Opinión | En Canelones batallan por la justicia ambiental: los agroquímicos en la soja

Por Eduardo Gudynas |@EGudynas

El Instituto Nacional de Derechos Humanos reconoció que se violan derechos a la salud y el ambiente por los agroquímicos usados en los cultivos intensivos, y reconoce como atendibles los reclamos por una moratoria para la soja.

No se han detenido los impactos y vulneraciones de los derechos a la salud, el trabajo y el ambiente debidos a los agroquímicos usados en prácticas intensivas, como la soja. Las medidas que se han tomado hasta ahora han sido insuficiencias y es necesaria y urgente una drástica toma de medidas. Esto es lo que dice una resolución del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, difundida el 10 de setiembre de 2019.

La resolución es la respuesta de ese instituto a un reclamo elevado por un grupo departamental, la "Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua". Esa comisión hace mucho tiempo viene denunciando los impactos en el ambiente y la salud desencadenados por los cultivos intensivos de soja y los agroquímicos asociados.

Esa comisión alertó sobre problemas específicos como los efectos provocados por el herbicida glifosato, dejando en claro los riesgos a largo plazo para la salud pública. No se pueden minimizar u ocultar esos problemas, como tantas veces ocurre, ya que el propio Ministerio de Salud Pública había reconocido en 2014 que en la localidad de Paso Picón, están bajo una reiterada exposición a plaguicidas que ya estaba afectando a la población. Aquel es un sitio emblemático por el severo conflicto social y ambiental desatado por las prácticas desaprensivos de un productor sojero.

La petición de los vecinos de Canelones ante el instituto en derechos humanos, alertaba sobre la afectación a los derechos a la vida, la salud y a un ambiente sano. No es un problema restringido a ese departamento, sino que se repite en otras zonas del país. Esto hace que la resolución del instituto tenga una enorme importancia y esté repleta de contenidos; es más, es posible que algunos de ellos constituyan aportes sustanciales para instalar definitivamente la justicia ambiental en Uruguay.

El instituto reconoció que hay una "eventual afectación de derechos fundamentales derivados por la ausencia de medidas integrales preventivas en el uso de plaguicidas". Esto ocurre aún en el caso de Canelones, donde se reconocen claros esfuerzos de ese gobierno municipal de establecer alguna contención a la sojización, especialmente por un ordenamiento territorial. Pero excede a las competencias municipales, porque todo ese conjunto está regulado y normado a nivel nacional. Las principales responsabilidades aquí están en tres ministerios: Agricultura, Salud Pública y Ambiente.

El instituto que ya se cuenta, por un lado, con "elementos suficientes para corroborar la afectación de la salud de personas por exposición a agroquímicos", y por otro, con evidencia que muestra la "insuficiencia de los mecanismos preventivos". Señala además, las dificultades de las personas para realizar denuncias sobre estos problemas, bajo una "multiplicidad de oficinas y organismos", donde no están claras las competencias de cada una, y bajo las tensiones sociales en los sitios de trabajo o residencia.

El instituto concluye que el reclamo de la comisión canaria de prohibir las plantaciones de soja en todo el departamento de Canelones "resulta atendible" ya que ese cultivo necesariamente requiere paquetes tecnológicos que emplean esos agroquímicos.

Tanto por sus argumentos como por sus conclusiones, esta resolución del instituto reviste una enorme importancia pero no han recibido la atención que merece. Allí se está diciendo que se están violando derechos críticos, como los de la salud y un ambiente sano. Se admite algo que saben todos con un poquito de sentido común: los medios para detener la crisis ambiental en el mundo rural uruguayo no están funcionando. Y concluye que la situación es tan delicada, que debe considerarse una moratoria a los cultivos de soja.

Estas alertas no son desmedidas. Más o menos al mismo tiempo que en Uruguay el instituto consideraba el reclamo canario, el gobierno de Alemania decidió prohibir el uso del glifosato a fines del año 2023. En ese país se consideró que el herbicida tiene impactos ambientales intolerables, tales como sus impactos sobre insectos, y entre ellos las abejas, y enormes riesgos sobre la salud. Cuando el actual permiso europeo del herbicida expire en 2023, no será renovado.

También más o menos al mismo tiempo, uno de los más conocidos manufacturadores de glifosato, Monsanto (ahora propiedad de Bayer), estaba enfrentado 18.400 juicios en Estados Unidos por los efectos sobre la salud. La empresa ya ha perdido los casos iniciales bajo distintos formatos, y ha sido penalizada con multimillonarias indemnizaciones.

De ese modo, mientras que en otros sitios esta problemática es un hervidero en los debates, revelaciones, juicios, multas, y más, aquí, en nuestro país, muchos siguen aferrados al siglo pasado. Por ello es importante que esta resolución del instituto fuese dirigida directamente a los ministros de agricultura, salud pública y ambiente, a las autoridades municipales de Canelones, y al presidente del congreso de intendentes. Entretanto, si bien la presidencia tiene dos secretarias en estos temas, una en ambiente y la otra en derechos humanos, por ahora son más bien parte del problema que factores para lograr una solución como deja en evidencia esta resolución del Instituto Nacional en Derechos Humanos.

Detrás de todo esto se encuentra la real viabilidad de la agropecuaria intensiva, como la que se realiza con la soja. La resolución del instituto acertadamente advierte esa tensión básica, y señala que para ese tipo de agricultura se debe evaluar la "viabilidad económica" en su aplicación y la "viabilidad ambiental y social". Por ello es necesario "reorientar la legislación y las políticas hacia el desarrollo de modelos alternativos de producción, sustentables económica y ambientalmente". Traduciendo esto a su formulación más simple se está diciendo que el monocultivo de soja intensiva es insustentable y que se deben amparar alternativas distintas.

Por todas estas razones la resolución del instituto debe ser bienvenida, difundida y respaldada. Allí están los argumentos para avanzar en la justicia social y ambiental en Uruguay.

Referencias

Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Resolución No 761 2019, 10 de setiembre de 2019.