía ser habilitado, cosa que no ocurrió. En una reciente encuesta de opinión pública, que fue difundida por Latinobarómetro, la mandataria tiene uno de los niveles más bajos de aprobación popular entre los líderes latinoamericanos, y solo la supera el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

En un discurso de más de tres horas ante el Congreso y las principales autoridades peruanas, Boluarte lamentó la violencia entre las fuerzas de seguridad y la población, sin reconocerse, sin embargo, responsable de estos enfrentamientos. Su discurso careció del mea culpa esperado por sectores de la sociedad. La presidenta también defendió un “pacto de reconciliación nacional” para restablecer el orden público nacional, que ya ha sufrido pérdidas económicas imprevistas.

Al mismo tiempo que tendía la mano a la población, también pidió al Congreso que autorizara la ampliación de las capacidades de seguridad del Poder Ejecutivo. La justificación es la posibilidad de que grupos criminales, incluyendo terroristas, se aprovechen de la debilidad social en la que se encuentra el país para cometer delitos.

* Christopher Mendonça es profesor de Relaciones Internacionales en IBMEC-BH y doctor en Ciencia Política, por la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG).