El Uruguay es el Uruguay por su buen prestigio. Se lo conoce y reconoce por la condición de lo bien hecho. De país donde no hay lugar para las malas prácticas. De país donde lo malo no tiene lugar. Donde si aparece se lo corta. Chicos. Lejanos de los grandes centros. Sin enormes atractivos diferenciadores. Llama la atención que nada llame la atención. La inexistencia de noticias estridentes. La buena convivencia. La inexistencia de espacios para el delito o las malas prácticas. El respeto a sí mismo y el respeto a las demás naciones del mundo.

Para mejor ilustrarlo, esas dos noticias de los últimos días. La primera, la de ser de las naciones con menos corrupción en el mundo. En el continente, por lejos los mejores de la clase. O la otra de haber sido eliminados de la "zona gris" de los países con prácticas tributarias perjudiciales de las demás economías, en la calificación de la Unión Europea. Eso hecho, sin perder el propio criterio de la territorialidad en el origen de la renta gravada, y sin caer en el criterio de la renta mundial. Uruguay respeta y se respeta. Todos debemos cuidar ese prestigio.

Bastante se manoseó el nombre del país por causa de la droga. Cargamentos agarrados allá y acá. Récords de volumen. Cifras exorbitantes. Casos curiosos. Nadie olvida el de la soja. Hubo 4.600 kilos de cocaína descubiertos en el Puerto de Hamburgo. Soja en contenedores, obvio que desconfiaron. El día de los 440 kilos de cocaína en el arroz. La tonelada y media de la Camelia Sociedad Agraria, en la harina de soja, encontrada después de las cuatro toneladas y media que habían probado mandar. No faltaron los embarques en la carne, en el pescado. Salimos en el Financial Times, en Le Monde, en El País de Madrid, por supuesto en cuanto reporte de los organismos internacionales de contralor. Gravísimo. En el territorio nacional, mentados casos de aviones, procedimientos en las fronteras terrestres. El grande de la Policía de Rivera encabezada por Rodríguez y Lima, en el norte de Tacuarembó. De todo. Allá y acá. Por todos lados y de todas las formas. Del Paraguay, y del Brasil y de la Argentina. También metanfetaminas de Europa para su distribución desde Uruguay en el continente. Una vergüenza.

Razón única. Absoluta falta de control. Justificaciones varias. Todas entendibles. El país necesitaba bajar costos de operación portuaria. Se bajaban controles. La importación se controla porque esa mercadería paga al ingreso. La exportación en Uruguay no tiene detracciones. Si no tiene que pagar, no existe causa para el engaño. Para qué controlar entonces. El escáner se rompía. Arreglarlo es caro y lleva tiempo. Muchas veces estaba inactivo. Cuando estaba activo, hacía turno con horario limitado. El puerto trabaja sin horas. El escáner con horario limitado y descansos respetados a rajatabla. Un día se cayó de la grúa. Parece que lo tiraron. Nada se pudo probar. El control es estocástico. Aleatorio. Se controla un 3% del total de los contenedores. Para no demorar, y porque no hay más capacidad con las características técnicas del escáner disponible. Es fijo. Hay que hacer cola para la inspección. Tampoco horario disponible de los trabajadores en su jornada limitada.

Hay embarques que se controlan. Cargas raras. Documentos que llamen la atención. Tachaduras, sobre-escrituras. Orígenes confusos. Firmas con antecedentes. Con vulnerabilidades jurídicas. Firmas de rubros amigos del lavado. Se entrena a los controllers para detectar los casos de mayor probabilidad de desvíos. Ellos deben hacer su trabajo. Cada vez que algo fue descubierto, casi siempre alguna anomalía observable ha existido. Hay que saber detectarla. Hay que querer detectarla. Argentina apretó. Pidió a Paraguay determinados controles. No consiguió que fueran realizados, entonces multiplicó las intervenciones. De algunos orígenes controló absolutamente todo. La droga abandonó esa ruta. Los hallazgos se multiplicaron en Montevideo. Hay que hacer algo.

Está en juego el prestigio del Uruguay. Lo único que tenemos. Queremos ser hub de distribución de cargas regional. Quién puede confiar en un puerto dominado por la droga. Nadie correría el riesgo del desprestigio. Menos el de verse involucrado en un hecho desagradable.

