“He visto lo que la corrupción produce en otros países, lo que genera y como afecta el funcionamiento de una sociedad”.                                                              Julio Guarteche.

Hace unos años, Julio Guarteche daba una entrevista y afirmaba que mucho más grave que cualquier delito era la existencia de un Estado corrupto. Afirmaba que lo más grave era la corrupción, porque habilitaba otra serie de delitos. Dicho con otras palabras, un Estado corrupto es la puerta de entrada para otras conductas delictivas, como el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos, etcétera. O sea, si el delito campea es porque alguien no lo está previniendo, alguien está haciendo la vista gorda, o alguien directamente se está beneficiando de manera indirecta.

Esta alerta, que era una preocupación cuando Julio Guarteche expresó esas palabras, hoy se vuelve algo más que un llamado de atención. Es que el sistema de justicia va a tener que plantarse ante un desafío nuevo y central, que es la confirmación de que el crimen organizado puede permear a los gobernantes, a las fuerzas de seguridad, y a los propios operadores del sistema de justicia, entre otros. Esto pone en evidencia que estamos ante un problema que debe ser abordado en serio.

La falta de respaldo político y presupuestal al sistema de justicia por parte del gobierno.

En este contexto difícil, el Gobierno ha decidido abiertamente desoír los reclamos de apoyo por parte de los actores integrantes del sistema de justicia. Pareciera que lejos de poner las barbas en remojo ante las nuevas amenazas del crimen organizado, se opta por transitar el camino inverso. Triste pero cierto.

Lamentamos la falta de apoyo del gobierno en el fortalecimiento del sistema de justicia. En esta Rendición de Cuentas eso ha quedado más que en evidencia. Tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General de la Nación han realizado solicitudes de creación de cargos, juzgados y fiscalías, pero sus ideas cayeron en saco roto.

En el mensaje de la Fiscalía General de la Nación, estuvo el pedido de creación de una fiscalía con competencia en cárceles debido a la dificultad de la investigación de los crímenes que se suceden dentro de los ámbitos carcelarios. Además, es sabido que el crimen organizado recluta, organiza y da órdenes desde la cárcel y, por eso, la necesidad de reducir los índices de impunidad en los delitos intracarcelarios se vuelve indispensable.

Otra de las solicitudes que quedó olvidada apuntaba al fortalecimiento de las fiscalías de homicidios, ya que la tasa de resolución sigue siendo baja y es necesario que pueda arribarse a más esclarecimientos. A su vez, se solicitó la creación de fiscalías especializadas de Ejecución Penal en Montevideo y Canelones y la creación de cargos en la Unidad de Víctimas y Testigos. Pero todo eso quedó en la nada.

Tampoco se ha hecho lugar al pedido de la equiparación de los fiscales adscriptos con los adjuntos y, como contrapartida, les impusieron una prohibición que coarta su derecho al trabajo, en caso de que decidan dejar la carrera. O sea, lejos de respaldarlos con recursos, se les exigen nuevas incompatibilidades que ni siquiera las cumplen otros operadores del sistema.

Ojo, con esto no estamos diciendo que consideremos injusta la aplicación de un período de enfriamiento luego del cese del cargo de Fiscal General de la Nación, dada la envergadura de la función ocupada. Obviamente con las compensaciones económicas previstas producto de los subsidios ya existentes. ¿Pero aplicarle un enfriamiento a los Fiscales Letrados y Adjuntos, limitándoles el derecho al trabajo? Nos parece un verdadero abuso y mucho más abusivo es resolverlo sin la aplicación de una compensación de índole económica.

Claramente, detrás de estas iniciativas existió un claro y evidente ensañamiento con los Fiscales. No solo se les niegan recursos, sino que se establecen limitaciones a su desempeño profesional, generando el justo reclamo gremial por parte de quienes día a día se desviven para que funcione el sistema.

En definitiva, pasó una nueva Rendición de Cuentas y los recursos para el sistema brillaron por su ausencia; una rendición que brilló también por la persecución y hostigamiento hacia los Fiscales de la República.

¿Qué hacer al respecto?

A esta altura, la situación es más que delicada y la necesidad de dotar de más recursos al sistema de justicia se vuelve imprescindible. Lamentablemente, el Gobierno ha perdido la oportunidad de torcer esta realidad con más presupuesto. Porque, mal que nos pese, este problema ya no se soluciona únicamente con la aprobación de una ley de financiamiento de partidos políticos o con más controles administrativos sobre el lavado de activos.

El problema es mucho más profundo y requiere reformas profundas que, dado el timing político que le queda al gobierno, probablemente ya no lleguen durante esta administración. Necesitamos un sistema de justicia que cuente con los recursos indispensables para su funcionamiento y que, de alguna manera, pueda estar preparado para los embates que en los años venideros sufrirá por parte del crimen organizado. No podemos pecar de incrédulos y debemos crear políticas públicas para prevenir y abordar estos problemas.

Desde nuestra fuerza política lo tenemos claro. Lamentablemente nos sentimos muy solos en esto.