Opinión | Forestación: ordenar si, hacer daño no

La forestación ha vivido dos impulsos en la historia del Uruguay. La primera, a partir de una de las 7 leyes para el ordenamiento e impulso productivo surgidas a partir de los trabajos de la CIDE y bajo el liderazgo del Ministro Wilson Ferreira Aldunate. La segunda, con la reinstauración democrática y el proyecto de los Dres. Alberto Zumarán y Jorge Batlle.

La llegada de la Dictadura nos agarró con escaso desarrollo del sector. Algunas decenas de miles de hectáreas recibieron el aliciente que la ley acordaba al crecimiento de la actividad sectorial. La segunda ley, contó con respaldo unánime y se transformó en una de las pocas políticas de Estado de que el país guarde memoria. No existió Ministerio, División, Ente Autónomo, Servicio Descentralizado que no se comprometiera con el desarrollo forestal del Uruguay e hiciera su aporte desde su lugar.

La expansión forestal fue enorme y abarcó todo el país. Valorizó la tierra, fue la base de un desarrollo industrial impactante en lo celulósico, no aún en la industria del aserrío, multiplicó la demanda de servicios de transporte así como de otros directos o indirectos pero absolutamente vinculables.

La forestación generó valor, multiplicó el empleo, movió los puertos, explicó el crecimiento de las exportaciones, atrajo inversión al agro, provocó desarrollo tecnológico, demandó técnicos, dio uso a las tierras de escasísima productividad y valor.

En lo social presentó algunas connotaciones negativas. Aceleró el ya creciente proceso de expulsión social de la gente de la campaña. No es demandante de mano de obra rural, y no se ha cuidado de ello. Prefiere la contratación de cuadrillas urbanas y cada día menos numerosas. Generó taperas donde el país tuvo preciosos establecimientos. Echó a perder todas las instalaciones. Generó el regreso de algunos problemas sanitarios. Extranjerizó la tierra.

Su estructura productiva y sus facilidades de contralor, favorecen modelos financieros de aceptación en ámbitos como las sociedades de bolsa, por lo que ha atraído capitales ociosos hacia la tierra. Esto resultó contributivo de la solución del endeudamiento rural que emergió de la crisis del 2002, y al mismo tiempo está en la base de la explicación del tristísimo proceso de extranjerización de la tierra en el Uruguay producido bajo los gobiernos del Frente Amplio.

El país determinó con inteligencia cuáles eran los suelos en los que la forestación debía ser alentada porque era la mejor de todas las opciones de destino productivo de la tierra. Fijó subsidios contra proyectos aprobados en el más alto nivel técnico para impulsar la implantación de bosques. Suelos pedregosos, poco profundos, de escasa productividad agrícola y ganadera encontraron un uso adecuado. Incluso en esos suelos, en el Uruguay los árboles crecían más rápido.

Más adelante en el tiempo, hemos asistido a otros debates. La cuestión social, tanto la de expulsión de mano de obra rural como el choque que se producía entre los lugareños de cada zona y esas cuadrillas que no respetaban aspecto alguno de la cultura y la vida de cada lugar (a ese partido lo ganaron los de afuera que ya no tienen con quien confrontar). El debate acerca de la propiedad de la tierra que ya mencionamos. La permanente rotura de caminos, y el poco aporte de muchas de las forestales para su mantenimiento. Lo paisajístico, que han hecho desaparecer toda belleza natural. La cuestión ambiental. Se discute cuánta agua consumen los árboles, si pueden estar o no en determinados lugares. Si el país debe dejar plantar en cualquier lugar o no. Cuáles son las especies adecuadas y sus diferentes tipologías. También los efluentes de las plantas industriales. Todo se discute. El Uruguay discute la inversión de las plantas de celulosa, y muy especialmente la última, donde los inversores hicieron lo que quisieron y donde lo quisieron, desnudando la escasa y nula planificación territorial del Uruguay. La OPP del Frente Amplio fue una oficina de cualquier cosa, menos de planificación y presupuesto.

