Opinión | Eutanasia, libertad y dignidad: apuntes sobre el proyecto de ley

El proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido que varios legisladores colorados presentamos a la Cámara de Representantes el pasado 11 de marzo es materia de debate en distintos ámbitos -políticos, periodísticos, profesionales y académicos- y está muy bien que así sea. Al legislar sobre la última etapa de la vida entran en juego cuestiones éticas que deben discutirse en profundidad y tan ampliamente como sea posible. Esto no significa, empero, que el debate deba eternizarse, postergando quien sabe hasta cuándo la decisión legislativa sobre el tema.

No olvidemos que hay personas que están sufriendo, ahora mismo, porque padecen enfermedades graves e incurables que acabarán inexorablemente con sus vidas a breve plazo. Muchas de esas personas no tienen acceso a cuidados paliativos de especie alguna, y ninguna podría pedir ayuda para morir, si esa fuera su voluntad, porque prestar esa ayuda constituye delito; están condenadas a sufrir hasta el final. Si pensamos por un momento en estas personas y en las demás que, quizás sin saberlo hoy, se encontrarán mañana en la misma situación, no podemos aceptar la suspensión del tratamiento del proyecto de eutanasia "hasta que pase la pandemia", como alguien propuso hace unos meses, ni tampoco la moratoria por dos años, como otros proponen ahora. Cuando de dolor y sufrimientos se trata, no caben las chicanas.

Si cada Cámara puede y debe estudiar y votar en 45 días los más de 700 artículos sobre distintas materias de la ley de Presupuesto, es razonable esperar que en el correr del 2021 se pueda tratar y votar en ambas Cámaras un proyecto de menos de diez artículos sobre el mismo tema, que se presentó hace ya siete meses. Tenemos por delante, además, el receso parlamentario, que comenzará el 15 de diciembre y se prolongará hasta el 1º de marzo próximo; tiempo más que suficiente, seguramente, para que cada legislador estudie, consulte y reflexione todo lo que quiera acerca de una cuestión que es grave, delicada e importante pero también, en sustancia, clara y simple.

La cuestión de fondo es si somos libres para elegir cuándo y cómo vamos a terminar nuestra vida, o si hemos de considerarnos condenados a seguir sufriendo, física y moralmente, hasta que factores externos a nuestra voluntad pongan fin a nuestro sufrimiento.

Se trata, ante todo, del concepto que tengamos de la libertad humana en el contexto al que nos estamos refiriendo ("contexto eutanásico", le llaman algunos), es decir, enfermedad grave e incurable que causa sufrimientos insoportables. ¿Cuáles son los límites de la libertad de cada uno para elegir entre el sufrimiento insoportable y la propia muerte? ¿Quién fija esos límites? ¿Con qué autoridad pueden los terceros negarle a una persona el derecho a morir cuando ella lo decida, e imponerle la prolongación de su sufrimiento físico o moral?

Hay quienes contestan a estas preguntas diciendo que quienes se encuentran en las situaciones que venimos considerando no son realmente libres de elegir, porque están demasiado angustiados, doloridos o confundidos como para hacerlo. Esto puede ser cierto en algunos casos, y en ellos habría que concluir que la persona no está "psíquicamente apta" (expresión del artículo 1º de la Ley 18.473, de Voluntad Anticipada, que recoge nuestro proyecto) para decidir sobre su muerte. Pero esos casos no son todos los casos, obviamente. Hay adultos que en pleno ejercicio de sus facultades mentales quieren terminar con su vida para dejar de sufrir. A ellos, ¿qué les decimos? ¿con qué fundamento habríamos de desconocer su voluntad?

Pobre y devaluada concepción de la libertad sería aquélla que la reconociera y protegiera en los momentos gratos o banales de la vida, pero no cuando hay que enfrentarse a la adversidad, al dolor y a la muerte, con el argumento de que la carga emocional inherente a estas últimas situaciones no permite pensar con claridad a quienes se encuentran inmersos en ellas.

La libertad para decidir sobre el final de la propia vida hace parte esencial de la dignidad humana. El proyecto de ley que presentamos se basa en la libertad de la persona que está sufriendo, que es quien pone en marcha el procedimiento y quien puede detenerlo en cualquier momento. Vivir es un derecho, no una obligación. Morir cuando uno mismo lo decide es también un derecho inherente a la personalidad humana, cuya dignidad se menoscaba cuando se desconoce ese derecho.

No es cierto pues lo que afirman algunos críticos del proyecto, en el sentido de que la eutanasia implica la idea de que hay vidas menos dignas que otras y que por eso se pueden eliminar. Repitamos una vez más: la eutanasia no es obligatoria, no se le impone a nadie y requiere siempre la iniciativa voluntaria y libre de quien quiere morir; y quien quiere morir no lo quiere por creerse inferior a los demás, sino porque quiere dejar de sufrir y también, en algunos casos, porque siente amenazada su dignidad por las condiciones en las que está viviendo por causa de una enfermedad o un accidente, y prefiere dejar de vivir antes que aceptar las que considera humillaciones propias del estado en que se encuentra.

Aunque parezca mentira, hay quienes han llegado a equiparar a la eutanasia con las políticas genocidas de los nazis. Estos ya no son argumentos, sino derrapes por el terreno del absurdo que no merecen contestación.

No aceptemos que nos distraigan con estas provocaciones, e insistamos en discutir y resolver, sin prisas ni pausas, acerca de lo que entendemos que son los alcances de la dignidad y la libertad individuales a la hora de enfrentar el fin de la vida.