En el contexto actual es crucial enfocar las políticas públicas en la creación de empleo de calidad, vinculándolas con el desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades laborales. Para lograr este objetivo,  proponemos diversas acciones prioritarias que abordan aspectos fundamentales del mercado laboral.

En primer lugar, destacamos  la importancia de enfocar las políticas públicas en la creación de empleo de calidad, especialmente en el contexto del cambio tecnológico y el descenso en la tasa de participación laboral debido a la demografía. Para lograrlo, planteamos la implementación de incentivos para empresas sostenibles, el desarrollo de programas de formación y capacitación laboral enfocados en sectores emergentes, así como la promoción de la igualdad de género en el ámbito laboral. Además,  proponemos el establecimiento de zonas económicas especiales en áreas geográficas desfavorecidas, con incentivos para atraer inversiones, crear empleo y reducir las desigualdades regionales.

También debemos hacer hincapié en la necesidad de fomentar el incremento de la productividad de la fuerza laboral a través de la educación, la formación continua y la adquisición de conocimientos científico-tecnológicos. Esto implica el desarrollo de programas educativos que fomenten la adquisición de habilidades técnicas y científico-tecnológicas desde etapas tempranas, así como la promoción de alianzas entre el sector público, el sector privado y las instituciones educativas para responder a las necesidades del mercado laboral.

Por otro lado, planteamos la importancia de reforzar las políticas activas de empleo existentes y diseñar nuevas medidas que promuevan un acceso equitativo e inclusivo a las oportunidades laborales. Esto incluye la implementación de servicios de asesoramiento y orientación laboral, el diseño de programas de empleo inclusivo, y el establecimiento de incentivos para empresas que promuevan la contratación equitativa y la creación de entornos laborales inclusivos.

Además, destacamos la necesidad de impulsar políticas de empleo juvenil que reduzcan las desigualdades presentes en el mercado laboral, especialmente aquellas relacionadas con la primera experiencia laboral y las disparidades de género. Esto implica el establecimiento de programas formales que faciliten la transición de los jóvenes del ámbito educativo al mercado laboral, el desarrollo de programas de formación que incluyan habilidades blandas y técnicas, así como la implementación de incentivos para la contratación de jóvenes.

Asimismo, enfatizamos la importancia de examinar críticamente las diversas formas de tercerización llevadas a cabo por entidades estatales, con el objetivo de revertir situaciones de precarización laboral y de escaso valor añadido por parte de las empresas intermediarias. Esto implica la revisión y regulación de contratos de tercerización, la promoción de la contratación directa por parte de entidades estatales, así como el establecimiento de estándares laborales claros en los contratos de tercerización.

También es de resaltar el papel fundamental de la negociación colectiva y las políticas laborales en general, en conjunto con las políticas de desarrollo, para asegurar que los beneficios del aumento de la productividad se distribuyan equitativamente en la sociedad y contribuyan a la reducción de la desigualdad. Esto implica el fortalecimiento de la negociación colectiva, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones empresariales, así como la implementación de políticas de desarrollo que promuevan la formación continua de los trabajadores.

Además, proponemos fomentar un sistema tributario y de protección social que garantice los mismos derechos para todas las personas, independientemente del tipo de empleo que tengan. Esto incluye la implementación de reformas fiscales, el establecimiento de un sistema de protección social universal, y la promoción de incentivos fiscales para empleadores que ofrezcan condiciones laborales equitativas y beneficios sociales a sus empleados.

Al mismo tiempo, planteamos la necesidad de implementar políticas que promuevan la equidad de género en el ámbito laboral con el objetivo de lograr la autonomía económica de las mujeres. Esto implica la implementación de legislación y políticas de igualdad salarial, el fomento del emprendimiento femenino, así como la promoción de la flexibilidad laboral y el acceso a la educación y capacitación para las mujeres.

Es de destacar la importancia de fortalecer el Sistema de Cuidados mediante la certificación de competencias para cuidadores y cuidadoras, la regulación del trabajo de quienes se dedican al cuidado, la promoción del reconocimiento del valor del cuidado, y la corresponsabilidad entre el Estado y las empresas para abordar los desafíos relacionados con la conciliación entre la vida personal y laboral.

Las acciones prioritarias propuestas para el desarrollo laboral sostenible abarcan diversas áreas, desde la creación de empleo de calidad y el fomento de la productividad, hasta la promoción de la equidad de género y el fortalecimiento del Sistema de Cuidados. Estas propuestas buscan abordar los desafíos actuales del mercado laboral y contribuir a la construcción de sociedades más inclusivas, equitativas y sostenibles. La implementación de estas acciones requerirá la colaboración y el compromiso de diversos actores, incluyendo  el gobierno, las empresas, los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Solo a través de un esfuerzo conjunto y coordinado podremos avanzar hacia un futuro laboral más justo y próspero para todos.