La falta de control compromete el destino nacional. Imprescindible resolver el asunto. Esa fue la idea de la Dirección de Aduanas y del Ministerio de Economía y Finanzas cuando se dispusieron a arreglar definitivamente el tema. El debido contralor para la imprescindible tranquilidad. No más reparaciones de lo irreparable. No más tecnologías obsoletas. No más lentitudes en el trabajo. No más horarios limitados. No más controles de unos sí y otros no. No más decisiones sindicales de no controlar. No más costos inalcanzables, y encarecimiento de la producción local. Se hizo lo que había que hacer. Se llamó a la provisión de un servicio adecuado. El necesario. Con los costos razonables. Sin interrupciones del servicio. Sin horario limitado. Con capacidad técnica de controlar mucho y bien, en poco tiempo. Un servicio provisto por terceros. Con un plazo largo de 10 años, como para habilitar la inversión en una tecnología de alto costo y mejores prestaciones. Con obligaciones claras para el prestador del servicio. Se licitó lo que había que licitar.

El proceso parecía no terminar nunca. Compleja la licitación. Enormes los intereses. Muchas las consultas y los recursos. La inquietud campeaba en las autoridades. La preocupación, en los funcionarios responsables. El nombre del Uruguay seguía sonando feo. La comunidad internacional nos miraba con preocupación. Éramos la portera abierta a lo que no debe ser. Entendían y respetaban nuestros procesos y nuestros tiempos, pero seguramente se sentían perjudicados. Nosotros nos sentíamos mal. Ese no es el Uruguay.

Para finales de mayo la Comisión de Adjudicaciones recomendó al ordenador competente la adjudicación de la compra a una de las empresas en competencia.

La Dirección Nacional de Aduanas ratificó en todos sus términos lo actuado en el procedimiento competitivo y pasó al Tribunal de Cuentas para el análisis de legalidad. Los servicios jurídicos del Tribunal entendieron que los procedimientos se ajustaban a derecho y preparó el proyecto de resolución para intervenir el gasto sin observaciones. Allí sucedió lo que nadie podía esperar. Una mayoría de integrantes del Tribunal se opuso a las recomendaciones de los Servicios Jurídicos. Cosa de nunca. Sin mucho fundamento tampoco. Más bien decisión política. Observaron el gasto los tres ministros del Frente Amplio y una integrante neutral, que fuera en el pasado directora general de Secretaría del MEF en Gobierno del Frente Amplio, pero que, justo es decirlo, ha sabido mantener su independencia en casos trascendentes como el de la ampliación del contrato portuario.

La empresa que fue dejada fuera del proceso por incumplimiento en la presentación de recaudos expresó su disconformidad. Tuvo fuerza. No fuerza jurídica, porque no le dieron la razón los servicios técnicos ni del ministerio, ni del propio Tribunal. Tampoco contundencia en las argumentaciones. Más bien alguna rebuscada interpretación de los alcances de los establecido en el propio pliego, en las respuestas a consultas y una curiosa intromisión en aspectos no alcanzados por los cometidos del Tribunal de Cuentas de la República.

La empresa fue eliminada en la etapa final del proceso por no presentar el apostillado de la documentación puesta a consideración. Clarísima actuación. En el proceso licitatorio se extendió a causa de la pandemia -si hará rato que andamos en esto- el plazo para dar cumplimiento a la exigencia. Se dio tiempo hasta el momento mismo en que comenzara la evaluación. Ni así cumplieron. Lo entreveraron con otra facilidad de no traducir manuales que les otorgaron. Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Luego protestas respecto de una de las empresas que siguieron en carrera. Cuestionan la justificación del origen y capacidad técnica de los aparatos ofrecidos. La oferente aportó los antecedentes del fabricante. Es lo que corresponde en la medida que está clara la vinculación jurídica y las responsabilidades de las partes, y frente a la licitación. Incuestionable. Ponen en duda luego la explicación de la capacidad de cumplimiento del servicio. El oferente justifica el punto con los antecedentes y capacidades del sub-contratado a esos efectos. Correcto también. Por fin, en la evaluación económico-financiera queda claro que la adjudicataria cumple con las exigencias del pliego. La mayoría del Tribunal cuestiona el pliego. Insólito. Vale la pena leer la exposición del ministro del Tribunal Darwin Machado. Es contundente en cada uno de los aspectos. Los desmenuza con especial claridad. Les recomienda no meterse en lo que no deben. El fundamento de Gallinal, igual en excelencia.

