A pesar de la insistencia de la oposición, no fue posible lograr que el ministro Lema dedicara tiempo y esfuerzo a hablar en profundidad sobre el año 2020. Toda referencia a este año, caracterizado por el empobrecimiento más rápido de la historia reciente, por la ausencia o la insuficiencia de políticas y por resultados sociales vergonzosos, fue esquivado en nombre de la tan mentada pero sólo convenientemente usada "herencia maldita", o en su defecto de un futuro promisorio deparado por el recién llegado ministro, que pareciera decir que "es ahora" y no cuando habían puesto a Pablo Bartol.

Los 100.000 nuevos pobres del año 2020 son el resultado, según Lema, de la precariedad heredada de 2019, y no de la ausencia de políticas durante la pandemia que devino en una importante crisis social, cuyo alcance aún no está dimensionado. Los 140 millones de dólares de ahorro extra del gobierno por sobre las metas propuestas para el ajuste, que superan a los 120 millones distribuidos por transferencias de emergencia durante la Pandemia entre el casi millón de personas consideradas como afectadas, al parecer nada tienen que ver con el asunto, y vaya si despertaron el enojo del ministro cuando la diputada Galán le hizo recuerdo.

Una y otra vez se intentó obtener respuestas sobre la insuficiencia de las políticas sociales y sobre las razones que justifican el recorte objetivo de los programas, los cuales mantuvieron o redujeron su población objetivo, mientras crecía la pobreza, y mientras el gobierno sobrepasaba sus metas de ahorro planificadas al margen de la pandemia, pero las respuestas obtenidas siempre fueron la negación de la realidad, una referencia a asuntos particulares de programas específicos o anécdotas, de las cuales es imposible inferir una explicación general.

¿Cómo justifica el Ministerio de Desarrollo Social que a la fecha tenga menos beneficiarios de transferencias monetarias que al iniciarse la pandemia, habiéndose expandido la pobreza en un 30%? La explicación pretendidamente técnica es, que los programas presentan ineficiencias y que en la mejora de su desempeño, optimizando su aplicación y mejorando la selección de la población a la que son orientados, hace posible con los mismos recursos, lograr mejores resultados. Pero esto no sólo es un autoengaño, o un engaño, tampoco es lo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social durante el 2020, sino que su acción se dirigió en un sentido absolutamente contrario. La reducción de la población que accedió a los programas de asistencia durante dicho año se dio por la ausencia de respuestas a la demanda de dicha población y no por un proceso en la mejora de la selección.

La sustitución de la presencialidad, razonable en varios momentos de la Pandemia, pero no en todos, por dispositivos virtuales, que vinieron para quedarse, muchos de ellos automáticos e impersonales, multiplicó al extremo el contacto con el MIDES pero redujo la relación objetiva con la población, que llamaba o interactuaba muchas veces por la misma cosa pero no lograba respuesta alguna, sin contar con lo que significa la barrera cultural y tecnológica para enfrentar dispositivos web o usos de Apps, de quienes tienen posibilidad de acceso, ya que muchos no la tienen.

Sí a esto agregamos que el único programa innovador durante la crisis (la canasta de emergencia devenida en TuApp) abandonó todos los criterios técnicos de implementación que le fueran sugeridos y presenta graves problemas de focalización que superan ampliamente a los de cualquier otro programa de transferencias existente, podemos concluir que las inexactitudes acumuladas durante la exposición del MIDES frente al Parlamento configuran una clara falta a la verdad.

Un ejemplo claro es que durante 2020 centenares de familias, las más pobres del país, vieron interrumpida su atención al cortarse los convenios con la sociedad civil para la gestión del programa "Cercanías". Sin embargo el Ministerio declaró, ante el asombro del auditorio, que dicho programa nunca había dejado de funcionar.

Otro tema abordado en la concurrencia fue el relacionado con la evaluación de programas. Quiénes hoy gobiernan han hecho campaña política denostando los resultados de las políticas sociales, quejándose de la falta de evaluaciones, y prometiendo mejoras de eficiencia. Sin embargo, ante la consulta sobre los planes de evaluación del ministerio, el cual no desarrollo ninguna evaluación relevante durante todo el año 2020, se respondió que los problemas de diseño de los programas no habilitaban la posibilidad de evaluación.

Este argumento se torna ridículo cuándo la parte principal del articulado de la rendición de cuentas presentada con perspectivas de transformaciones del ministerio para 2021 en adelante, implica la eliminación del programa Uruguay Trabaja, y la sustitución por el programa llamado "Accesos", lo cual se fundamenta enteramente en resultados de evaluación del programa, que en este caso se presentan como verdades indiscutibles más allá de cualquier contexto interpretativo.

Esta contrariedad entre no haber podido hacer evaluaciones por asuntos referidos a los diseños de los programas, pero usar resultados de evaluaciones para justificar la transformación de uno de los principales programas del ministerio, en una iniciativa de dudosa conveniencia para trabajar con los sectores sociales más carenciados de nuestro país, pero de preocupante utilidad política, esconde una tendenciosidad técnicamente indefendible.

