Esta semana, Pedro Bordaberry publicó una columna denominada Entenebrecido, en la que describe la dura realidad que vive nuestro país con respecto al narcotráfico. El exsenador colorado —luego de varias críticas a la gestión del Frente Amplio— hace referencia a la necesidad que todos asumamos la gravedad de la situación y la dimensión del enemigo que tenemos enfrente.
Parecería que la vieja frase del exdirector de la Policía Nacional Julio Guarteche sobre la percepción compartida de la amenaza, empezó a calar en la preocupación de Bordaberry. Él lo debe recordar, porque cuando éramos Gobierno se lo dijimos de manera frontal.
Lo que le pasa a Borbaberry es que siente impotencia de saber que, desde sus filas (la coalición gobernante), se creía tener soluciones a los problemas, pero, lejos de solucionase, se agravaron. Además, debemos decir las cosas como son: durante los quince años de gobierno del Frente Amplio, con una gestión predominante de Julio Guarteche, se mantuvieron las mismas políticas de Estado sobre combate al narcotráfico construidas a partir del segundo gobierno de Julio María Sanguinetti y el de Jorge Batlle. Durante ese período, con el inspector Rivero a la cabeza, se reformuló la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), pero esa política de Estado, que tuvo grandes éxitos, fue desarticulada por este gobierno Herrerista. Por creer que la solución consistía en destruir todo lo hecho por el Frente Amplio, retrocedimos veinte años en materia de combate al narcotráfico y al crimen organizado.
En al menos dos instancias, el Frente Amplio convocó a todo el sistema político para elaborar una política de Estado en materia de seguridad. Lo hizo, recibió aportes, acordó reformas legislativas, pero, una y otra vez, recibió el ataque constante a lo que se hacía, porque era más importante para la —entonces— oposición sacar rédito político que buscar soluciones. El exsenador Bordaberry, más allá de su nuevo llamado al diálogo —que nos parece positivo— fue una de las voces más críticas con respecto a lo que se hacía.
Cuando este Gobierno fue oposición creía tener todas las soluciones a los problemas, al punto de hacerle creer a la población que esto se arreglaba con voluntad y mano dura. Al asumir, se encontró con una situación difícil de solucionar, que requiere años de trabajo y, sobre todo, el mantenimiento de una política de Estado. Bordaberry no lo menciona, pero el gobierno Herrerista, que él votó, descabezó la DGRTID, abandonando décadas de trabajo. Además quitó a los cuadros más jóvenes de la Policía e incorporó policías que hacía años estaban retirados.
El Gobierno, que él votó y respaldó, avaló y materializó la entrega de un pasaporte a uno de los narcotraficantes uruguayos más peligrosos: Sebastián Marset.
Una política de Estado para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos
Si en algo no le erra Bordaberry, es en reconocer que estamos en problemas y más vale que lo aceptemos. Desde el Frente Amplio tenemos la mano tendida al Gobierno para que podamos abordar este flagelo de una vez por todas. Para eso, se necesita participación en un ámbito multipartidario. Se requiere la generosidad suficiente de aceptar que esta es una tarea de todos y que no se puede hacer leña del árbol caído.
Lamentablemente, si se siguen anteponiendo las mezquindades políticoelectorales, el mensaje claro y contundente que pide Bordaberry caerá en saco roto. Pero, de parte nuestra, no estamos dispuestos a darnos por vencidos. Intentaremos una vez más generar espacios de diálogo.
Empecemos a trabajar desde ya con una pregunta clave ¿Qué opina el oficialismo con respecto a la idea de aprobar, de una vez por todas, una ley de financiamiento de los partidos políticos? ¿Todavía no se dieron cuenta —si es que aún no sucede— que es cuestión de tiempo que el crimen organizado termine financiando a los partidos políticos? ¿Dónde estaba el oficialismo cuando, desde la oposición, hicieron naufragar un proyecto de ley que pretendía regular esto?
Compartimos lo expresado por Bordaberry cuando dice que debemos establecer la obligación de informar y documentar todos los ingresos de los partidos políticos, incluyendo las elecciones internas, así como cualquier otra actividad. Debemos mirar hacia el futuro y trabajar en esa línea, fortaleciendo los organismos de control, dotando de más recursos, potestades jurídicas e infraestructura a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, a la Junta de Transparencia y Ética Pública, a la DGRTID, entre otras.
En definitiva, tomamos el guante y con generosidad y altura, estaremos dispuestos a construir una política de Estado sobre la base del entendimiento. Esperamos que el resto asuma la misma responsabilidad y estén a la altura de los desafíos. En esto, nos va la vida.