Opinión | El tren fantasma

Hay 135 artículos que casi 800 mil uruguayos firmaron para convocar un referéndum para anularlos o confirmarlos. Habrán escuchado ese argumento mil veces.

Si yo tuviera que elegir, de esos 135 artículos y en general que es lo peor, lo más peligroso, lo que determinó que yo cambiara de posición y me sumara con entusiasmo a la campaña por el SI, no tendría una sola duda.

Es el peligro institucional que implica que un gobierno, este o los próximos, decidan utilizar un artículo de la reforma de la Constitución de 1976 para cambiar todas las reglas del juego democrático y del papel del parlamento subvirtiendo la base de la democracia y de la república. Así de duro. Y lo pensé mucho antes de escribirlo. Es lo más retrogrado y reaccionario de la LUC y en especial de sus 135 artículos.

Si consideramos la historia de la democracia desde 1985 hasta la fecha, es fácil comprender la gravedad de la situación: durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti se envió al parlamento un solo proyecto de Ley de Urgente Consideración LUC con 5 artículos que fue rechazada.

El gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera se entusiasmó y envió 4 proyectos de LUC con 161 artículos, fueron rechazados 29 artículos. Durante el segundo gobierno de Sanguinetti no se envió ningún proyecto de LUC mientras el gobierno de Jorge Batlle elevó 2 proyectos de LUC con 180 artículos y todos fueron aprobados

Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y el de José Mujica se enviaron 5 LUC con un total de 43 artículos y una ley no fue aprobada durante el gobierno de Mujica, tenía 3 artículos. En el segundo gobierno de Vázquez no se envió ninguna LUC. En 15 años fueron aprobados 40 artículos. (datos de un artículo de Daniel Chasquetti)

En el gobierno del actual presidente Luis Lacalle Pou, en setiembre del 2020, se aprobó la LUC, con 476 artículos con 40 materias diferentes. Un record absoluto en toda la historia parlamentaria y política del país. Una ley tren fantasma, con 456 vagones, una barbaridad.

Algún desprevenido o por otro motivo podría creer que comprimidos por 90 días máximos para aprobar esa enormidad de artículos que de lo contrario quedan sancionados de manera automática, se trataría de eficiencia parlamentaria. ¿Con ese criterio donde iremos a parar?

Los próximos gobiernos, del color que sean, eso es lo de menos, podrán seguir por esta pendiente institucional, asegurarse una mayoría parlamentaria y enviar proyectos con muchos cientos de artículos y que cubran todas las materias que ese gobierno considere importantes. Y en 90 días el parlamento estará obligado a pronunciarse.

Luego de esta “maravillosa” LUC centenaria o más, el gobierno con la sola excepción del Presupuesto Nacional y las Rendiciones de Cuenta, puede dedicarse a gobernar por decreto y reglamentando las LUC. Eso representaría un enorme peligro anti democrático y anti republicano, porque reduciría al parlamento a su mínima expresión.

Ya sucedió durante este gobierno. En enero de 2021, pocos meses después del LUCASO de 476 artículos, por decreto y violando la Constitución que establece que los monopolios solo pueden concederse por ley, le entregó no solo el monopolio de los contenedores del puerto de Montevideo por 60 años a la empresa belga Katoen Natie, sino que como premio complementario le dio la llave general del puerto: el Reglamento de atraque, que nunca figuró en los contratos y acuerdos anteriores con esta empresa. ¿Un regalo, dos regalos? Una entrega escandalosa, por decreto…

La lógica es la misma, es moverse al borde de la constitución y con un pie afuera de ella. Imaginen por un instante el aquelarre de todos los partidos, si otro gobierno, en particular uno del Frente Amplio hubiera utilizado los mismos procedimientos, una LUC de 476 artículos y 40 materias diferentes y un decreto para la mayor entrega de la soberanía de la historia nacional. Y la griteria sería una reacción justa.

Cuando algunos integrantes del gobierno se quejan porque no los dejan gobernar, habría que preguntarse ¿si los ciudadanos y los otros partidos deben someterse callada y obligatoriamente cuando se viola la Constitución y las Leyes de Puertos y de Defensa de la Competencia y se abusa de la LUC hasta los niveles actuales?

Por ello, anular 135 pésimos artículos de la LUC, perjudiciales en para el país, es solo una parte, la otra es detener este desenfreno institucional. Les quedan 341 artículos de la LUC para seguir gobernando y la mayoría parlamentaria que construyeron, pero no por ello le pueden pasar por encima a la Constitución y a la república de manera aplastante y vergonzosa.

Si me pregunta: ¿Cuál es la causa principal para anular los 135 artículos? Defender las bases institucionales, la Constitución, pero también las condiciones de equilibrio de poderes para lograr conquistas sociales, debates parlamentarios en serio y para frenar esta loca carrera donde todos los duros golpes sociales se justifican con la pandemia

Los sueldos y las jubilaciones bajan, el costo de vida y en particular los combustibles suben imparables y el Ministerio de Economía deforma los datos, y miente sobre la pobreza infantil y juvenil que en los menores de 18 años subió como no lo hacía desde hace 16 años. Y vivimos peor, pero mucho peor vamos a vivir con gobernantes a destajo de los decretos y un parlamento reducido a su mínima expresión. Es todo parte del tren fantasma que pusieron en marcha, pero hacia atrás.