Como ya nos tiene acostumbrados, la primera reacción del gobierno ante la crisis del agua potable que sacude al país, fue intentar trasladar la responsabilidad de la situación al anterior gobierno del Frente Amplio, “que no hizo las inversiones imprescindibles” y “demostró una imprevisión imperdonable tras 15 años de gestión”.

Sin duda, una nueva instancia en su chicana política del “yo no fui”, del “no tengo nada que ver”, que caracteriza el accionar de esta administración “lacallista”. Administración que, bueno es recordar, se comprometió con bombos y platillos en la campaña electoral a “hacerse cargo” de la gestión de gobernar.

No obstante, a medida que la información se ha ido desarrollando, que los antecedentes fueron recobrando actualidad y los hechos y circunstancias comienzan a procesarse ahora en la dimensión de su contexto global e histórico, la sociedad fue “rememorizando” que esta preocupación por la creciente demanda en cantidad y calidad del agua potable para el área metropolitana, ha sido una constante para todos los gobiernos —cualquiera fuera su signo— desde los años setenta hasta nuestros días.

Un reciente informe del diario El Observador sobre el tema recuerda que, durante el segundo mandato del doctor Julio María Sanguinetti, OSE ya anunciaba que con fondos del BID se estaba “estudiando la posibilidad de construir otra planta” para atender la demanda del “Sistema Montevideo”, porque “la actual fuente de agua potable sólo resultará suficiente hasta el 2020”. Las opciones entonces propuestas fueron dos: construir una presa en el río Santa Lucía, en la zona de Casupá, o tomar agua del Río de la Plata y construir una planta desalinizadora. Como es notorio, las mismas dos que hoy están sobre el tapete político. “La consultoría se hizo, pero las obras no”, agrega el informe, porque “no se alcanzó la voluntad política imprescindible”; no obstante, continúa la nota de prensa, “la planta en Arazatí fue incluida en el presupuesto de 2002 del gobierno” coaligado de Jorge Batlle y Lacalle Herrera, aunque “sin financiamiento, por lo que no se realizó”.

Durante los gobiernos del Frente Amplio, y en ocasión de la inauguración de varias obras que mejoraron la infraestructura y el modelo tecnológico en la planta potabilizadora de OSE, el entonces presidente de la República, José Mujica, y el coyuntural presidente del ente, Milton Machado, también coincidían en “la importancia de disponer de una fuente alternativa” de abastecimiento de agua potable para la población metropolitana. En tal sentido trascendió el anuncio de que se estaba trabajando en los pliegos para “licitar los estudios de las nuevas represas en Casupá y El Soldado junto al desvío del Arroyo Canelón Grande”, proyectos que demandarían una “inversión de más de 250 millones de dólares”. La obra, considerada estratégica para OSE, solucionaría “los problemas de abastecimiento hasta 2045, y permitiría extender el suministro 60 días más de lo actual en caso de sequías intensas”.

Machado, sin embargo, insistía en las dificultades financieras del ente para obras de tal envergadura. La mayoría de “las obras de ese porte que realiza el organismo se financian con préstamos de entes internacionales”, y aún en tales condiciones “no es seguro que pueda financiarse la obra por la cantidad de compromisos de ese tipo que OSE ya tiene asumidos”. Otras soluciones sugeridas, como “la construcción de un acueducto o “la desalinización” triplican o cuadruplican la inversión y las hacen inviables”, señalaba el jerarca.

En noviembre de 2014, se anunciaba la firma de un convenio de cooperación técnica entre OSE y la CAF (Corporación Andina de Fomento), cuyo objetivo era la elaboración de los estudios para realizar el Proyecto Básico de la Presa Arroyo Casupá. Con esos recursos no reembolsables, por un importe de 1,35 millones euros, OSE se encargaría de elaborar el anteproyecto y los documentos de la licitación que requerirá la obra. Posteriormente, en marzo de 2016, se anuncia el llamado a “Licitación Pública Internacional para la contratación de servicios de consultoría, con la finalidad de elaborar los estudios, proyecto básico y documentos de la licitación para la posterior construcción de la presa del Arroyo Casupá, destinada a aumentar las reservas de agua para la ciudad de Montevideo y Area Metropolitana”. La adjudicación correspondió a la empresa Typsa-Engecorps.