Desde esa deshonestidad se presentan, según conveniencia política, estudios sociales que el Ministerio ha hecho en años anteriores, que se han hecho por decenas, y que quienes hoy gobiernan se han esmerado en no leer, y en ocultar una y otra vez. Para muestra de ello alcanzaría escuchar al suegro del actual ministro en cualquier declaración de prensa mientras era subsecretario.

Quienes se encuentran al frente del Ministerio de Desarrollo Social dejan entrever además en sus discursos que debería existir una relación directa entre los programas sociales asistenciales o promocionales implementados desde el propio Ministerio o articulados por él y buenos resultados de ascenso social y superación de las condiciones de carencia de los beneficiarios.

Esos son los resultados que buscan en las evaluaciones. Por ello ignoran y niegan a la vez, que la dimensión asistencial de las políticas no puede por sí misma eliminar la condición de pobreza, y esquivan la necesidad de políticas universales que realmente puedan cambiar la condición social de hogares y personas. Y lo niegan porque no podría sostener la posibilidad de un ajuste importante del gasto público en la provisión de bienes y servicios a la población que achique la inversión en vivienda, salud y educación, inversiones que superan ampliamente las posibilidades de un Ministerio de Desarrollo Social.

Pero lo mezquino del asunto es el uso conveniente y descontextualizado de resultados e iniciativas, a los que se recurre continuamente para justificar acciones políticas, y que no es posible vincular a los propósitos enunciados sin albergar dudas y sospechas dado que usados de esa forma no tienen ningún asidero técnico.

Si hace falta una demostración, la iniciativa de Rendición de Cuentas parece oportuna para el propósito. El programa Uruguay Trabaja, si bien tiene desmedidas y utópicas metas que han servido al Ministro para justificar su eliminación, tuvo muchos logros fácilmente apreciables a lo largo y ancho del país, para quienes participaron en él, para la sociedad que recibió sus aportes en obra pública, para las políticas sociales que pusieron en juego un conjunto de acciones e ideas que sirvieron para el aprendizaje y la discusión que hoy deberíamos tener con mayor honestidad intelectual, y para la sociedad civil que construyó capacidades y empleo en el largo proceso de inclusión social que este país llevó adelante durante los últimos 15 años.

Sin embargo el nuevo programa "Accesos", el cuál es fundado por ley, pero deja librado a una reglamentación ministerial un sinfín de asuntos muy caros para las políticas sociales asistenciales y promocionales, como por ejemplo el criterio de selección de la población beneficiaria. Habilita la posibilidad de relaciones clientelares, de usos discrecionales de los recursos del Estado, de precarización del trabajo de la población objetivo, de abusos patronales, y lo más importante, de abandono de los sectores sociales con menos posibilidades de integración social.

La vehemencia en la argumentación oficial sobre "el fracaso" de Uruguay Trabaja, que de seguro admitiría muchas mejoras e innovaciones, con la que se justifica la eliminación del programa, se basa en la inconsistencia entre metas formales del programa y un conjunto de resultados sociales distantes a las mismas, esconde y opaca una maniobra deliberada de transformar un programa de atención a la exclusión social orientado a la integración al mercado de trabajo de la población en mayor nivel de exclusión social, en un programa de selección de personal para proveer mano de obra barata a ciertas empresas que desde 2020 despertaron su sensibilidad social, la cual es muy bienvenida y debemos agradecer, que se verán beneficiadas por exoneraciones de aportes patronales por parte de gobierno, generando un reservorio de empleo no calificado subsidiado y una foto para la tribuna como se merece un malla oro, hasta definida por ley.

La no inclusión de una definición técnica de la población objetivo en este programa, sustituyendo la condición de ingreso por una pertenencia genérica a programas del MIDES, omitiendo las características de la población que se integra, evitando la libre aspiración ciudadana y el instrumento del sorteo una vez constatada la condición de carencia, no hacen otra cosa que arrojar oscuridad sobre una gestión caracterizada por la falta de transparencia, las operaciones mediáticas permanentes, la politización absoluta e indiscriminada de las políticas sociales, con más de 120 o 130 cargos políticos para gestionar un ministerio, con aumentos de sueldos a todo el sector político, mientras se reducen los presupuestos de la política sociales y los sueldos de los trabajadores, mientras se incumplen convenios y quedan centenares de trabajadores sin cobrar sus sueldos durante meses, donde se ha dejado de publicar evaluaciones e indicadores de procesos sociales, donde se han abandonado Los criterios técnicos en la construcción de nuevos programas, donde se han retirado del territorio equipos de abordaje familiar y comunitario, y dónde la totalidad de la cúpula dirigente ha sido cambiada en un año sin que ninguno de los compromisos de gestión asumidos originalmente en aquella mesa colocada para la foto en la calle Barrios Amorín, por quienes venían a implantar las "nuevas políticas sociales", se hayan cumplido. Ha pasado el año 2020 sin cambios apreciables en la situación de calle, sin reestructura observable del ministerio ni carrera administrativa, sin descentralización de programas y acciones de política, sin ninguna mejora en los diseños de los programas, con 100.000 nuevos pobres, con cientos de ollas populares y serios problemas del Estado para cumplir sus compromisos de abastecimiento de alimentos, y sin haber ejecutado durante el 2020, en la peor crisis del mercado laboral de la historia reciente, el principal programa de apoyo sociolaboral que hoy entierran previo enchastre justificador.