Opinión | La gallina desplumada

Nuestro país es una penillanura levemente ondulada. Esa característica geográfica también es parte de nuestra geografía social y política. Somos un país bastante previsible, ofrecemos seguridades en un mundo de mucha crispación e incertidumbre.

A nivel político esta característica geográfica también tiene su expresión.

La variedad de expresiones políticas presentes en nuestro país, se expresan en diversas visiones o familias ideológicas.

La institucionalidad democrática de nuestro país, la realidad nacional y la fuerte incidencia en el debate nacional de los principales referentes de partidos políticos, pero también de los referentes de ámbitos laborales, empresariales y sociales, son factores que tradicionalmente han jugado el rol que termina, naturalmente, limando las aristas más puntiagudas de los posicionamientos más extremos. Por así decirlo, esa sana costumbre ha ido configurando una serie de sabias decisiones país, donde el conjunto de la sociedad termina optando por los caminos de mayor consenso social y político, dejando de lado los caminos menos convenientes. A los que intentaron otra cosa el pueblo los puso en su lugar.

En este sentido, Uruguay tiene a las Empresas Públicas como uno de sus grandes pilares en su construcción de un Estado activo. Están presentes en sus varias dimensiones a lo largo y ancho de nuestro territorio, y han sido un motor importante del desarrollo del Uruguay. Y ello se debe a distintas razones: en un país relativamente pequeño y escasamente poblado como el nuestro, el desarrollo de los servicios de agua potable, electricidad, combustibles, telecomunicaciones, servicios portuarios, entre otros, fueron sustentados en la creación o nacionalización y estatización de monopolios públicos. Ello permitió su llegada a toda nuestra población, independientemente de su lugar de residencia. Basados en una perspectiva de derechos, el Estado uruguayo logró que los servicios sean brindados con precios y estándares de calidad envidiables en nuestro continente, pero además logrando una gran cobertura, especialmente en comparación a lo alcanzado en otros países de la región.

Sin embargo, este impulso de presencia Estatal no ha estado siempre presente. El Uruguay ha vivido impulsos nacionales privatizadores, cada uno con diferentes argumentos pero que han intentado ir en contra de esta sabia tradición nacional. Por suerte no han salido bien. Pensemos el impulso privatizador de la ola neoliberal de la década de los 80 y 90 y la respuesta del campo popular en la defensa del patrimonio público que permitió resguardar nuestras empresas públicas de la moda privatizadora, impulsado entre otros por Lacalle y Sanguinetti.

Como decía mi abuela, muchas veces, uno aprende más de sus fracasos, cuando se da la cabeza contra la pared, que de sus aciertos. ¡Y vaya si aprendieron!

“Ahora viene el tema de ir desplumando al pollo pluma por pluma para que grite lo menos posible”, fue la frase con la que Sanguinetti sintetizó la estrategia que para él tenía y tiene por delante el entonces recién electo gobierno de la coalición multicolor en un encuentro realizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing en diciembre de 2019. Y así ha sido, sino analicemos un poco.

La primera pluma

Hay varias formas de privatizar un servicio público. Puede ser de forma directa, una clásica puede ser la venta de una parte mayoritaria o de la totalidad de una empresa estatal a un privado, nacional o extranjero.

Pero hay formas menos directas, aunque no por ello menos efectivas, que tienen que ver con designar no a los mejores para sus puestos, sino por “cuota política”, o además que no se formule un plan de desarrollo de los entes o bien se haga uno para su debilitamiento progresivo. En el libreto de las formas de privatización también aparece otra estrategia, de promoción de regulaciones contrarias a la protección, el estímulo y el desarrollo de las empresas públicas, con el supuesto objetivo de “favorecer la libre competencia” o la “libertad del consumidor”. Es que claro, ¿quién puede estar en contra de tan nobles objetivos?

Ni que hablar de la estrategia de incentivar el recorte de su presupuesto y las inversiones, la reducción del personal esencial para el cumplimiento de sus funciones. O de la no reinversión y mejora en su modernización de su infraestructura, dejando parte de sus activos obsoletos o con dificultades para su normal funcionamiento, resintiendo sus servicios y empeorando la calidad y el desarrollo de los mismos y la estima que la sociedad tiene de las mismas. ¿Les suena?

