Jesús Delgado Valery*
Latinoamérica21

El pasado 22 de octubre se celebraron las elecciones generales de Argentina. El ambiente general fue de tranquilidad y civilidad, sin incidentes importantes que lamentar. Los primeros resultados se anunciaron antes de la hora prevista —las 22:30—, dado que ya se evidenciaba una tendencia clara. Desde 2019, cuando se automatizó la transmisión de los telegramas desde los centros de votación, la carga es ágil y bastante homogénea.

La mayoría de los análisis fueron sobre la derrota (¿y desaparición?) de Juntos por el Cambio, el impresionante performance del candidato oficialista (sumando 3 millones de votos), y, sobre todo, acerca de la posibilidad de que Javier Milei llegue a la presidencia.

Sin embargo, nos gustaría ofrecer otra perspectiva: la de la integridad de las elecciones y la capacidad por parte de la ciudadanía de auditarlas. Si bien índices internacionales, como por ejemplo el de la Unidad de Inteligencia de The Economist, clasifica a la Argentina como una democracia imperfecta, y a sus elecciones nacionales las valora positivamente, existe todo un abanico de malas prácticas que se dan constantemente y que se han naturalizado.

Estas son especialmente determinantes en las elecciones subnacionales, en las que podemos encontrar reelecciones indefinidas, ley de lemas, acoples, uso de los recursos del Estado a favor del oficialismo, entrega de mercadería o acarreo de votantes. Cada una de estas herramientas forman parte del toolbox de las elecciones amañadas y han servido para que los oficialismos se perpetúen en el poder, ya sea a través del mismo partido o de los mismos gobernantes (Formosa) o sus familiares (Santiago del Estero, San Luis, Santa Cruz).

A nivel de las elecciones nacionales, el marco legal no prevé lemas o reelecciones indefinidas, aunque sí existen limitaciones legales que afectan a la capacidad de la ciudadanía de auditar el proceso.

Por ejemplo, en Argentina no existe la figura de observación electoral (nacional o internacional). Sí está prevista una mucho más limitada, el acompañamiento cívico, pero no tiene rango de ley, de manera que no hay garantías para que se cumpla. Por ejemplo, Transparencia Electoral intentó acreditar en las PASO y las generales una misión de acompañamiento cívico. En la primera ocasión, la solicitud fue denegada por la Cámara Nacional Electoral. En la segunda, ni siquiera fue respondida.

En cuanto a las condiciones de competencia electoral, se evidenció un escenario de cancha inclinada, con el oficialismo haciendo uso indiscriminado de los recursos del Estado a favor de su candidato, Sergio Massa, que, aunque es ministro de Economía, ha monopolizado la presencia mediática gubernamental haciendo anuncios no solo económicos sino de infraestructura, deportivos, turísticos, fungiendo como un ministro plenipotenciario.

En este apartado también entran temas como la cobertura sesgada de la Televisión Pública durante la campaña electoral, en la que los segmentos dedicados a las fuerzas opositoras Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA) fueron mayoritariamente negativos; el reparto discrecional de bonos para la administración pública nacional y los privados, bonos para empleados públicos de algunas provincias (por ejemplo en Santiago del Estero), el reparto de dádivas y electrodomésticos a nivel local, y, más recientemente, el uso de instituciones y espacios públicos administrados por el Estado Nacional para hacer actividad proselitista, como es el caso de la campaña sobre subsidios del pasaje del tren.

Al no apartarse de su condición de ministro de Economía, el candidato de la coalición oficialista (Unión por la Patria —UxP—), Massa, hizo uso de sus atribuciones y de las de otros ministerios para llevar a cabo actos oficiales que califican como actos de campaña. Destaca el anuncio del Mundial 2030 en Argentina, en el que acompañó al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y al ministro de Turismo; la quita de planes sociales a quienes hayan participado de los saqueos de fines de agosto, y el anuncio de obras públicas, como el de la planta de pretratamiento del Sistema Riachuelo.

Debido a estas cuestiones, junto con las debilidades propias de la boleta partidaria, las dádivas, el acarreo de votantes, y la falta de medidas para garantizar la participación de los argentinos residentes en el exterior, podemos concluir de que se trató de un proceso electoral con un gran margen de mejora.

Urge que los partidos políticos y la sociedad civil organizada trabajen para consensuar reformas al Código Nacional Electoral que fortalezcan la calidad de las elecciones y mejoren la integridad y competitividad.

* Jesús Delgado Valery es director ejecutivo de Transparencia Electoral.