Desde esta dura, triste y compleja realidad, nos paramos para proyectarnos hacia el futuro y pensar los cambios que nuestro país necesita. Todo esto, sin salir tras la búsqueda de excusas y asumiendo la responsabilidad de gobernar con la realidad que tenemos, siempre y cuando sea esa la decisión popular en octubre de este año. De esta forma, urge colocar al Uruguay ante un nuevo camino de transformaciones, de mayor relevancia y magnitud a las que se desarrollaron durante los 15 de gobiernos frenteamplistas.

La herencia

Conocer la herencia debe ser el punto de partida para enfrentar los desafíos y lograr que nuestro país retome la senda del crecimiento con justicia social.

La realidad de hoy es mucho más compleja que la del 2019. El Uruguay que nos dejará este gobierno —y al que le tendremos que dar respuesta— será más desigual, más inseguro, con menos prestigio internacional y, sobre todo, muy degradado desde el punto de vista institucional. La pobreza infantil sigue ubicada como una de las grandes alarmas de nuestro país y lamentablemente la situación se sigue deteriorando.

Si pensamos en el Uruguay proyectado al mundo, parece notorio el retroceso que ha sufrido nuestro país. Desde hacía décadas, nuestro país venía desarrollando una política de Estado que iba más allá de los colores políticos del momento. Sin embargo, durante este quinquenio, la Torre Ejecutiva se fue apropiando de la agenda en materia de política exterior, perdiéndose toda señal de autonomía y profesionalismo. Esto resulta preocupante, porque un Estado requiere tener un servicio exterior profesional y serio, donde se deje trabajar a los que saben y puedan reportarle los mayores beneficios al país.

La errática política de inserción internacional incluye los frustrados intentos del gobierno de integrarse a otros bloques comerciales. Obviamente, no hay dudas de que esto es deseo de todos, porque podría implicar una mejor colocación de nuestras exportaciones, accediendo a nuevos y mejores mercados. Por supuesto que siempre se deben analizar las condiciones, y de ahí resolver si esto se condice o no con el interés nacional.

El gobierno pretende que Uruguay ingrese al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico y para eso debía de avanzar con ciertos instrumentos jurídicos. Para ello, aprobó el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), entre otras cosas. Sin embargo, Canadá presentó objeciones a la incorporación de Uruguay por violar los derechos de los inversores extranjeros. ¿Acaso nuestro país no se destacaba por ser respetuoso de sus compromisos asumidos a nivel internacional? Parece que para Canadá eso no es así y le sobran razones para afirmarlo.

Luego que nuestro país le concediera arbitrariamente a la empresa Katoen Natie el monopolio en el negocio de los contenedores, el grupo canadiense ATCO, socio minoritario de Montecon, presentó un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por entender que se violó el tratado de inversión entre Canadá y Uruguay. Este juicio internacional habría llevado a que Canadá (integrante del Trans-Pacífico) considere que Uruguay no está preparado para ingresar a dicho bloque por no respetar la inversión extranjera.

Hoy, además, Uruguay ha perdido de manera notoria su confiabilidad internacional. Pululan las malas noticias sobre nuestro país, en algunos casos producto de la desidia en materia de políticas públicas y, en otros casos, simplemente por acciones directas del gobierno. No es un secreto el notorio aumento en la corrupción pública. Hemos retrocedido en el ranking de corrupción según el último informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora la ONG Transparencia Internacional.

Si bien, nuestro país sigue estando bien posicionado a nivel internacional, parece evidente el retroceso y eso no ha de extrañarnos. Escándalos notorios como los casos de Astesiano y el de Marset, o los acomodos en Salto Grande, son apenas la punta del iceberg.

En materia de seguridad pública, la situación es cada vez peor. El aumento de los homicidios (en este quinquenio habrá un nuevo récord), da cuenta de la falta de respuestas. Nuestro país se ha vuelto un hub mundial en materia de narcotráfico, pasando de ser un país de tránsito a un país de acopio. Todo esto, sumado al manejo displicente en el control al lavado de activos y los nulos controles fronterizos, podrían estar dándonos una explicación del aumento de los homicidios.

La responsabilidad de gobernar

El Frente Amplio cada vez que gobernó se caracterizó por enfrentar los problemas con ahínco y buscar las soluciones al servicio del país. Por eso, afirmamos nuestra voluntad de gobierno, que lejos de quedarse con las herencias, apuesta por el futuro. La herencia es apenas un diagnóstico de la realidad que nos debe posicionar para asumir la responsabilidad de gobernar y modificar el presente.

Las soluciones deben plantearse de manera transversal, en cada uno de los espacios de gobierno donde se desarrollarán las políticas que se implementarán. Lejos de revanchismos y acciones tendientes a buscar excusas, debemos abordar cada uno de los problemas que aquejan a los uruguayos. Así lo hicimos en 2005 cuando gobernamos el Uruguay, centrándonos en las soluciones.

Uruguay necesita hacer un nuevo pacto social que le permita determinar los desafíos venideros, en un mundo cada vez más complejo y cambiante. La voluntad de diálogo debe retornar al sistema político, porque es mucho lo que se juega este país de cara al futuro. Políticas como la solución de la pobreza infantil, la inserción internacional, el combate a la corrupción y seguridad pública, se solucionan con grandes acuerdos o no se solucionan.

Si los problemas siguen siendo un botín electoral entonces los políticos estarán más interesados en responsabilizar al otro que en asumir la voluntad de gobernar. La gente ya está harta de las excusas y de ver que unos responsabilizan a los otros y se excusan en las “herencias malditas” con la finalidad de justificar sus propias falencias. Nuestra fuerza política ya demostró que no le interesa seguir ese camino. Lo hizo en 2005 cuando se encontró con un país que salía de una de las peores crisis económicas de su historia. Por eso, si le tocara nuevamente la responsabilidad de gobernar volverá a asumir dicha responsabilidad.

Con voluntad de diálogo, la próxima administración deberá apostar por reconstruir la calidad institucional de nuestro país. El país necesita un sistema de justicia que se encuentre a salvo de las presiones políticas y pueda actuar con verdadera independencia. Incrementar la independencia técnica de jueces y fiscales, implica elevar la calidad de nuestra democracia, poniéndole un freno a la arbitrariedad y al abuso del poder.

Por eso, más allá de las herencias, lo importante es hacerse cargo y el Frente Amplio tiene la madurez y la capacidad para lograrlo.