Pero la mejor estrategia, que este gobierno re introdujo, es aquella vinculada a la modalidad que pensábamos casi perimida, casi obsoleta en este mundo moderno y de culto a la transparencia pero que indudablemente vive y lucha fuerte: la entrega a dedo, la entrega a sola firma, como patrón de estancia que dispone a troche y moche de su supuesta propiedad y se lo regala a quien se le ocurre, o mejor dicho a sus amigotes o a quien le conviene. Siempre en nombre de la promoción de la competencia, la mejora de los servicios y las tarifas (de ellos).

Para muestra basta un botón, o un puerto.

La supuesta “nueva concesión” del Puerto de Montevideo a Katoen Natie hasta 2081 es escandalosa. A esta empresa se le otorgó a dedo, sin licitación, la puerta de entrada de nuestro país, la llave del comercio exterior del mayor puerto del Uruguay en régimen de monopolio, el transporte de cargas de contenedores en Montevideo, sin ley y negociado de manera oculta entre cuatro paredes. Para tener una idea, el 90% de los flujos comerciales mundiales se realizan por vía marítima. De la carga transportada en el puerto de Montevideo, dos terceras partes se realizan por contenedores. ¡La gran mayoría del negocio de cargas del principal puerto de nuestro país se le otorgó de manera monopólica y sin ninguna ley que lo habilite a una empresa transnacional del reino de Bélgica! Eso sumado a que el abogado de la Empresa es el mismo que fue prosecretario de Presidencia de Lacalle Padre y padre del actual Embajador de Uruguay en Estados Unidos. ¡Qué coincidencia! ¿no?

Eso sí, todo el contrato estaba escrito en español y fue negociado siempre diciendo que era en nombre del interés nacional, para beneficiar a Uruguay en la lucha de puertos, la mejora de nuestra posición país e imagino seguramente con las estrofas de la marcha mi bandera resonando por detrás en el momento de la firma clandestina. Es inentendible, en la lógica de la defensa de los intereses nacionales, haber firmado tamaño contrato por 60 años sin incluir un compromiso de mejora en la sustentabilidad del negocio, de incorporación de tecnologías limpias y tecnologías digitales. Aún más en una industria que se encuentra en un brutal proceso de transición y que nadie puede augurar que será de ella en los próximos años, ¡y menos en el año 2081!

Las pobres razones esgrimidas públicamente, sin ningún sustento jurídico que lo ampare, por la necesidad de evitar un “juicio internacional” y con el logro de una supuesta inversión millonaria aún sin concretar y una supuesta baja de tarifas que, dos años después de la entrega, aún no han sucedido. En cualquier parte del mundo sería un negocio escandaloso. tan escandaloso que hoy se está tramitando en la justicia a través de indagatorias a las distintas autoridades nacionales.

La joya de la Corona

Antel es una de las grandes empresas públicas que los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle intentaron sistemáticamente privatizar, y que el pueblo uruguayo logró defender a través de juntadas de firmas, plebiscitos y movilizaciones.

Es que en un mundo que avanza a pasos agigantados hacia la sociedad del conocimiento, donde las telecomunicaciones son un factor determinante en los diferentes modos de producción, comercio y consumo, el Uruguay logró desarrollar un modelo híbrido, casi único donde la principal empresa de telecomunicaciones, estatal y pública, es la que al mismo tiempo brinda servicios de internet móviles y fijos, servicios de telefonía celular, y el desarrollo de una infraestructura de fibra óptica que es envidia en el mundo por niveles de calidad y cobertura.

El diseño de un plan estratégico de desarrollo planificado y ejecutado por Antel permitió la instalación de una red de fibra óptica a lo largo y ancho del país, con inversiones de 850 millones de dólares concretadas en la última década. La instalación de una infraestructura clave para el desarrollo futuro del país, de las comunicaciones y de las tecnologías de la información, nos permite hoy tener una de las mejores conexiones a internet de América Latina. Uruguay tiene el récord mundial de cobertura de internet, alcanzando un 87% de los hogares, con el internet más barato de la región. Todo esto además permite continuar fortaleciendo los recursos económicos de la empresa dándole espalda financiera para futuras inversiones que continúen mejorando la cobertura de la fibra óptica en todo el país y la mejora en la velocidad de conexión.

La facturación total de Antel en 2021 fue de 950 millones de dólares, de los cuales un 43% provienen de la prestación del servicio de internet, lo que significa aproximadamente 410 millones de dólares anuales.

