Opinión | El veto a proyecto sobre Casa de Galicia y una violación dantesca a Constitución

Los que al comienzo de la vida institucional de nuestro país se jactaban de ser los “defensores de las leyes”, hoy son quienes las violan. Empezando por la Constitución de la República, la cual ha sido vulnerada nuevamente por este Gobierno.

Sé que suena fuerte el título de esta nota, pero la verdad debe ser expresada de manera gráfica y contundente. La flagrante violación a la Constitución por parte del oficialismo, luego de que no prosperara el levantamiento del veto al proyecto de ley que pretendía indemnizar a los extrabajadores de Casa de Galicia, es dantesca.

No está claro el motivo del apuro que vulneró los tiempos establecidos en nuestra Constitución, pero tenemos la certeza de que esta decisión puede llegar a ser el “talón de Aquiles” del mentado veto presidencial (y por extensión, del referido proyecto de la ley).

Una norma tan vergonzosa como indigna, que terminó quebrando a gran parte de la bancada oficialista, donde muchos de sus integrantes terminaron tomando la decisión de no apoyarlo.

Hasta a ellos les dio vergüenza

El veto a una ley que pretendía indemnizar de manera justa a los extrabajadores de Casa de Galicia fue promovido desde el Gobierno, más precisamente, por orden del presidente de la República. Muchos legisladores de la coalición, conscientes de lo delicado del asunto y por la vergüenza que les daba ignorar el justo reclamo de 2.100 trabajadores y sus familias, votaron junto al Frente Amplio el levantamiento del veto.

Sin embargo, ante los ojos atentos de muchísimos extrabajadores de Casa de Galicia, que presenciaban la discusión desde las barras, no se llegó a los votos necesarios para el levantamiento del veto. La vergüenza que sintieron desde filas oficialistas fue tal que muchos de ellos salieron a declarar lo obvio y era que todavía estaban a tiempo de rediscutir el asunto, porque ninguna de las dos posiciones (a favor o en contra del veto) había alcanzado los tres quintos de votos de la Asamblea General.

Ninguna de las dos posiciones tenía los votos suficientes para ratificar o levantar el veto. Por lo tanto, la única vía para que el veto se mantuviera vigente —por mandato constitucional— era que pasaran los 30 días previstos por la Constitución sin que este fuera levantado. A partir de este hecho, comienzan las irregularidades que llevaron a “apurar el veto presidencial” violando la Constitución de la forma más grotesca.

En el apuro, se llevaron por delante la Constitución

Siempre digo que las razones no son inocentes y, por eso, deben analizarse los contextos. ¿Por qué se apuraron en comunicar al presidente de la República que el veto había quedado vigente, sin esperar los 30 días que mandata la Constitución? El artículo 139 de la Constitución es claro: “Transcurridos 30 días de la primera convocatoria sin mediar rechazo expreso de las observaciones del Poder Ejecutivo, las mismas se considerarán aceptadas”. O sea, bastaba esperar 30 días para que el veto quedara aceptado de manera tácita, pero se apuraron en ratificarlo.

¿Por qué? Porque existían serias posibilidades que en el transcurso de estos días consiguiéramos los votos necesarios para convocar nuevamente a la Asamblea General y terminar levantando el veto. Lo sabían y quisieron evitarlo, y por eso no dudaron en violar el artículo 139 de la Constitución. Lo hicieron sin medir las consecuencias de sus actos, llevando incluso a la posibilidad de que esta ley (mal vetada) termine siendo declarada inconstitucional. De ahí, la referencia al “talón de Aquiles” de esta ley.

O sea, lo que se envía al Poder Ejecutivo para su promulgación, en realidad, podría ser una ley cuyo texto no tuvo formalmente una aprobación parlamentaria. Porque la condición para que dicho texto quede plasmado a través de la redacción propuesta por el veto, implicaba que pasaran esos 30 días, que no pasaron. De esta forma, por no haberse respetado el plazo de treinta días previsto en el artículo 139, enviando el texto legislativo desde la Asamblea General al Poder Ejecutivo para su promulgación, este podría ser pasible de ser declarado inconstitucional por razones de forma. Por lo que podríamos decir que no cuidaron ni las formas.

La degradación institucional

Durante esta administración, hemos alertado sobre la degradación institucional que vive nuestro país. Lamentablemente, el oficialismo nos ha llevado a eso y, por eso, hemos repetido este concepto en innumerables ocasiones.

Es una triste realidad que vivimos día a día, como consecuencia de la impunidad de quienes nos gobiernan. En el camino, no solo se pierden los códigos de la convivencia democrática, sino que se degrada la calidad institucional de nuestra República.

El precandidato Álvaro Delgado, en las últimas horas ha salido a manifestar la necesidad de dar debates sanos y elevados, evitando la descalificación y las grietas. Ellos mismos deberían preocuparse primero por respetar la institucionalidad, por fortalecerla, por no violar la Constitución de la República, por admitir las reglas de juego incluso cuando estas no los favorecen.

Por eso, cuando se manifiesta la preocupación por la división ideológica que pueda existir en nuestro país, yo expreso mi mayor preocupación por la degradación del ordenamiento jurídico. Los debates ideológicos y las diferencias de opinión son propias de una democracia. La violación de la Constitución de la República y de las leyes, no.

Si no son capaces de respetar el ordenamiento jurídico, la ley, la Constitución, o sea, las normas básicas, ¿acaso pretenden hacernos creer que detrás de sus acciones está la intención de un debate elevado y democrático de cara a las próximas elecciones?

Lamentablemente, estamos lejos de creerlo.