Días atrás compartía con ustedes, en esta columna, mis opiniones y preocupaciones sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC). Preocupado por la forma, por haberse elegido el mecanismo de la urgente consideración, a las apuradas, en aluvión y, tal como se comprobó durante el tratamiento en el Senado, con muchas desprolijidades. Y preocupado también por el contenido, por la concepción con la que el Gobierno aborda temas relevantes para los uruguayos.

En esa primera columna les daba cuenta de la actitud y de la forma en que los legisladores y las legisladoras del FA trabajamos para alterar el contenido de la LUC, discutiendo con fundados argumentos e involucrando a la sociedad a pesar del corto tiempo disponible. Rechazamos el proyecto de ley en general, y votamos en contra de cada una de las normas propuestas que significan un retroceso. Pero como tenemos vocación de incidir y contribuir, no perdimos la oportunidad, ni eludimos la responsabilidad, de impulsar redacciones alternativas para introducir mejoras o, al menos, para minimizar los daños que causaría la LUC en su versión original. En algunos casos logramos corregir errores, pero también logramos eliminar aspectos muy negativos, aprovechado las contradicciones al interior del oficialismo.

En esta columna les propongo recorrer algunos de los temas más relevantes de la LUC y repasar qué votamos en cada caso.

Votamos en contra de los artículos de la llamada "regla fiscal". En rigor, lo que se propone allí no es una regla fiscal, no tiene la institucionalidad ni los parámetros de una regla fiscal. La regla es meramente indicativa y sin consecuencias en caso de no cumplirse. No agrega nada útil a lo que ya existe en materia legal de salvaguardas a la salud de las cuentas públicas. Además, es absurdo incluirlo en una ley de urgencia en este contexto de pandemia mundial, con una enorme incertidumbre sobre el futuro de la economía y su impacto fiscal. Estamos abiertos a analizar alternativas para una nueva regla fiscal. Pero esta regla pareciera ser una movida comunicacional para pagar tributo a discursos de campaña electoral, alimentando la falsa ilusión de que se pueden alcanzar de forma mágica, e indolora, los resultados deseados en las cuentas públicas.

También votamos en contra del capítulo con el engañoso nombre de "Libertad Financiera". Bajo un relato supuestamente inspirado en la libertad, se esconden retrocesos significativos en materia de inclusión, formalidad, transparencia y combate al lavado de activos. De un plumazo se borra buena parte de la Ley de Inclusión Financiera, despreciando los resultados positivos que ha tenido para el funcionamiento de la economía y el bienestar de la gente.

La proclamada libertad de elección del trabajador, de la que tanto se habló y prometió durante la campaña electoral, terminó quedando en manos del empleador, que como resultado de la LUC será quien en los hechos va a elegir cómo pagar el salario. Esto implicará un perjuicio importante para los y las trabajadoras. Afectará la formalidad en el trabajo y, con ello, la posibilidad de contar con la protección y la cobertura de la seguridad social. Pero también pone en riesgo la posibilidad de acceder y usar el sistema financiero formal en forma gratuita para cientos de miles de personas a través de su cuenta de salario. Personas que, previo a la Ley de Inclusión Financiera, vivían en un país donde tener una cuenta bancaria era un privilegio casi exclusivo de una elite, a pesar de la existencia centenaria del Banco República.

La LUC promueve el uso del dinero en efectivo y facilitará así, inevitablemente, la informalidad, la evasión de impuestos y de aportes a la seguridad social. ¿No debería ser el gobierno el primero en preocuparse por estos efectos fácilmente predecibles?

Asimismo, con el relajamiento de los controles en materia de lavado de activos, la LUC nos lleva a un notorio retroceso en materia de transparencia económica, revirtiendo los avances registrados durante los gobiernos del FA. No sólo se aumenta el tope máximo para la utilización de efectivo a cifras notoriamente excesivas, sino que se derogan las sanciones por incumplimiento de controles. Los pobres argumentos que escuchamos contra la inclusión financiera y a favor de la LUC no lograron convencernos de que los uruguayos ganemos en libertad por el hecho de poder hacer transacciones con 100.000 dólares en billetes. No parece ser una necesidad de los uruguayos, y mucho menos una necesidad urgente. En este punto también manifestamos que estábamos abiertos a buscar alternativas más razonables. Manejamos incluso la posibilidad de llevar el tope para el uso de efectivo de los 4.000 dólares actuales a 20.000, que es la referencia que la ley integral antilavado maneja para considerar al contrabando como delito precedente del lavado de activos. Pero la coalición de gobierno se mantuvo inflexible en su propuesta.