Todo este proceso de fortalecimiento de Antel y desarrollo de su infraestructura se está tirando por la borda. Según el director del Frente Amplio en Antel, Daniel Larrosa, hay una fuerte desinversión en el Ente que representó una baja del 13% en 2020 y del 17% en 2021 respecto a 2019, eso sumado a un estancamiento en los ingresos. La tecnología 5G, de la que Uruguay había comenzado a ser pionero con su implementación en la región (fuimos el primer país de América Latina en contar con esa tecnología), ya no está dentro de la agenda de Antel. Su desarrollo está bloqueado por una decisión estrictamente política.

Decíamos al comienzo que las formas de privatizar a las empresas públicas son varias, pero que una es justamente la de ir desangrándolas, dejando de invertir en ellas y abandonándolas como una vieja construcción que va quedando deteriorada al punto de que colapsa por sí misma.

Se insiste una y otra vez en la desmonopolización de áreas estratégicas para el desarrollo de las telecomunicaciones. Otra vez el argumento falso y útil pero vestido de noble de “favorecer la libre competencia”.

Pero esta historia tiene varios capítulos. Este gobierno lo primero que hizo fue introducir en la Ley de Urgente Consideración algunos artículos que privatizaban la fibra óptica y obligaban a Antel a arrendar su infraestructura a privados asegurando “precio razonable” a los privados. Gracias a la denuncia de los mismos, el gobierno optó por retirarlos y los re introdujo en la llamada “Ley de medios” y que luego de la consideración a nivel del trabajo parlamentario en la comisión de industria de la Cámara de diputados la misma fue bloqueada por notorias diferencias en la coalición de gobierno, la oposición y los trabajadores de ANTEL.

No contento con esto, y como en aquella oleada de privatizaciones del 90 donde el Gobierno de Lacalle Padre entregó de forma directa los permisos de cableoperadores del país directamente a los dueños de los canales 4, 10 y 12, el actual Gobierno de Lacalle hijo también decidió otorgar de manera directa, por resolución y sin ninguna ley que lo ampare, las licencias para prestar servicio de internet fijo a las mismas empresas a las que Lacalle padre adjudicó los permisos de cableoperador en los 90. Un lindo regalo.

Además, el actual Gobierno piensa ahondar esta privatización con la derogación por completo de la actual ley de medios y la incorporación de una nueva legislación en varios artículos de la rendición de cuentas del ejercicio 2021, abriendo la posibilidad de que todas las empresas de cable puedan ofrecer el servicio de internet y además se les permita su comercialización y su venta, no solo a nacionales sino también a empresas extranjeras, y con ello abriendo la puerta a empresas transnacionales.

Más nafta al fuego

Luego del fallido intento de desmonopolización de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados contenida en el Proyecto de Ley de Urgente Consideración original, enviado al Parlamento nacional por parte del gobierno actual, y retirado y detenido por falta de acuerdo político en la coalición, el gobierno actual ha avanzado en la estrategia de ir desplumando la empresa de a partes. Su primer “logro” fue haber establecido una propuesta integral de revisión del mercado de combustibles a la Asamblea General. En paralelo a esa estrategia, mediante la Rendición de Cuentas se modificó la ley de agrocombustibles, eliminando la obligación de que el Gasoil tenga en su composición un 5% de mezcla de biodiesel. Esto impacta en varios sentidos, ambiental, porque la mezcla de biodiesel en combustibles permitía una baja en la emisión de gases de efecto invernadero, pero también de fuerte impacto en toda la industria sucro-alcoholera de ALUR, con el cierre proyectado de la Planta de Capurro.

Todo este desmantelamiento bajo el supuesto de la necesidad de eliminar los subsidios cruzados y bajo una promesa de campaña incumplida, no solo no subir los combustibles, sino además pretender bajarlos. Ninguno de los dos se logró, más bien, los combustibles han subido como nunca en los últimos 20 años, casi un 50% en poco más de un año y medio (desde el primer ajuste, del 1 de enero de 2021, hasta ahora, la nafta super pasó de 54,95$/L a 80,88$/L, un aumento del 47,2%). Además, se congeló el aporte que realizaba ANCAP por la venta de Gasoil al fideicomiso para el financiamiento del boleto estudiantil, lo que significa que cada vez será mayor el impacto del precio de los combustibles en el precio del boleto.