Todos esos debates se definieron en favor de los forestales por ausencia del Gobierno. No hubo Gobierno. Me tocó como legislador y como intendente abogar por la racionalización en el uso del suelo. Presenté un proyecto de ley en el período 2010 en el sentido de ordenar el uso del suelo habilitando la forestación en los suelos de prioridad forestal, y sólo en ellos. Se me dio una primera impresión favorable por las autoridades del MGAP. Cuando insistí para acordar una norma limitante y votarla, se me manifestó que los propietarios debían ser libres de plantar en cualquier lado. Que una cosa era subsidiar en suelos duros, y otra limitar el derecho de propiedad prohibiendo la plantación en suelos de calidad. No debo justificar mis dichos. Así se actuó. Es más, se incorporó suelos a la calificación de prioridad forestal de dudosa pertinencia-algunos fácilmente corregibles en su acidez-mediante encalado.

En el año 2011, y mediante decreto departamental -41/2011- prohibimos la forestación en todo suelo que no fuera de prioridad forestal perteneciente al departamento de Cerro Largo. Fuimos los únicos que lo hicimos. No podíamos tolerar que se plantaran las tierras más productivas, mientras las que el país decidió forestar permanecían sin explotar. Con sucesivos decretos, y con el Ordenamiento Territorial departamental completamos la normativa. Hicimos alguna habilitación favoreciendo la concentración y especialización de determinadas zonas. Prohibimos forestar en las nacientes de ríos y arroyos, así como a determinada distancia de corrientes de agua, poblaciones o sitios concretos de interés, así como en zonas de reserva natural. Los gobiernos nacionales del Frente Amplio nunca movieron un dedo en el sentido del ordenamiento del sector forestal.

Después de esta historia de brazos cruzados y de haber tolerado la plantación en cualquier lugar, y de no haber establecido límite ni política de tipo alguno, el Frente Amplio ha presentado y votado un proyecto de ley contra la forestación. Se ha asociado a Cabildo Abierto en un articulado con escaso contenido técnico que genera una limitación similar a la de Cerro Largo en su primer artículo, pero en su segundo artículo desnuda una intención de exterminio del sector forestal. Prohibe forestar más allá del 10 % de la superficie productiva del país. La propia Exposición de Motivos dice que la superficie forestada ya alcanza el 8%, o sea que topearíamos al sector en 2 puntos porcentuales del total más de lo que ya hoy se explota.

No existe claridad en la razonabilidad de la limitación. No se establece haber alcanzado un umbral en que la presencia forestal afectará de modo irremediable el estado general de la naturaleza en el país, ya sea por la afectación de aguas, suelos o las generales que producen los desechos industriales. Ni se fundamenta en una eventual caída de la demanda de exportaciones por un riesgo sobre la marca Uruguay Natural. Tampoco se demuestra haber llegado a un punto en el que la utilidad marginal de cada hectárea incorporada a la forestación pasa a ser menor que la de otras actividades productivas. Nada se explica. Se establece un límite arbitrario, que se coloca en 10% como fue 100% en los gobiernos del FA, y podría ser cualquier cosa. Pasamos de una Ley técnica con apoyo político-como lo destacaba Zumarán- a un proyecto político sin fundamento técnico alguno que lo sustente.

No parece razonable. Está bien que no se foreste tierra que tiene usos potenciales mejores para el país. No está bien que lo que es de prioridad forestal no se foreste por simple determinación política. Una cosa es ordenar, racionalizar, proteger productiva y ambientalmente. Otra muy diferente prohibir por prohibir. Nos parece bien que el Presidente ejerza su derecho al veto en este caso específico. Estará evitando el cercenamiento de una libertad sin otra razón que la oposición a un tipo de actividad productiva sin fundamento social, productivo, económico o ambiental alguno. Para ordenar cuenten conmigo, con mi trabajo y con mi voto. Para hacer daño no me llamen.