Así como la regla fiscal que se propone es meramente declarativa, también otros temas de la LUC incluyen artículos sin efectos normativos reales. El oficialismo lo reconoce y se defiende diciendo que quiere "dar señales". Eso ocurre, por ejemplo, tanto en materia policial como en los cambios a la ley de Inclusión Financiera. En cuanto a la normativa policial el gobierno acepta nuestra crítica de que en algunas disposiciones no hubiera sido necesario cambiar la ley, sino que es un tema de cómo se aplica la ley vigente. Nuevamente el oficialismo dice que lo hace para "dar señales". Algo similar sucede con los artículos que promueven el uso del dinero en efectivo y los que debilitan el combate a las prácticas de lavado. El gobierno argumenta que, en realidad, los cambios que se proponen no tendrán consecuencias prácticas, ya que nadie va andar con maletines llenos de billetes para comprar un bien, ni que los controles anti-lavado se van a dejar de hacer. Se trata de "dar señales", confiesa el oficialismo.

Son confesiones inquietantes y son malas señales. Legislar para dar señales deja por el camino no sólo la calidad de la técnica legislativa, sino también la concepción de la ley como el contrato básico que rige nuestra convivencia, donde cada palabra y cada coma importan. Las señales de la LUC nos hacen correr riesgos en temas tan importantes como la seguridad ciudadana o la reputación de Uruguay en el mundo. Con la LUC los uruguayos no ganamos nada en materia de seguridad, no mejoramos en nada a nuestra Policía Nacional, pero corremos el riesgo de que en Uruguay se aliente el abuso policial. Y tampoco ganamos nada promoviendo el uso del dinero en efectivo o debilitando los controles anti-lavado. Pero corremos el riesgo de que Uruguay pierda su buena reputación ganada en base a su transparencia: mientras que la opacidad es negocio de unos pocos, la reputación de país confiable y transparente es riqueza de todos los uruguayos.

La forma en que el Estado selecciona a sus funcionarios es una pieza clave para su eficiencia. Por eso preocupa lo propuesto en la LUC, que limitará y entorpecerá el ingreso de nuevos funcionarios públicos, basándose en el mito de que ha existido un aumento generalizado y desmedido de la cantidad de empleados en el Estado, cuando el crecimiento se dio exclusivamente en áreas como educación, seguridad y salud, que el propio gobierno reconoce como prioritarias y que por ello las deja por fuera de las restricciones. Nosotros votamos en contra de esta iniciativa, porque es la restauración de una política probadamente fracasada de la década del 90. Esta norma nos llevará a un vaciamiento de los recursos humanos más calificados en los organismos de menores sueldos, privándose al mismo tiempo de captar talentos jóvenes.

Entre los muchos artículos que votamos a favor, votamos seis artículos sobre una temática relevante e ineludible en los próximos tiempos: el sistema de seguridad social. El gobierno proponía que la elaboración de un diagnóstico de la situación actual y de propuestas de cambio fueran realizadas por una comisión de expertos. Pero logramos modificarlo para que dicha responsabilidad recaiga sobre un Consejo Asesor Honorario, integrado de forma tal que refleje la diversidad de visiones, tanto de organizaciones sociales de trabajadores, empresarios y pasivos, como de los partidos políticos. Además, y fue una condición imprescindible para nuestro voto favorable, el análisis deberá abarcar a todo el sistema previsional y no sólo al BPS. Ambas condiciones, la de una amplia participación en la elaboración de propuestas, como la de que abarque a todas las "cajas" además del BPS, nos parecen sustanciales, porque este tema debe tener un abordaje integral y ser objeto de una verdadera política de Estado.

La LUC será recordada como una pésima ley, en la que se abusó del mecanismo constitucional de la urgente consideración, que introdujo normativa retrógrada en varias áreas, y que puso en riesgo muchos avances que el Uruguay había construido. Y por eso somos contrarios a la LUC. El número de artículos que votamos a favor no es reflejo de un apoyo integral, porque lo importante es la sustancia, los contenidos, y no la cantidad de artículos. La desmonopolización de los combustibles, por ejemplo, era un solo artículo; imponer a Antel abrir su infraestructura eran sólo dos artículos; la reglamentación del derecho de huelga era un artículo; la criminalización de los piquetes y las movilizaciones, tres artículos. Este proyecto de ley refleja una visión de país con la que discrepamos y por eso nuestra posición contraria.

En ese contexto, la actitud de la bancada del FA queremos que sea recordada como el resultado de su sentido de la responsabilidad a la hora de legislar, y de su firmeza en la defensa de lo que estamos convencidos es lo mejor para el Uruguay y su gente.