La política de privatización de ANCAP en curso implicó la entrega directa a transnacionales petroleras de la venta de combustible en aeropuertos y puertos. Algo de lo que el país sacaba un rédito regalado sin ninguna justificación.

Ni siquiera perdonaron al gas, principal energía de las y los más humildes para la calefacción y la cocina. En su programa de reforma del mercado de los combustibles, el gobierno está eliminando progresivamente el subsidio al gas, lo que implica un aumento de más del 40% en el precio de la garrafa. Además se avanza en la reprivatización del gas licuado de petróleo, eliminando progresivamente a DUCSA (la empresa distribuidora de ANCAP) del mercado de distribución y envasado del gas.

La industria del portland, donde ANCAP tiene gran parte de sus negocios también está en camino a ser privatizada. El presidente Lacalle entiende que para que ANCAP “siga compitiendo tenemos que asociarla y hacia allá vamos”, y pretende que se abra un proceso de licitación para explotar los yacimientos de piedra caliza (que también son propiedad del Estado) que totalizan 10 mil millones de dólares en recursos. Una entrega del patrimonio del país para la explotación de transnacionales.

Agua que no has de beber…

El proyecto Neptuno es un proyecto que surge de la iniciativa privada de las empresas SACEEM, BERKES, CIEMSA y FAST y que tiene un objetivo loable, dotar al área metropolitana del país del caudal de agua potable necesaria para el consumo de nuestra población. El mismo implica la construcción de una toma de agua en el Río de la Plata, a la altura de Arazatí, departamento de San José, una planta potabilizadora, un reservorio de agua contiguo a la planta para regular la salinidad del agua, y los ductos necesarios para transportar el agua hasta el área metropolitana, complementando la Planta de Aguas Corrientes en Canelones. Esto le va a costar al Estado unos 12 millones de dólares extra por año más cara que la alternativa de gestión pública y más de 300 millones de dólares en la duración prevista en el contrato . Un proyecto que no es comparable desde el punto de vista financiero con el proyecto de construcción de un embalse en Casupá, Departamento de Florida (por costo, tiempo de implementación, solución ofrecida y estado del proyecto) ya que se encontraba previsto su financiamiento y avanzado su desarrollo.

Durante los 90, en el gobierno de Lacalle, se comenzó un proceso de privatización del agua y el saneamiento en Maldonado, que fue detenido con el plebiscito de reforma constitucional del agua en 2004, dejando establecido constitucionalmente que «el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales».

El primero de marzo de 2021, mediante su mensaje a la Asamblea General, el Presidente Lacalle anunció el comienzo de un plan de saneamiento que cubriría a 124 localidades con más de 2.000 habitantes. De ese proyecto de iniciativa privada de las empresas Saceem, Ciemsa, Teyma y Fast, se anunció que, como los grandes anuncios de este gobierno, no se va a concretar como se esperaba. De hecho, serían entre 20 y 25 las localidades y no 124, pero tampoco se conoce mucho porque no han habido mayores noticias de parte del Poder Ejecutivo, el gobierno brilla por su ausencia. Por si fuera poco, el proyecto de saneamiento está en manos de privados en su fase de obra y operativa, contra la constitucionalidad, a pesar de la existencia de un Plan Nacional de Saneamiento aprobado en enero de 2020 con el que el proyecto no está en sintonía, y además en una situación en la que OSE ya cuenta con la capacidad técnica suficiente para su construcción y operación, como ya lo ha venido haciendo años atrás.

Hay una luz al final del túnel

En un momento de desarrollo tal de la matriz energética, con la incorporación de energía solar, eólica además de la hidráulica ya existente en todo el país, Uruguay está en una situación ejemplar en cuanto a la producción eléctrica. Ello nos permitió, por ejemplo, la venta de energía a Brasil por 316 millones de dólares en 2021, lo que significa aproximadamente un cuarto de la facturación anual de UTE. Durante el segundo gobierno de Sanguinetti comenzó también un proceso en la privatización de la energía eléctrica, con la Ley Reguladora del Marco Energético, que habilitó a grandes consumidores a comprar energía a través de contratos a término (situación que fue mayoritaria en la forma de adquisición de energía de grandes consumidores), o a través del mercado spot, donde el precio varía en función a la oferta y demanda inmediata de energía. Todas las empresas catalogadas como grandes consumidores mantienen contratos directos con UTE para el suministro de la energía eléctrica, y son una parte importante de las finanzas del ente ,consumen el 18,5% de la energía producida y representan el 11% de la facturación total. Hasta ahora, el mercado spot ha sido residual en el total de las transacciones de energía, sin embargo, la incorporación de nuevas tecnologías en la generación de energía, como también la inversión en ese sentido, han generado una reducción del precio en el mercado spot, que en ocasiones fue tendiente a 0.

