Por Ewe Vaz*

Que el Presidente de la República haya tenido que destituir a los comandantes Guido Manini Ríos y su sucesor, José Fernández, y a otros cinco generales de los Tribunales de Honor no es un hecho a celebrar. Que casi la mitad del generalato soslaye una confesión criminal y caiga en la ilegalidad de no denunciarlo, es muestra del fracaso en el proceso de reinserción de las FFAA, que de una buena vez deberían superar el pasado repudiando su actuación en dictadura. Y, naturalmente, pone en evidencia los errores e inconsecuencias del sistema político: tres gobiernos colorados, uno blanco y tres del FA no lo han logrado.

Esta tarea fundamental no era ni es responsabilidad de las propias FFAA -mero brazo ejecutor de las tareas encomendadas por la Constitución- sino del sistema político republicano y democrático.

El impulso y su freno

Con la impunidad otorgada por la mayoría de blancos y colorados a la salida de la dictadura a los violadores de DDHH, la Constitución y las leyes, se frenó el impulso democrático para juzgar los crímenes del régimen y se inició el nefasto proceso de no tocar nada y esperar que el tiempo sanara heridas. Ese privilegio gracioso les garantizaba, además, un aliado institucional fuerte contra el enemigo común: el Frente Amplio.

La llegada del FA al gobierno en 2005 prometía una política distinta que reubicara a las FFAA en las tareas de defensa abandonando la doctrina de la seguridad nacional, el enemigo interno y su autoproclamado rol mesiánico para transformarse en ejemplo de legalidad, modernidad y profesionalismo.
Sin embargo, después de la auspiciosa orden del presidente Vázquez en 2005 para que se informara toda la verdad sobre los desaparecidos, lo logrado en catorce años decepciona.

No obstante, fue un cambio cualitativo: se aceptó por parte de las FFAA que hubo torturas, asesinatos y desapariciones, vuelos de la muerte, niños robados y muchas atrocidades más que habían sido negadas por décadas.

La Fuerza Aérea reveló el lugar de los enterramientos de "sus desaparecidos" y el propio comandante Enrique Bonelli reconoció haber sido piloto de aquellos vuelos. Pero el Ejército y la Marina mintieron descaradamente, como se probó con los hallazgos posteriores en los cuarteles y nuevos elementos que han ido apareciendo en archivos y testimonios. Mintieron a sabiendas, desobedecieron las jerarquías y desprestigiaron a las FFAA de la nueva época.

Si bien, en términos generales, como institución, las FFAA se han apegado a la ley y respetado el poder político democrático desde 1985, también ha habido reiteradas acciones y señales en sentido opuesto, desde las citaciones de la Justicia que el Gral. Medina guardó en una caja fuerte, pasando por el asesinato de Berríos y llegando a las agresivas declaraciones al retirarse del ex comandante Manini, por señalar solamente algunas de las más aberrantes.

La crisis

Los tribunales de honor no sancionaron a los torturadores y asesinos por manchar el uniforme con sus crímenes de lesa humanidad, sí por dejar que un camarada de armas estuviese preso más de tres años por un crimen que no había cometido. Tampoco trasladaron a la Justicia las nuevas pruebas de delitos brutales, como ordena la ley a todo funcionario público.
Así planteado, es difícil entender el honor militar.

Se suman ahora las declaraciones del Contralmirante (R) Héctor Berrutti, quien, en la proclamación como candidato de su líder Manini Ríos, confesó a un medio que en dictadura recibía órdenes de matar y desaparecer personas.

En estos días, denuncias de un soldado presente en el asesinato de Fernández Mendieta (26 años, trabajador rural), en mayo de 1973, en un cuartel de Durazno, marcan un nuevo momento.

