La ciudadanía eligió el cambio. Tanto en octubre como en noviembre, los uruguayos decidieron sustituir al Frente Amplio en el gobierno y apoyar un cambio político y programático.
Este cambio se vehiculizó en la gestación de una coalición integrada por cinco partidos sobre la base de un programa de gobierno denominado "Compromiso con el país".
El nuevo gobierno, haciendo un gesto de sensibilidad democrática, presentó un borrador con el contenido de una futura ley de urgencia para que todos los uruguayos supieran qué propuestas están planteadas un mes y medio antes de que comience la gestión de gobierno. No hay antecedentes de tal grado de transparencia.
Por otra parte, el anteproyecto de ley de urgencia está siendo considerado por los demás partidos que integramos el gobierno y, como se ha dicho por parte del propio Presidente electo, será objeto de modificaciones y sustituciones diversas, por lo que la prudencia indicaría esperar a tener la versión final.
No ha comenzado la gestión del nuevo gobierno y, sin embargo, el Frente Amplio no hace otra cosa que pronosticar desastres, cuestionar decisiones que aún no han sido tomadas, tergiversar iniciativas y, particularmente, reaccionar con enojo y con un grado de confrontación que no resulta acorde con la aceptación de un resultado electoral negativo.
Fue la ciudadanía por mayoría la que decidió sacar al Frente Amplio del gobierno. Sin embargo, la gran mayoría de sus dirigentes parecen no poder digerir esta decisión soberana y democrática. Han reaccionado con un grado de irritación y agresividad hacia el futuro gobierno que no parece aconsejable. La alternancia es un componente básico de la vida democrática y lo mejor sería esperar a que el gobierno asuma y comience a tomar sus decisiones antes que salir en tropel, apresuradamente en una suerte de competencia en la descalificación y el pronóstico de todo tipo de catástrofes.
Siempre, además, con la amenaza implícita o expresa, según los casos, de iniciar una sucesión de acciones de movilización y enfrentamiento social ante supuestos retrocesos en materia de derechos sociales.
Amenazas, pronósticos oscuros e, incluso, la formulación por parte de conspicuos dirigentes frenteamplistas de acusaciones sobre contenidos de decisiones que no existen.
El ejemplo máximo lo tuvimos hace unos pocos días cuando el candidato frenteamplista, ahora nuevamente candidato a la Intendencia de Montevideo, Daniel Martínez, la emprendió contra el futuro gobierno acusándolo de que afectarían o desmontarían el Fondo de Solidaridad, lo que no ha sido planteado en absoluto en ninguna iniciativa del próximo gobierno.
Además, la actual Vicepresidenta, Lucía Topolansky anunció, ya a fines del año pasado, recién pasadas las elecciones, que habría que iniciar movilizaciones para enfrentar al próximo gobierno y, hace pocos días, agregó que harán pasar por el Parlamento en forma permanente a los diferentes ministros de Estado.
Por su parte, el Ministro Murro dibujó un escenario apocalíptico para los derechos de los trabajadores y jubilados. Sin decir una palabra sobre el estado en que quedan los principales indicadores de empleo o sobre el enorme déficit en que se encuentra la situación económica de la seguridad social.
A su vez, el Presidente del Frente Amplio cuestionó el mecanismo de la Ley de Urgencia asignándole características poco democráticas, sin ningún tipo de fundamento. Mientras que el Ministro Danilo Astori también lanzó sus dardos cuestionando al nuevo gobierno que todavía no asumió, olvidándose de que deja al país en una grave situación en materia de inflación (entre los 20 países con mayor inflación en el mundo) y un déficit fiscal escandaloso.
Podríamos seguir porque la lista de dirigentes frenteamplistas atacando al nuevo gobierno, que todavía no asumió, es interminable. No debe haber muchos ejemplos en el mundo de semejantes reacciones tan precoces.