UTE actualmente garantiza a las empresas un suministro continuo y de calidad, que permite seguridad en el abastecimiento de la producción. Ahora se intenta llevar adelante una estrategia para sacar a UTE del centro de la compra y venta de energía, permitiendo a los grandes consumidores optar por ser clientes libres de la empresa. Una privatización silenciosa que irá avanzando a medida que vayan cayendo contratos que varios generadores mantienen con UTE y se extienden por varios años. Otra vez en nombre de la “libre competencia”, se intenta generar el marco legal para que la generación y el comercio de la energía a los grandes consumidores se maneje de forma privada y por fuera de la órbita del Estado.

En un momento donde las inversiones realizadas en el Ente que permitieron el cambio de la matriz energética, y con ello una reducción importante del costo (en 2019 UTE ahorró mil millones de dólares en comparación a un escenario sin el cambio de matriz), preocupa que el principal objetivo del oficialismo en UTE sea beneficiar a las grandes empresas transnacionales privadas consumidoras de energía, en vez de que dicho desarrollo se aproveche en una reducción de tarifas para los hogares, las pequeñas y medianas empresas y la industria nacional en su conjunto, fundamentales para el desarrollo nacional.

La lista podría seguir, los rumbos siguen siendo los mismos, continuando el desmantelamiento del principal prestador de Salud Pública de nuestro país ASSE, el Banco del País, el Banco República, o el Banco de Seguros del Estado o la Administración de Ferrocarriles del Estado, con la reestructura de AFE que se incluirá en la Rendición de Cuentas próxima.

Desde aquel primer batllismo de inicios del siglo XX las empresas públicas han aportado en la capacidad de brindar un servicio de calidad para todos los rincones del país, intentando acercar las distancias entre la capital y el interior, generando trabajo y desarrollo nacional y reinvirtiendo sus ganancias en la mejora de nuestra infraestructura, ayudando a disminuir las brechas del desarrollo diferencial de los distintos rincones del país. Ese ha sido siempre el horizonte en su desarrollo. Y allí hay una matriz común, un pensamiento que es constante y está detrás del desarrollo de las empresas públicas: la idea de extender las posibilidades de desarrollo a todo el país y de nivelar los “puntos de partida” de las y los uruguayos.

Hay en curso una feroz marcha decidida a privatizar las Empresas Públicas de nuestro país, por partes, una especie de privatización por goteo constante, como dijo Sanguinetti, desplumando la gallina de a poco para que no se queje, hay una decisión política de entregar a privados y a dedo el patrimonio que es nuestro de todas y todos los uruguayos, con los que hemos desarrollado servicios públicos y con los que hemos invertido y financiado la infraestructura país, generando trabajo nacional en todo nuestro país y en nuestro interior profundo eternamente olvidado.

Alarmantemente y sin respetar parte de esa sabia tradición de nuestro país, de avanzar a paso lento pero firme, han decidido “resetearse” y volver a tomar un nuevo impulso privatizador de la década del 90.

Guarda, porque en ese camino, el Uruguay puede amputarse un mejor desarrollo nacional, el desarrollo de empresas públicas motores del desarrollo nacional, de inversión en infraestructura necesaria para potenciar el crecimiento económico de Uruguay, de lograr el desarrollo de empresas que generen renta nacional y que la misma sea reinvertida en nuestro país con una visión de desarrollo.

Hemos defendido el rico patrimonio de los orientales ayer y también lo realizaremos hoy. Denunciando públicamente lo que está sucediendo, movilizándonos para que los Uruguayos y Uruguayas tomemos conciencia de los retrocesos que nos están ocurriendo y si es necesario juntando firmas para defender el porvenir de nuestro país.

La estrategia de la privatización directa e indirecta, de forma gradual, es la que viene ensayando este gobierno, repitiendo la agenda del neoliberalismo privatizador y siguiendo casi paso por paso la misma agenda de la década del 90, pero con un poco más de sofisticación. Tenía razón Lacalle Pou, la fruta no cae lejos del árbol.