Por si fuera poco, la reciente desclasificación de documentos norteamericanos confirma la institucionalidad del Plan Cóndor y la existencia de aparatos dedicados a perseguir y matar a los opositores en todo el mundo. Nada nuevo, pero la operación desmemoria, mentira e injusticia no cesa a pesar de las concluyentes pruebas sobre el terrorismo de estado. La teoría falsa de los dos demonios sigue cayendo verdad a verdad.

La oportunidad

Luego de 14 años, la política del FA sobre la FFAA tiene más oscuros que claros. La crisis actual muestra el fracaso de la orientación desplegada por Fernández Huidobro y avalada tanto por Mujica como Vázquez.
Por el contrario, en el Ministerio del Interior se logró una verdadera transformación institucional que ha llevado a que se hable de "nueva" Policía y leemos declaraciones del Jefe de la Republicana que provocan satisfacción.

La incapacidad de modificar en 34 años de democracia la ley orgánica militar elaborada en 1974 por la dictadura, la pseudo reforma de la Caja Militar -que no resuelve nada de lo necesario-, el más que magro resultado de la Comisión por la Verdad y Justicia creada por Vázquez en 2015, son otras tantas muestras de flacos resultados.

A pesar de la base progresista que da la ley Marco de Defensa Nacional, aprobada bajo gobierno del FA y con apoyo unánime de todo el sistema político, se demoró injustificadamente la reestructura integral de las FFAA. Es otra reforma clave para la gran modernización del estado que se viene procesando desde 2005, como la tributaria, la sanitaria o la financiera.

No se trata de una operación antimilitar, revanchista o con objetivos espúreos de una izquierda arcaica -discurso de los dinosaurios cómplices por acción u omisión-, sino parte sustancial de un proyecto nacional moderno, progresista, democrático y republicano. Son transformaciones imprescindibles para evitar que este servicio del estado siga generando un déficit enorme en la seguridad social, para que nuevas generaciones de militares se liberen del oprobio de los crímenes de la dictadura y, más importante aún, que las FFAA estén a la altura del siglo XXI.

Para aprobar una ley tan relevante es necesario el consenso o una enorme mayoría. Se requiere un gran debate público entre partidos, militares y la sociedad civil toda, que los financia y a la cual se deben.

Son prioridades la defensa y el cuidado de las fronteras por tierra, aire y mar, la disuasión bélica porque la prioridad es la paz, la ayuda en las catástrofes y el apoyo a la comunidad. También, el aporte a las misiones de paz de ONU que la experiencia ha demostrado positivas.

La posibilidad de un retiro temprano permaneciendo en la reserva con ciertas condiciones, la centralización de servicios repetidos y la coordinación imprescindible -que separó la dictadura para repartir poder entre las cúpulas militares-, la compra de armamento conjunta, la racionalización y desburocratización del sistema, una formación integral dentro del sistema nacional de educación atendiendo la especificidad pero con iguales valores, son factores para proyectar un salto de calidad. Con transparencia, control y eficiencia, sin derroche de los dineros públicos. Figuras como los tribunales de honor, ¿no merecen una discusión profunda?

Es inconducente la reiterativa discusión sobre el presupuesto de defensa, la cantidad de oficiales, el déficit de la caja, la sanidad militar, etc. Muestra la incapacidad de resolver una política de estado que dé certezas en un área sensible de la vida nacional. No le sirve a la sociedad civil ni a las propias FFAA como parte integral del estado democrático con fines específicos y trascendentes.

En suma, hay que ir a fondo en el tema FFAA. Toda crisis es una oportunidad si se sabe utilizar. Tanto los militares en actividad como la sociedad civil necesitan este salto superador. La modernización del estado exige FFAA de primera, potentes e integradas, con una oficialidad y tropas educadas, respetuosas de los DDHH y con un nivel profesional adecuado a las exigencias actuales. Con condiciones de vida dignas, al servicio y al amparo de la Constitución y las leyes. Depende, en primer lugar, del sistema político y de la actitud responsable del gobierno.

* Es el jefe de campaña del precandidato frenteamplista Mario Bergara.