Durante su segundo mandato, el presidente Vázquez ubica el tema del agua —en especial en lo que hace al volumen y contaminación de la cuenca del Santa Lucía— como una de las prioridades del gobierno, y señala: “Un ejemplo es la tarea que realizaremos con la cuenca del río Santa Lucía a efectos de preservar dicha cuenca como fuente de agua potable, como factor productivo, como destino turístico y también como rica expresión de biodiversidad”. Entre otras medidas adoptadas, Vázquez exige un informe bimestral de la situación ambiental, al tiempo que conforma una red de alcaldes de la cuenca, para el análisis y búsqueda de posibles soluciones. Asimismo, redirecciona recursos inicialmente destinados a otros fines, para “privilegiar obras de OSE destinadas a mejorar la calidad del agua que el ente suministra a la población”, previéndose un inversión para el quinquenio superior a los 100 millones de dólares por año.

Durante los quince años de gobiernos frenteamplistas la inversión total de OSE fue de 1.300 millones de dólares. Entre las realizaciones alcanzadas, se cuentan, entre otras, la Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes, la sexta Línea de Bombeo, Plantas Potabilizadoras en Treinta y Tres y Durazno, así como la rehabilitación de la Planta de agua potable de Paysandú. Se invirtió en los filtros y obras de la Usina Laguna del Sauce, la sustitución de tuberías y obras de Reducción de Agua no Contabilizada (RANC). También en localidades comerciales que pasaron de 361 en 2008, a 427 en 2019 y en el desarrollo de los sistemas PPLER (para pequeñas localidades y escuelas rurales) que pasaron de 1 a 312. Las inversiones en saneamiento pasaron de 6,4 millones de dólares por año a 37 millones anuales, con un total del período 2005-2019 de 558 millones de dólares. Las conexiones a la red crecieron de 190 mil a 356 mil (87%) al tiempo que se agregaron 20 nuevas plantas de tratamiento en localidades del interior del país.

Para culminar, en diciembre de 2019, con la entrega en mano, por parte del saliente presidente Tabaré Vázquez, al electo presidente Lacalle Pou, del Proyecto de construcción de la Represa de Casupá, para su continuidad como Política de Estado. Lejos de representar una “simple carpeta”, como intentó caricaturizar Lacalle Pou, se trata de un proyecto estructurado, con estudios de prefactibilidad ya realizados, avances importantes en el Proyecto Ejecutivo, proyectos de expropiaciones en curso, los recursos crediticios para la inversión ya aprobados por la CAF, y el cronograma de obras definido con propuesta de iniciación en mayo de 2021.

De allí en más, como en el juego del truco —que tanto entusiasma al señor Presidente— y como el oficialismo en pleno se apura a remarcar, la mano estuvo del lado del gobierno. Por ello, no bastó con que el actual presidente de OSE, Raúl Montero, afirmara a comienzos de su gestión que estaba “decidido a seguir adelante” con el proyecto heredado de la administración anterior. “Apuntamos a concretar la represa de Casupá”, señaló Montero, “cuyo financiamiento se encuentra encaminado con la CAF”, a la espera del “aval político del nuevo equipo económico y de la OPP”. “Tenemos la obligación de pensar en Casupá porque la falta de reserva de agua es preocupante”, remarcaría el jerarca de OSE, en julio de aquel mismo año 2020.

Y no bastó, porque ya la opción del nuevo gobierno estaba definida y corría por otro carril. Un instructivo de la OPP, a comienzos de la gestión, opuesto a cualquier nuevo endeudamiento y fijando pautas de inversión inferiores al promedio de las ejecutadas en el quinquenio anterior, fueron el verdadero palo en la rueda, insalvable para las proyecciones comprometidas por el presidente de OSE. Que no lo exime, por cierto, de su responsabilidad jerárquica en el manejo de la actual crisis en el suministro de agua a la población, en tanto este aspecto transcurre por otro andarivel de su gestión.

Al mismo tiempo, las tarifas públicas (entre ellas al consumo de agua) se aumentaban y contribuían al júbilo de la ministra Azucena Arbeleche que celebraba el ingreso de 400 millones de dólares adicionales a las arcas del fisco.

En octubre de 2020, un renovado proyecto Arazatí (rebautizado ahora Neptuno) presentado por un colectivo de empresas privadas, subyugó al equipo de gobierno y, aun cuando resultará ser tres veces más oneroso que el ya encaminado por el anterior gobierno, terminó por desplazar al proyecto Casupá.

En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales –que republicanamente respetamos, defendemos y acatamos— y en contexto con su reiteradamente invocada “libertad responsable”, el presidente Lacalle Pou y su equipo definieron dejar de lado el proyecto largamente trabajado por anteriores administraciones, y volcarse a esta nueva propuesta, tal vez más acorde a sus afinidades ideológicas y fundamentos económicos.

Atrás, quedaba el temor de una posible inminente sequía. Total, como sostenía algún importante miembro del equipo de gobierno: “Ustedes viven asustando con que se viene la sequía, se viene la sequía…pero al final, ¡siempre llueve!”.