Desde la campaña electoral de 2019 el Partido Nacional ha venido desarrollando conceptos generales que aparentan abarcar a la mayoría de la población, pero luego, desde que empezaron a gobernar, se pudo ver que se utilizaron a favor de los sectores económicos de mayores recursos, concentradores y vinculados al capital transnacional en alguna de sus distintas formas.

No se trata de algo nuevo ni mucho menos original. Desde principios del siglo XX, o aún antes, existe una concepción económica liberal, anti estatista, reticente a la industrialización promovida desde el Estado, defensora a ultranza de la iniciativa privada de forma excluyente y de la injerencia beneficiosa del capital extranjero. Una concepción que rinde culto al medio rural, sostenida y defendida por quienes pertenecieron y pertenecen a ese medio, y que, desde siempre, atrás de ese ruralismo en el que involucraban a todos los sectores vinculados a la producción agropecuaria, escondían la defensa prioritaria o excluyente de los propietarios más poderosos del campo.

A esos sectores, identificados mayoritariamente con las corrientes más conservadoras del PN, pocas veces les tocó gobernar: a fines de los 50 y principios de los 60, en los 90, y ahora, desde 2020 hasta el momento actual. Apoyaron la dictadura de Terra, en 1933, apoyaron y formaron parte de la dictadura militar de los 70 y 80, y acompañaron a los sectores más conservadores del Partido Colorado para alcanzar mayorías que le permitiera gobernar.

Gerardo Caetano recoge de forma excelente este proceso en su libro El liberalismo conservador, recientemente publicado. Y viene a cuento recordarlo ahora, porque en los momentos que gobernaron o que apoyaron a los sectores más conservadores del Partido Colorado, cumplieron el papel de tratar de cambiar el rumbo del proceso que se venía llevando adelante: industrializador, con mayor distribución y con impulso de algunas políticas sociales que tenían más en cuenta a los trabajadores. Procesos en que, en mayor o menor medida, se tenía al Estado como socio y cumplía con el papel de ser el escudo de los pobres. Procesos con resultados beneficiosos para las grandes mayorías nacionales, responsables de cierto desarrollo del país, pero que como todo modelo económico pasa por periodos de crisis que dificultan su permanencia y desarrollo.

En esos momentos, precisamente, los sectores más conservadores, económica y políticamente hablando, aprovecharon para impulsar sus conceptos, no para ajustar el modelo, sino para cambiarlo radicalmente. Las consecuencias siempre estuvieron a la vista: profundizaron la crisis y procuraron cambiar el Estado de bienestar, y las consecuencias las pagaron las grandes mayorías nacionales, incluidos los pequeños productores rurales, productores familiares y cooperativos, que pertenecen al medio rural, pero que no pertenecen a los que mueven la batuta o cortan el bacalao respecto a las políticas agropecuarias.

Eso pasó también durante el tercer gobierno del Frente Amplio. Atrás de los sectores más poderosos del medio rural, se alinearon los que reclamaban mayor asistencia del gobierno y que no habían sido priorizados o contemplados por el mismo. Formaron parte del apoyo social que recibió el gobierno electo en 2019. La paradoja fue que después tampoco encontraron soluciones. El PN, cuando era oposición, criticaba fuertemente el modelo forestal que se estaba llevando adelante: modelo apoyado en la ley forestal aprobada en gobierno colorado y reglamentada en gobierno blanco, que establecía predios de prioridad forestal y tierras en la que no se podía hacer forestación. Se decía que el uso forestal que se hacía de muchas tierras que no entraban en la categoría de prioridad forestal arrinconaba a los que necesitaban tierras para la ganadería o la lechería y prometían cambiar esa forma de concebir el trabajo en el medio rural…

Sin embargo, nada de eso se hizo posteriormente. Al contrario: cuando en el Parlamento nacional, en 2021 se aprobó una ley apoyada en el concepto de prioridad forestal para que la forestación se hiciera en los suelos previstos para ello, el Poder Ejecutivo la vetó y luego confirmó el veto en el Parlamento, sin contar con mayorías para aprobar una ley similar a lo que resolvieron por decreto: exactamente en contra de las mayorías parlamentarias que aprobaron la nueva ley forestal. Con el nuevo decreto, además, se aumentaron las áreas pasibles de ser plantadas.

Mientras los sectores que hacen al cerno del sector rural, ganaderos, arroceros, sojeros, madereros, 2021 depositaron más de 4.500 millones de dólares en los bancos, los aspirantes a tierras de colonización, los que necesitan tierras para mejorar la producción lechera y ganadera tendrán que seguir esperando: los que creyeron en las promesas de 2019, los que creyeron que nos esperaban los cinco mejores años de nuestras vidas, tendrán que seguir esperando…

Dicen que para muestra basta un botón: el veto a la Ley Forestal puede ser un botón, pero qué botón. Significa optar entre dos intereses en pugna: por un lado el interés general de la mayoría de los uruguayos, y por otro, el interés particular de un grupo forestal productor de madera sobre la base de macizos de eucaliptus en tierras que no estaban clasificadas como de prioridad forestal, pero que están próximas a las plantas de celulosa ya instaladas en el país.

Ello, a su vez, incluye como terrenos forestales regiones que actualmente tienen otros usos: agrícolas, granjeros, lecheros y ganaderos intensivos.

El impacto desestabilizador del veto y el decreto alcanzan a todas las cadenas productivas: ¡La cuarta parte de las tierras ya está en prioridad forestal y la estamos aumentando con el veto y el decreto del gobierno!

Estas tierras incluyen el principal soporte de las principales cadenas agrícolas, lecheras y de ganadería intensiva que tiene el país. Mayormente se encuentran en los departamentos de San José, Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú y Florida: la nata de los campos uruguayos. ¡Y nadie puede decir que estos suelos son de baja productividad agropecuaria!

El litoral centro-sur, con un importante aporte al PBI nacional, será la región más afectada. Los macizos de eucaliptus competirán por el uso de los recursos que sostienen las correspondientes cuencas lecheras, agrícolas y granjeras de la región. Allí viven uno de cada cuatro habitantes del interior. Aquí la integración de rubros productivos y el encadenamiento agro artesanal se ha logrado, a través de muchos años, en un rico proceso histórico de afincamiento de inmigrantes europeos. Son parte de nuestro patrimonio económico, social y cultural, porque “no solo de pan vive el hombre”, y las utopías nos permiten avanzar y transformar nuestro hábitat.

No las pueden matar a través de un veto y un decreto que no tienen consenso.