La ministra Arbeleche hizo lo que tenía que hacer. Lo político menor a un lado y el interés nacional como norte. Absoluto apego a lo jurídico sin medir consecuencias de tipo alguno. Había que decidir y se decidió. La ministra reiteró el gasto con claro fundamento técnico. Con la debida seriedad. Sin perder tiempo porque sí. Sin atender intereses menores para contemplar el único interés en juego, que es el buen nombre del Uruguay. La carrera del desprestigio terminó con esta decisión. Nadie podrá decir que somos un país que protege narcos. Ni que los tolera. Era injusto. Sí, lo era. Aquí ningún gobierno de ningún signo se ha asociado al narcotráfico. Pero se lo dejó vivir. Por cuestiones de falta de medios para controlar, o por apego a determinadas prácticas o por las razones que sea. Eso se terminó. Esta valiente y decidida acción de la ministra de Economía cambió todo. La portera se cerró. Que busquen otra ruta. Por aquí, no. Ensuciar el nombre del Uruguay no se puede permitir y no se permitió. Serena y firme acción de combate. Efectiva. Ajustada a derecho.

Quedan preguntas. Cuestiones que algún día se deberán responder. Deberán darnos los ministros que observaron el gasto las razones que los llevaron a ello. Aspectos técnicos es claro que no defendían. No existe, en ese sentido, una sola explicación clara y sólida. Podríamos suponer que defendían el interés de una empresa particular. Tal vez el hecho de que sea una empresa de origen nacional. Tal vez el vínculo con una empresa cuyo nombre nos resulta familiar por reiterados contratos en administraciones anteriores. Todo puede ser. Hay que transparentarlo. Tal vez sea de aceptación. Puede no tener nada que ver con las antedichas posibilidades. Alguna explicación debe haber, y bueno sería conocerla. No creo que defendieran la extensión del tiempo de falta de control. No creo que quisieran ahondar en el desprestigio del país, que es el de todos nosotros por igual. Menos se me ocurre que alguien quisiera, directa o indirectamente, defender el narcotráfico.

La ministra pidió ser recibida por las Comisiones de Hacienda de Senado y Diputados. Quería poner esta acción en el lugar que merece. Enaltecerlo. Reconocer que es tema de todos y cada uno. Responder dudas de algunos para tranquilizar a todos. Fue clarísima. Clarísimas, firmes y fundamentadas las intervenciones del director general de Secretaría, el doctor Mauricio Di Lorenzo, de los asesores Marcos Álvarez y Pablo Bazán. Muy explicativo, el director nacional de Aduanas, contador Jaime Borgiani. Todo bien explicado y coherente con el propósito de invitar a defender al Uruguay con una sola camiseta, la Celeste.

Curiosamente hubo poca respuesta en este sentido. Hubo énfasis en la diferencia. Argumentos muy similares a los de la defensa de los argumentos de la empresa que quedó fuera por no aportar los recaudos correspondientes. Se llegó a cuestionar la propia aceptación de la iniciativa privada. A pesar de que claramente se trataba de otro objeto y en otro momento del tiempo. La licitación había sido declarada desierta en abril. La iniciativa privada se aceptó en junio. La desierta era para la adquisición de un escáner. La iniciativa era para la provisión de un servicio. No es lo mismo comprar un camión que mandar un paquete por un camión. La prueba del nueve del buen actuar en ese ítem es que la empresa a la que se aceptó la iniciativa y se le otorgó la correspondiente ventaja del 8%, es a la que se eliminó por no aportar el apostillado de la documentación. Hubiera quedado afuera también por incumplimiento de la exigencia técnica de aportar escáneres móviles.

Se repitió el cuestionamiento a los aspectos vinculados a balances y antecedentes, que ya informamos párrafos más arriba, y se cuestionó la diferencia de puntos entre las soluciones técnicas de las empresas finalistas. Esos casos nunca son antojadizos. Están perfectamente determinados en los pliegos que fijan márgenes entre los que se pueden mover los evaluadores de calidad. Lo otro cuestionado fue que la empresa ganadora fuera una que presentó un valor de 43 millones contra 36 millones de su competidor. La eliminada estaba alrededor de 10 por encima de la ganadora. Como si no importara la calidad de lo adquirido. Como si fuera comparable esta diferencia de siete millones con los miles de millones de dólares que pasan por el puerto en los 10 años del servicio. Ni hablar del costo de pasar tres o cuatro años más sin el servicio.

Lo importante es que el Uruguay tuvo quien lo defendiera. Tuvo quien se animó a decidir. Que habrá control. Que será ágil y profundo. Que en 12 horas se controlará lo mismo que hoy en un mes. Que será permanente y sin horario. Que si se les cae el escáner habrá otro. Que pasamos del 3% de contenedores revisados, a un 70%. Que por acá no pasan más. Nunca más. Que no somos ruta de nada ni queremos serlo tampoco. Que este país se respeta y se hace respetar.